«Blanqueo y jubilaciones son dos cosas que van juntas, pero son distintas. A los jubilados hay que pagarles lo que les corresponde y por otro lado necesitamos sincerar el sistema fiscal argentino», explicaron a Tiempo desde la Coalición Cívica. El blanqueo de capitales es un tema espinoso para las huestes de Elisa Carrió que cuestionó públicamente el blanqueo de capitales y la posible inclusión de funcionarios públicos en ese beneficio. No obstante, el espacio que lidera la dirigente chaqueña acompañará el proyecto que el macrismo envíe al Congreso. El combo que llegará al Parlamento le facilitará las cosas a los «Lilitos», ya que incluye dos normas que tienen amplio consenso, como el pago a los jubilados y aumentos en la Asignación Universal por Hijo. 

Además, según analizan, hay atenuantes para apoyar el blanqueo. «Hay una circunstancia especial: el 1 de enero de 2017 empezará a regir el sistema de intercambio automático de información financiera en 48 países. Frente a esa novedad, los países tienen que adaptarse a esas medidas porque si no dejarían a muchos ciudadanos en una situación complicada», comentaron desde la CC. 

Desde el gobierno defendieron la medida, incluso la participación de los funcionarios, que podrán traer al país el dinero que tuvieran en el exterior. «Los funcionarios pueden participar, los ex funcionarios también. Hasta cinco años después de pasar por la función pública, tienen que presentar sus declaraciones juradas públicas», comentaron en el PRO.

«El funcionario que decida blanquear guita negra, para que ese blanqueo sea exitoso, tiene que presentarlo en su declaración jurada», agregaron. 

-¿Van a tener que explicar algo sobre el dinero que traigan a la Argentina?, preguntó este diario. «No tendrán que explicar nada, como cualquier otra persona. Pero seguramente van a tener un reclamo social que los otros no van a tener», aclararon. 

Desde la CC analizaron que el blanqueo deberá llegar acompañado de otras modificaciones impositivas, como reajustes de Bienes Personales, algo que forma parte del paquete que Mauricio Macri mandó al parlamento. Carrió había puesto límites al aval que está dispuesta a darle a la iniciativa oficial, al menos en el plano del debate público. La legisladora dijo que sólo estaría de acuerdo con el mecanismo en caso de que «tenga penalidades, un destino específico y que no comprenda a funcionarios públicos y a determinados empresarios que han compartido negocios con el gobierno ni a los testaferros». 

En el kirchnerismo prefirieron recordar las críticas que llovieron desde los partidos que hoy integran el oficialismo. «Eso supone que los 18 millones de pesos que tiene en Bahamas los va a traer», disparó con ironía Héctor Recalde, jefe del bloque del FPV en Diputados. «Me parece trascendente y medio contradictorio que el Presidente diga que es bueno que traigan los dineros que se llevaron afuera porque eso ayuda al país», agregó. «