La urgencia por los hechos de violencia en Rosario aceleraron el consenso de los legisladores santafesinos de todas las bancadas. Qué otros proyectos se tratarán el próximo miércoles.
La sesión especial fue convocada para las 11 de la mañana, y además del proyecto para agilizar las causas contra el narcotráfico en Santa Fe incluye otras iniciativas. Se crearían 50 cargos: 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; 9 defensorías y 6 juzgados federales, 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión.
La urgencia por la sanción de la ley le permitió al oficialismo poder contar con los números para la convocatoria, ya que cuenta con el apoyo para el quórum de los diputados santafesinos de todos los bloques políticos.
La iniciativa, que ya obtuvo dictamen semanas atrás en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, obtuvo ayer la firma de casi la totalidad de los integrantes de la comisión de presupuesto. Tras recibir el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley, Carlos Heller explicó en la comisión que “tomando los salarios de los 50 cargos, se generaría un costo de 1.564 millones anuales de pesos y las contribuciones al Estado serían de 456 millones”.
“Cubrir los 50 cargos sería un total de 1.108 millones de pesos, es decir un 0,006 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y 0,2 del crédito asignado al Presupuesto 2023 para el Poder Judicial en su conjunto”, agregó al tiempo que consideró que “cerca del 95 por ciento de los cargos adicionales son de personal”.
Además, se incluye la iniciativa que propone la creación de la figura el Régimen Simplificado y Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, también conocido como Mono-Tech. El proyecto apunta a que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera cuenta con dictamen suscripto por el oficialismo, pero Juntos por el Cambio no firmó ese despacho por reclamar en cambio debatir una reforma integral del monotributo.
También se incorporaron dos proyectos de consenso como la reforma de la Ley 22.990 de Sangre Humana y la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, que tuvo dictamen el pasado 26 de enero, y ya cuenta con media sanción del Senado.
En cuanto a Rossi, volverá a estar en el recinto de la Cámara Baja pero para cumplir con lo que dispone el artículo 101 de la Constitución nacional. El funcionario fue diputado nacional y jefe del bloque Frente para la Victoria hasta el año 2019. Luego, cuando Alberto Fernández asumió como presidente pasó al Ejecutivo en la función de Ministro de Defensa. Las preguntas que responderá ya han sido enviadas por los diputados de todas las bancadas durante las últimas semanas.
Con la nueva composición de las bancas y tras la fractura del Frente de Todos, en la Cámara Alta tanto Juntos por el Cambio como el interbloque que lidera la cordobesa Alejandra Vigo y los cuatro peronistas díscolos buscan avanzar en una sesión. La idea es unificar el pedido para el próximo 30 de marzo. En el oficialismo habrá reunión de bloque el lunes para dirimir la postura.
La intención de los opositores es un temario que incluye una serie de pliegos judiciales pendientes, entre ellos tres para cubrir vacantes en Rosario, aquejada por la violencia narco; y la denominada “Ley Lucio”, sobre un plan federal de capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes, inspirada en el caso de Lucio Dupuy.
Ambas cuestiones formaban parte de un temario tentativo que la semana pasada el jefe del oficialismo, José Mayans, había conversado con sus pares de JxC Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni. Incluso se barajó la misma fecha para ir al recinto. En caso de negociar con Unidad Federal, y teniendo asistencia perfecta, ambas bancadas opositoras pueden llegar a reunir 38 presentes, uno por arriba del número necesario para el quórum.
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