Un expediente judicial que nació con la espectacularidad del allanamiento al histórico Café de los Angelitos, se potenció porque entre los imputados estaba el ex futbolista de Boca Juniors Mauricio “Chicho” Serna y tuvo la frutilla del postre al irrumpir en escena la viuda y un hijo de Pablo Escobar Gaviria, también está a punto de derrumbarse por una razón de tres palabras: era una truchada. Detrás de eso aparece la protección del negocio de los peajes de la empresa Autopistas del Sol, propiedad de la familia Macri, en el acceso norte a la Ciudad de Buenos Aires. Hay una causa judicial por eso, pero Comodoro Py finge demencia y mira distraído como perro que volcó la olla.
Tiempo ya lo había adelantado. El 12 de enero de 2020, con la firma de Ricardo Ragendorfer, este diario publicó la denuncia del abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet, acusado de lavar dinero de traficantes de drogas colombianos. Pero no fue hasta ahora que aquella denuncia explotó en Tribunales: la jueza federal María Servini le envió el expediente principal -aquel del supuesto lavado-, a su colega Marcelo Martínez de Giorgi, quien heredó todas las causas por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Lo hizo después de que el Tribunal Oral Federal número dos anulara la elevación a juicio oral que habían impulsado los fiscales de Morón, Sebastián Basso, y de la PROCUNAR, Diego Iglesias. La acusación tenía “múltiples referencias a diversos informes iniciales de la AFI que le dieran sustento en su origen”. Las pruebas de cargo eran, básicamente, documentos falsos o inexistentes
La causa por lavado se inició en 2017. La fecha no es casual: en abril de ese año, los Macri vendieron su participación en Autopistas del Sol. Ese detalle es clave en esta historia.
Los datos sobre los cuales se basó la causa los fraguó quien por entonces era considerado un experto en combate contra los narcos, el falso abogado Marcelo D’Alessio. En rigor, la AFI inició con el número 93.954/2016, una “precausa”, un mecanismo habitual para armar expedientes falsos. Y con información inventada impulsó la causa penal FSM 45/2017, ante el juez federal de Morón Néstor Barral.
Barral hizo un zafarrancho. Más de 30 allanamientos, detenciones, imputaciones por doquier. Todo a partir de esa falsa información.
En 2020, la conducción de la central de inteligencia, ante un pedido de información de la Justicia sobre cómo se había iniciado la “investigación”, respondió: “No obran antecedentes ni informes de la Agencia que den cuenta que en algún momento se realizaron diligencias o averiguaciones en tal sentido [constatar la existencia de una organización narco criminal dedicada al tráfico ilícito y/o contrabando de sustancias estupefacientes con asiento en Colombia, que llevaría adelante actividades vinculadas al lavado de activos en la Argentina], como podría ser alguna comunicación con las autoridades judiciales colombianas que dieran cuenta al menos de algún grado de comprobación del ilícito precedente, sin el cual no se configuraría la figura del lavado”. Todo lo que había eran informes de rutina sobre “el giro comercial ordinario de personas vinculadas entre sí por emprendimientos inmobiliarios de gran envergadura. De esa información no podría concluirse que existen evidencias contundentes que permitan sostener las hipótesis delictuales”.
“Resulta llamativa la falta de toda diligencia investigativa orientada a constatar la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito y/o contrabando de sustancias estupefacientes en Colombia, sin la cual las tareas de investigación realizadas y las conclusiones sostenidas en los informes pierden sustento”.
Si algo faltaba, fue citado a declarar el ex Director de Asuntos Judiciales de la AFI José Padilla, cuya firma rubricaba los documentos que avalaban el inicio de la causa por lavado. El ex espía explicó que el área que confeccionó los informes estaba a cargo de Juan Sebastián De Stéfano, un hombre muy cercano al influyente Daniel Angelici y a la ex número dos de la AFI Silvia Majdalani. De Stéfano es hoy uno de los hombres claves de la conducción del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en la gestión de Ricardo Gil Lavedra.
El ex espía Padilla dijo que su “única función era la remisión del informe y no la confección y/o veracidad del contenido”. Tras revolver toda la AFI, la respuesta fue: “No han sido halladas actuaciones relativas a la investigación referida”. Dicho de otro modo: todo fue un invento.
¿Eso significa que todos los imputados son inocentes? No. Significa que no había nada contra ellos y se lo fabricaron. ¿Por qué? Porque varios de ellos se habían embarcado en un proyecto redituable, útil y necesario: la construcción de una estación ferroviaria en el kilómetro 46 de la Panamericana y un centro de transferencia para pasajeros con un edificio de 920 cocheras. Quienes vienen diariamente desde el norte del Gran Buenos Aires podrían trasladarse hasta allí en sus vehículos, estacionarlos, tomar un tren rápido y confortable hacia sus ocupaciones y regresar por la tarde o noche de la misma manera. ¿Y eso que tenía de malo? Que al menos un millar de autos diariamente dejarían de pagar los peajes de la Panamericana, concesionados a Autopistas del Sol y vendida por cifras astronómicas tras garantizar la extensión del contrato, la suba de las tarifas y que el tren nunca se haría. Así fue: el proyecto quedó trunco y varios de los que lo pensaron e invirtieron en él terminaron presos.
La venta del paquete accionario de Autopistas del Sol por las empresas de los Macri se concretó en abril de 2017. En simultáneo con la causa que metió presos a los que planeaban un emprendimiento que afectaría el cobro de peajes.
Corvo Dolcet fue liberado en febrero de 2018, cuando la venta de las acciones ya se había concretado y el proyecto de la estación de trasbordo había muerto. El abogado denunció a la AFI de Gustavo Arribas, Majdalani y De Stefano por “haber creado un basamento probatorio artificioso a través de los informes de inteligencia presentados en autos, fundamentales para el inicio y suerte del proceso”.
“No cabe la menor duda que la prueba producida en una causa habrá de recaer fatalmente en la otra, puesto que ataca su misma génesis como supuesto producto de una acción persecutoria ilegal, evidenciando una comunidad probatoria insoslayable que aconsejan su investigación conjunta en el sentido apuntado por la parte requirente”, sostuvo la jueza Servini al enviarle el expediente por el supuesto lavado a su colega Martínez de Giorgi. Lo hizo con una recomendación: “Habilitar el análisis integral de la prueba colectada para el esclarecimiento de los hechos denunciados”.
