El gobernador de Jujuy aseguró que hay adoptantes de una "familia importante" para la bebé de la nena de 12 años violada. “Son prácticas violentas y perversas pero en el marco de una democracia, con lo cual quedan más disimuladas”, dice Alicia Lo Giúdice, psicóloga y directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Este lunes, grupos de mujeres repudiaron a Morales con una marcha en la casa de Jujuy en Capital Federal.
Organismos de Mujeres y de DDHH de Jujuy emitieron un comunicado que denuncia que la nena de 12 años “fue usada como incubadora al retrasar, intencionalmente, la interrupción de embarazo, que le correspondía por ley”. Y denunciaron a Morales y su ministro de Salud, Gustavo Bohuid.
«Esa creencia viene de la religión. Indica que hay buenas familias que van a poder educar bien a los hijos, en este caso el de una nena violada que perdió sus derechos”, dice Alicia Lo Giúdice, psicóloga y directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Las declaraciones de Morales generaron rechazo. Pero Lo Giúdce, lo primero que aclara es que hay que diferenciar las prácticas: cuando hay un estado totalitario que implanta el terrorismo de Estado con un método que es secuestrar, desaparecer y apropiar los niños, hay un Estado que está implicado en la entrega de chicos ilegalmente. Pero aclara: “En democracia puede haber métodos que no son tan democráticos”.
“La lógica es esa, que viene de la religión, y que dice que hay buenas familias que saben hacer las cosas y que borran cuál es el origen del chico”, indica la profesional.
Para la psicóloga que desde hace 33 años trabaja junto a las Abuelas, se trata de “prácticas que son violentas y perversas pero en el marco de una democracia, con lo cual queda más disimulada. Y son más aceptadas por la sociedad, que siempre mira para otro lado”.
-¿Hay en esa lógica un pensamiento feudal?
-Si, cuando los dueños se creían dueños de las vidas y de los cuerpos. Puede llegar a aparecer bajo la máscara de la bondad una voluntad de poder.
Esa lógica violenta imperó en la dictadura cívico militar. Una de las fundadoras de Abuelas lo padeció en carne propia. “Que se queden tranquilos que la nena está en manos de una buena familia”, mandó a decir a través de monseñor Picchi, el jefe policial de la Bonaerense, Enrique Rospide, a Licha de La Cuadra. La Abuela recordó ese mensaje en los juicios por la verdad. Era 1977 y la bebé estaba apropiada: Ana Libertad Baratti de la Cuadra, en 2014 y con 37 años conoció su identidad.
“¿Qué es esto de entregarlo a una familia importante? ¿una subasta?”, se alarmó Liliana Louys, directora del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Para Louys todo el caso se trata de “un intento de las personas antiderechos por poner en cuestión lo que son las interrupciones de embarazos en el segundo trimestre”, dijo. Y denunció: “Se usó el cuerpo de la niñita como incubadora. Todo para decir salvamos las dos vidas.
“Lo que han hecho con la niñita es mucho más terrible que la práctica que suena a dictadura. Porque a la niñita le han negado información, le han negado acceso a los equipos de consejería que le hubieran ofrecido todas las opciones, le han inyectado corticoides para apurar el desarrollo de los pulmones (del feto)”, agregó.
“Hay familias importantes y hay familias no importantes. Para unos, todo; para otros, nada. Esa es la política de Gerardo Morales”, agregó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.
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