Las pistas de siempre y las respuestas que no llegan nunca

Cuando faltaban cinco días para que se cumplieran quince años de su segunda desaparición, Jorge Julio López volvió a denunciar a sus verdugos. Lo hizo desde la ausencia, cuando se proyectó su declaración de 2006 en el juicio a Julio César Garachico, uno de los muchos torturadores del Circuito Camps a los que señaló con nombre y apellido. Mientras sus palabras siguen contribuyendo al arduo proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de la última dictadura cívico-militar, sigue sin haber una respuesta sobre qué hicieron con él aquel 18 de septiembre de 2006, cuando se convirtió en el único ex detenido-desaparecido que volvió a desaparecer.

López había declarado el 28 de junio de ese año en el primer juicio que comenzó luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tenía en el banquillo de los acusados a Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado luego a prisión perpetua por sus crímenes “en el marco de un genocidio”. Un día antes de esa sentencia, cuando era el turno de los alegatos, López desapareció. Se sabe que tenía muchas ganas de estar en la audiencia y verle la cara al genocida, pero nunca llegó. Fue visto esa mañana caminando en un radio cercano a su casa, donde la puerta no fue forzada. El último testigo lo vio frente a la casa de Susana Gopar, una policía que figuraba en la agenda de Etchecolatz. El dato forma parte de una de las pistas inconclusas que acumulan años en una causa judicial que crece sin demasiadas novedades.

Nacido en General Villegas en 1929, trabajador en tambos y plantaciones antes de convertirse en albañil en Los Hornos, López militó allí en una unidad básica del peronismo montonero. Doblaba en edad a la mayoría de las y los jóvenes que participaban de ese espacio, al que llevaba a sus hijos los fines de semana y donde aportaba lo que sabía para reparar veredas y otras mejoras en ese barrio de la periferia platense. Secuestrado el 27 de octubre de 1976, pasó por distintos centros clandestinos del Circuito Camps y luego fue legalizado como preso político y liberado en 1979.

Durante largos años, guardó silencio. En su casa no se hablaba de lo que había vivido en cautiverio. El encuentro fortuito con un compañero de militancia lo impulsó a empezar a poner en palabras lo que había visto y sufrido. Así contó, por ejemplo, sobre los fusilamientos que había presenciado en Arana. Con sigilo, ante una familia temerosa, fue incrementando su participación militante hasta declarar primero en 1999 en un Juicio por la Verdad y luego en 2006, en el emblemático juicio a Etchecolatz. Sus denuncias podían seguir en otros procesos, algo que la desaparición en democracia truncó a medias: la proyección de su testimonio en nuevos debates contra represores continúa de alguna manera lo que él había decidido comenzar.

Cruces telefónicos, geolocalizaciones y cuerpos NN

Después de un largo derrotero, el juez de la causa es Ernesto Kreplak. Pero la instrucción de la causa FLP 509/2008, caratulada «López, Jorge Julio s/desaparición forzada de persona», está delegada desde 2009 en la Unidad Fiscal creada para intervenir en los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado -y conexos- en la jurisdicción de La Plata. Desde agosto de 2018, su coordinador es el fiscal general Hernán Schapiro. El año pasado se incorporó su par Gonzalo Miranda. Ambos comandan la investigación, centrada especialmente en dos legajos que forman parte de una causa de dimensiones inmensas: el 10 y el 53.

El legajo 10 apunta a identificar cuerpos NN posteriores a 2006 para cotejarlos con los datos de López. Desde la fiscalía indicaron a este diario que recién este año se logró –a partir del trabajo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU)- la digitalización de 128 libros de inhumaciones en el cementerio de La Plata. Esta semana se entregó el informe sobre los puntos a trabajar: hay más de 50 cuerpos que cotejar. Sólo en esa jurisdicción. Además, se recaba información de todas las morgues del país. “Todo eso lo procesa el SIFEBU, que también lo usa para buscar a un montón de personas más. Esa línea insume mucho trabajo, pero es una línea que no se puede dejar de explorar”, plantearon. A esa labor se sumó en el último tiempo el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El legajo 53, en tanto, tiene que ver con una de las grandes cuentas pendientes en torno a la investigación desde la segunda desaparición de López. Recién ahora se logró sistematizar el universo de cruces de llamadas y geolocalizaciones en torno al testigo en las fechas cercanas a la desaparición. “Fue bastante complejo porque con el correr de los años fue cambiando el software que se usaba para procesar esos datos. Llegaron a 10 millones los registros que se llegaron a procesar”, comentaron desde la fiscalía. “Le pedimos colaboración al laboratorio de comunicaciones la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. Ellos tomaron las viejas bases de datos y pudieron cargarlas en un software propio y después de más de un año de trabajo –iniciado en diciembre de 2019- lo entregaron hace poco a la fiscalía”. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que ya había formado parte de la causa en los primeros años, volvió a intervenir (en febrero último) y se encuentra analizando esa red inmensa.

Esos datos incluyen las comunicaciones mantenidas por López en aquellos días, así como por quienes hablaron con él y todas las comunicaciones que activaron la antena que recepta el domicilio de López en Los Hornos. El rastreo de llamadas y ubicaciones se hizo también sobre “las personas sospechadas en cada una de las hipótesis vigentes” y sus interlocutores frecuentes. Desde la fiscalía afirmaron que “siempre se trabajó con las hipótesis de las personas que podrían haber perpetrado un atentado contra López teniendo en cuenta que los perjudicó con su testimonio, más las que podía llegar a perjudicar” con nuevas declaraciones, como los penitenciarios acusados en un juicio que se avecinaba cuando desapareció. Una de esas pistas tiene más fuerza que las otras, pero “para no perjudicar la investigación” el dato se mantiene a resguardo. Es el mismo al que se apuntaba en el informe de fiscalía de 2019. Este año no habrá tal informe.

