La Cámara Federal de Casación Penal rechazó durante la feria judicial de verano la excarcelación del bróker marplatense Osvaldo Fabián Parolari, sospechado de haber lavado dinero del matrimonio entre el difunto secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su mujer, Carolina Pochetti.

El fallo abre un nuevo escenario en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Parolari fue detenido el 23 de noviembre de 2018 acusado del delito de “lavado de activos”. Rápidamente pidió ser tenido como “imputado colaborador” y tras algunas idas y venidas, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo lo aceptaron y comenzaron a avanzar en la investigación sobre la base de la información que aportó.

Parolari suponía que saldría en libertad, pero el juez Claudio Bonadio no lo aceptó como arrepentido y sigue preso aún hoy. En un hecho que no registra precedentes conocidos, los fiscales apelaron la decisión del magistrado y le pidieron a la Cámara que acepte el arrepentimiento de Parolari. Esa cuestión (ni siquiera está claro que la denegatoria del régimen del arrepentido sea apelable) se definirá cuando se reanude la actividad judicial, a partir de mañana.

En el entretanto, Bonadio, la Sala Primera de la Cámara Federal y ahora la Casación, con su sala de feria, decidieron que Parolari siga preso. Las apelaciones contra los rechazos sucesivos a su libertad “sólo evidencian una discrepancia con la solución brindada al caso por el juez y por la Alzada”, sostiene el fallo de Casación, el máximo tribunal penal del país. Para los jueces Carlos Mahiques y Daniel Petrone, “la Cámara evaluó correctamente en relación a Osvaldo Fabián Parolari, los riesgos procesales de entorpecimiento en la investigación y peligro de fuga”.

Parolari es un empresario sobre quien no había, hasta noviembre pasado, ninguna imputación. Tanto es así que cuando Bonadio firmó su orden de captura se encontraba de viaje en los Estados Unidos. Volvió y fue detenido. Su nombre aparece sospechado por maniobras de lavado de dinero del entorno del fallecido Daniel Muñoz, a través de la firma Golden Black Limited, radicada en Islas Vírgenes Británicas. La acusación sostiene que  Parolari era uno de los que concurría “al domicilio de Muñoz en Capital Federal, a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal”.

La Casación recordó que el marplatense está acusado por “la posible realización por parte de los imputados de llevar a cabo numerosas transacciones comerciales, -destacándose la constitución de empresas y la compra de inmuebles-para colocar en circulación en el mercado grandes cantidades de dinero presumiblemente provenientes de un delito, con el fin de aparentar un origen lícito”.

El proceso –añade la resolución- “se encuentra en una etapa trascendental en cuanto a las medidas urgentes que se están llevando a cabo, tendientes a la recolección de la prueba, caracterizado además por una compleja investigación que se halla en plena sustanciación, cuyo alcance no puede aún limitarse, provocando la fundamental necesidad de extremar en este momento los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarea”.

En consideración a que las maniobras de lavado de activos revisten una extrema dificultad para lograr identificar y recuperar las sumas dinerarias involucradas, no puede descartarse que en esta etapa preliminar, el encausado tenga a su disposición la posibilidad de extraer del ámbito jurisdiccional los bienes producto del ilícito”, justificaron la denegatoria de la excarcelación.

En disidencia, la jueza Ana María Figueroa se había inclinado por abrir el recurso y analizarlo, pero primó la postura mayoritaria que lo declaró “inadmisible”.