El encargado de diseñar el Poder Judicial de la era Milei hablará con gobernadores y un sector del PJ parlamentario porque da por descontado el apoyo del PRO. La Corte, otro objetivo.
Si bien el anuncio del envío se concretó recién este miércoles, las versiones sobre la presentación de estos pliegos circulan desde la semana pasada. “Nos atrasamos porque muchos jueces tienen que mandar su CV actualizado, una declaración jurada y otros papeles claves que no nos mandan”, expuso una fuente atenta a las presentaciones en la Cámara Alta.
El viernes pasado, todavía con la resaca de la turbulenta salida de Diana Mondino de la Cancillería, el gobierno dispuso la filtración de un amplio catálogo de candidatos. Desde nombres relacionados al kirchnerismo hasta jueces investigados por apoyar al narcotráfico, la fauna del documento de seis páginas que circuló vía Whatsapp era de lo más variopinta. Lo que ninguna página aclaraba era que aquella lista era apócrifa.
“Hay que pegarle al chancho para que salte el dueño”, se regocijó ante este medio un artífice de la jugada para nada vanguardista. Como ya hicieron en otras oportunidades, en el gobierno avivaron el fuego del rumor de postulaciones claves para alertar a los interesados y que los teléfonos empezaran a sonar. Pese a la poca creatividad, todo marchó acorde al plan.
Esta semana, el asesor superestrella, Santiago Caputo, y el ·»ministro de Justicia blue», Sebastián Amerio, volvieron a abrir instancias de diálogo con todos los sectores. Desde gobernadores aliados hasta senadores opositores, la dupla que cosecha una amistad de más de dos décadas y maneja en los hechos la gestión judicial, se sentó a escuchar cada uno de los reclamos y sugerencias que lanzaron del otro lado del tubo. “Estamos afinando el lápiz”, reconocieron fuentes oficiales ante este medio al tiempo que se mostraron dispuestos a modificar un cuarto de la nómina para contentar a sus otros aliados.
A pesar del trabajo en tándem que mantienen desde el inicio de la gestión, las principales terminales del oficialismo afirman que no hubo ni habrá ninguna instancia de consulta con el PRO. “Tienen siete senadores, ¿para qué vamos a arreglar con ellos?”. La justificación es pragmática. “No podemos perder el tiempo negociando un apoyo con el que ya contamos. Además, la relación con ellos es estrictamente legislativa, no judicial”, razonan.
Del otro lado del mostrador no ocultan su enojo. “Nos están pelotudeando”, dijo sin rodeos un alfil de Mauricio Macri ante este medio. Esta no es la primera vez que el gobierno tensiona al límite la relación con el partido amarillo. Lo mismo ocurrió la semana pasada, cuando el oficialismo se apresuró a anunciar la eliminación de las PASO sin sentarse a dialogar con sus principales aliados. La movida inconsulta enfureció a Cristian Ritondo, mediador designado para aceitar el vínculo gobierno-PRO, y obligó al gobierno a recular en chancletas. “Les avisamos dos días antes, ¿qué más pretenden?”, se defienden con sorna desde un importante despacho.
En el mientras tanto, el oficialismo aún tiene pendiente destrabar la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Para avanzar con el tratamiento en el recinto, ambas postulaciones requieren la firma de nueve senadores que habiliten la discusión dentro de la Cámara, una instancia a la que el gobierno no logra llegar. Según pudo reconstruir este medio, ambos jueces sólo cuentan con el sello de siete legisladores, número maldito que ninguno de los articuladores de la gestión logró, hasta ahora, revertir.
Con este escenario, los cerebros de la administración libertaria creen que la redacción de los nombres que deben ocupar las 150 vacantes podrían funcionar como una instancia de negociación clave para conseguir el apoyo de los bloques provinciales, particulares interesados en los arribos a los juzgados federales. “Estamos dispuestos a cambiar algunos nombres si nos garantizan una mano en la Corte”, reconocen puertas adentro de Casa Rosada.
Pese a no mostrarse nerviosos, en el gobierno saben que tienen los días contados. De no concretarse la aprobación de los dos postulantes, la inevitable salida de Juan Carlos Maqueda el próximo 29 de diciembre -día que cumplirá 75 años- dejará a la Corte compuesta por sólo tres miembros, una instancia de peligroso orden institucional que en el oficialismo no están dispuestos a atravesar, menos a meses del inicio del proceso electoral.
En este marco, la mesa chica empieza a darle lugar al Plan B. “Vamos a analizar cualquier alternativa para que la Corte quede compuesta como corresponde”, reconoció a este medio una fuente oficial. Si bien insisten en que no es su voluntad avanzar en los nombramientos por decreto, ya no es tan vehemente la desmentida ante la consulta sobre la posibilidad de utilizar este método. Tampoco rechazan extender el período de sesiones en diciembre para alcanzar puntos de acuerdo con todos los sectores. “No descartamos nada”, alegan.
A pesar de la falta de tiempo, en Casa Rosada saben que aún cuentan con un as bajo la manga. Este miércoles, la Cámara de Casación inhabilitará a Cristina Fernández de Kirchner a ocupar cargos públicos, una decisión que la ex presidenta apelará y pasará a manos de la Corte Suprema. Los estrategas judiciales del oficialismo entienden que dejar su futuro partidario en manos de un tribunal a medio componer no es un movimiento digno de una jugadora tan estratégica como la ex vice.
Con más esperanzas que certezas, la mesa chica confía que este fallo destrabará las negociaciones en el Senado y se abrirá una nueva instancia de diálogo con el kirchnerismo, que no oculta su descontento con Mansilla ni su visto bueno a Lijo. “Si nos apoyan con esto, podemos empezar a pensar en avanzar con la ampliación de la Corte que tanto quieren en el (Insituto) Patria. Así ganamos todos”, dicen excitados por los pasillos. «
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