Parece redundante señalarlo, pero en esas líneas de hipótesis hay desde el principio elementos que conducen a Etchecolatz y su entorno, así como a penitenciarios bonaerenses de la dictadura y otras personas a las que López mencionó en su testimonio. Nombres hay muchos: identificó a una veintena de represores de la Brigada de Investigaciones, de los campos de Arana, de Comisaría 5ta, de Comisaría 8va y de Unidad 9 como Manuel Aguiar, Carlos Roberto Urcola, Carlos Ramón Gomez, Luis Raúl Ponce, Raúl Muñoz, Héctor Alberto Herrera, Tránsito Gigena, Oscar Acosta, Antonio Vargas, José Alfredo Orellana, Julio César Pasquale y Ángel Trotta. De hecho, varios de los nombres que dio en su declaración de 2006, y que estaban libres por entonces, fueron luego detenidos y condenados en el marco de otras causas por delitos de lesa humanidad. Como Garachico.

Los otros juicios

Julio César Garachico, el torturador al que ahora se juzga por distintas víctimas –entre ellas, López- vivía en 2006 en Puerto Madryn y era el gerente del casino Punto y Banca. Luego de la desaparición de López, un diario local iba a revelar que lo habían mencionado como parte del “grupo de los picaneadores”. Ese día, Garachico dejó la ciudad y se le perdió el rastro.

Fueron los abogados de López quienes lo ubicaron en Mar del Plata, algo que ni la Justicia ni las fuerzas de seguridad habían logrado hacer. Ahora, desde la prisión domiciliaria, enfrenta un nuevo juicio en su contra por crímenes de la dictadura. Si intervino en la desaparición de López en democracia, la Justicia aún no lo probó.

“Es como una muestra de cuánto nos cuesta hacer justicia y de las cosas que hemos tenido que atravesar como movimiento de Derechos Humanos para llegar a esto. Garachico, un tipo al que tuvimos que localizar nosotros a partir de la segunda desaparición. Es impactante. Esto surge de los policías que nombra López, pero sólo llega Garachico a juicio. Había muchos otros”, señala Guadalupe Godoy, una de las abogadas de López y quien se puso al hombro la búsqueda de respuestas tras la segunda desaparición.

Así como se logró, tras largos años de espera, dar inicio al juicio a Garachico, está pronto a comenzar otro vinculado a López. El que juzga a los penitenciarios de Marcos Paz que fraguaron información cuando la Justicia fue en busca de pruebas en la primera etapa tras la desaparición del testigo. Entre otras cosas, alteraron los registros de quienes ingresaron a visitar a represores presos, que podrían haber estado involucrados en el caso.

De todos modos, será solo un juicio correccional (que llevará adelante Alberto Osvaldo Recondo, titular del Juzgado Federal n.° 4 de La Plata). Los acusados afrontan únicamente la posibilidad de una pena de multa. “Porque lo que se juzga es una violación a los reglamentos internos de la cárcel por no haber constatado correctamente las visitas. La fiscalía intentó impulsar varias veces el tema de las llamadas, porque Etchecolatz no hablaba del teléfono oficial sino de otros, pero eso nunca prosperó y lo único que quedó firme son las irregularidades en el registro de visitas”, explicaron. Sobre todas las pruebas que se puedan haber ocultado allí, tampoco habrá mayores respuestas.

Un pedido de alcance internacional

Ante la falta de respuestas a nivel local, hace siete años la querella de Justicia Ya La Plata llevó la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exigir la intervención de la Corte internacional ante un caso que “inauguró la figura del ex detenido desaparecido que ha vuelto a desaparecer”. En el marco del aniversario número 15, desde ese espacio expresaron su rechazo a la “solución amistosa con el Estado” por parte de esa entidad, y reclamaron “que se eleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“La denuncia solicitó se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso Jorge Julio López”, plantearon desde Justicia Ya, y denunciaron que “durante estos 15 años de impunidad en el caso los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, con sus gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, el de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal y el de Alberto Fernández con Axel Kicillof, nunca impulsaron políticas concretas que permitieran el avance en la investigación. Ellos, junto a los distintos jueces que pasearon la causa, primero en la justicia provincial y luego la federal, construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad”.

En febrero de 2018 recibieron una primera respuesta de la Comisión Interamericana, que planteó “iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa”. El colectivo recordó que “el macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes”.

MEMORIA COLECTIVA

El juicio a Etchecolatz en 2006 fue el primero en comenzar tras la anulación de las leyes de impunidad. Tal era su importancia, y en ese marco fue desaparecido un sobreviviente, testigo y querellante. No hay otro caso igual. Al cumplirse 15 años de aquel proceso, las prosecretarías de Derechos Humanos de la UNLP y de la FAHCE-UNLP -en el marco del Programa de Apoyo a Juicios- y la Comisión Provincial por la Memoria lanzaron una iniciativa para construir un archivo colectivo de memorias de aquella experiencia, atravesada por la desaparición de López. Fotos, videos y relatos de esas jornadas pueden enviarse a fuegenocidio@comisionporlamemoria.org