El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este miércoles a seis ex policías provinciales por delitos de lesa humanidad cometidos contra 11 personas, en su mayoría militantes del PRT que trabajaban en el frigorífico Nelson.
Esta fue la primera condena para los seis acusados. La pena más alta fue para Guillermo Raúl Chartier, quien era jefe del Departamento de Informaciones (D2) de Santa Fe, donde funcionó el centro clandestino de detención al que fueron llevadas las 11 personas. Fue condenado a 16 años de prisión como autor mediato de los secuestros y tormentos.
El resto de los acusados recibieron penas de entre 6 años y 6 meses de prisión y de 5 años. Estos fueron los ex oficiales del D2 Eduardo Enrique Riuli y Rubén Oscar Insaurralde; el ex comisario de Laguna Paiva, Fernando Sebastián Mendoza, y los ex cabos Antonio Rubén González y Omar Epifanio Molina fueron condenados a 5 años de prisión.
“Estamos conformes ya que todos fueron condenados, ese era el primer objetivo. También porque el relato de los sobrevivientes, que durante muchos años fue tapado, que no eran escuchados, fue reconocido por el Estado a través de la sentencia judicial”, señaló el abogado Federico Pagliero, querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Sin embargo, destacó el “sabor agridulce” que dejó en los sobrevivientes las bajas penas elegidas por el Tribunal y el pedido que realizó el Ministerio Público Fiscal. Durante los alegatos, la querella de la APDH solicitó 25 años de prisión para los 6 imputados pero la fiscalía pidió condenas bastante menores, de 20 años para Chartier y de entre 8 y 6 para el resto.
La causa de Laguna Paiva puso por primera vez en escena judicial la persecución al Partido Revolucionario de los Trabajadores en la zona. La mayoría de las víctimas trabajaban en el frigorífico Nelson, donde habían conformado una agrupación sindical denominada La Lucha, y fueron secuestradas a partir de 1980.
Ese año, los acusados comenzaron con una cacería por toda la provincia para dar con Catalino Páez, máximo referente del PRT, quien se había ido de la ciudad con su familia tras el golpe de Estado de 1976. Lo secuestraron en la localidad bonaerense de Lima, en un campamento de un horno de ladrillos, junto a su mujer, Juana medina, quien estaba embarazada, y su hijo de 14 años.
Para llegar a Catalino, antes secuestraron a su hermana, su cuñado, su hermano, y mantuvieron cautivos o dejaron abandonados a 16 niños, niñas y adolescentes. Estos casos, que no integraron el objeto procesal del juicio, se verán en un segundo juicio que la querella espera que se inicie pronto. “Tenemos claro que esta es una primera elevación de otras que van a venir a raíz de este juicio. Se escucharon nuevos testimonios, de niños y niñas, de familiares que fueron víctimas. Apenas tengamos los fundamentos vamos a apelar las penas y a solicitar nuevas indagatorias, lo que nos puede llevar a un pronto nuevo juicio”, añadió el abogado de la APDH.
El rol social de la sentencia
En la localidad de Laguna Paiva, el excomisario Riuli era la voz del pueblo: al momento de los hechos ya era reconocido como presentador de bailes y eventos y luego se convirtió en conductor de radio y televisión.
“El relato de los hechos que hacían las víctimas siempre fue mirado de reojo por la sociedad paivense, siempre se los trató de ‘tirabombas’, ‘subversivos’, y quien marcaba la verdad de los hechos era el propio represor”, explica Pagliero.
La sentencia puso las cosas en su lugar. “Es por un lado una reivindicación para los sobrevivientes oriundos de esta ciudad y además ahora ya se sabe que en el pueblo vive un genocida. Es un cambio de perspectiva: de la impunidad que tenía Riuli, de poder relatar los hechos que él mismo había conformado, hasta hoy, que se pudo derribar la impunidad en el pueblo”, añadió.
