Ex funcionario de la dictadura y actual integrante de la Sociedad Rural, tiene vínculos directos con altísimos funcionarios del gobierno nacional. Su turbia relación, y la de su familia, con la estructura sindical del Momo Venegas a través de una ONG.
Pero David Lacroze Ayerza es mucho más que un pasado oscuro como funcionario en la última dictadura. Su familia tiene un presente activo con el actual gobierno nacional, a través de la ONG Conciencia que lidera su hija, Magdalena Lacroze Sánchez Elía. La ONG Conciencia nació en 1982 y sus vínculos con el establishment son históricos. En sus principios fundacionales, asegura ser “a partidaria”, y dice estar en contra del trabajo infantil, pero es administrada por una “familia Patricia” con fuertes relaciones con el empresariado tabacalero y la estructura armada por el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas. Esta ONG posee 29 sedes en todo el país y es proveedora del gobierno de la Ciudad de bajo la razón social Asociación Conciencia, N° de CUIT 30-61406600-30.
Con el patrocinio de empresas trasnacionales como Pepsico, Bayer, SC Johnson, Pampa Energía, HSBC, Telefónica, Shell, Banco Comafi, Banco Galicia, Ford y Loma Negra; cuenta con casi 50 programas que basan su estructura en la educación y la participación de los jóvenes en otros ámbitos. A la lista de los grandes patrocinadores se le suman Massalin Particulares y la Embajada de los Estados Unidos, entre otros.
David Lacroze Ayerza concentra sus negocios en el Grupo Lacroze. Dueño, entre otras empresas, del Grupo ZED Agronegocios, con tierras que superan las 100 mil hectáreas desplegadas en el país y en Uruguay; Cereales Maggiolo; Control Unión Argentina SA y La Magdalena SA.
A través la ONG Conciencia mantiene vínculos con los principales referentes del Ejecutivo nacional. Además de “Beby” Lacroze, David Lacroze Ayerza, es padre de Félix Lacroze Sánchez Elía, quien hasta diciembre de 2018 se desempeñó como subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación e integra actualmente el Consejo Asesor de la ONG. Una de las hermanas de “Beby”, Lucrecia Lacroze Sánchez Elía, mantgiene una activa participación en la organización y es esposa de Emilio Basavilbaso, el actual director de la ANSES.
Estos lazos políticos con el PRO no comenzaron con Mauricio Macri en el sillón de Rivadavia sino mucho tiempo antes: hasta 2011, Lía Rueda era la presidenta de Conciencia, y ese mismo año asumió como legisladora PRO de la Ciudad de Buenos Aires. En 2016 fue designada presidenta de la Comisión de Vivienda, fue vicepresidenta 1ª de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la legislatura porteña y hoy es legisladora porteña por el PRO y preside la Comisión de Vivienda.
En noviembre de 2016, desde SUTEBA denunciaron que Vidal firmó la Resolución 63/16 que, bajo el amparo de cumplir con el articulado de la Ley Provincial de Educación, habilita a la Asociación Conciencia a ocupar el lugar que debería ocupar el Estado en tanto garante del Derecho Social a la Educación en aspectos tan sustanciales como el de la infraestructura escolar. Esta resolución permite que la ONG Conciencia realice, desde el año pasado, un diagnóstico de las necesidades edilicias y la construcción de un proyecto de mejoras en cientos de colegios bonaerenses. Pero a la vez tiene la facultad de ejecutar cursos y talleres de trabajo como: taller de mamás, de espacio creativo; un curso de bordado, tejido y costura; y un taller donde resaltan el espacio físico de la Iglesia para la escucha de los problemas familiares.
Junto a la empresa Massalin Particulares de Philip Morris International y el Municipio de Tigre realiza desde 2008 un programa de becas llamado Tigre Educa. De esta manera, más de 400 jóvenes por año reciben ayudas económicas para solventar sus estudios en el CUT, Centro Universitario de Tigre, que tiene convenios con más de 60 carreras de gestión privada: Universidad de Belgrano, Universidad Abierta Interamericana, la Universidad de Morón e ISALUD.
Conciencia tiene fuertes vínculos con la estructura sindical de Gerónimo “Momo” Venegas, fallecido en 2017. Desde 2003 trabajan de manera conjunta en diferentes actividades con las empresas más representativas del sector tabacalero, que tienen en su haber denuncias por alrededor de 1400 casos de trata y trabajo infantil. Entre algunos convenios recientes -que exceden la intromisión en la currícula educativa- se incluye el firmado en 2016 con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, del Frente Renovador, que alcanza a 15 establecimientos educativos ubicados en los municipios de San Pedro, San Antonio y San Vicente. Otro, en junio de 2016, rubricado por Conciencia y los ministerios de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Agro y Producción, de Trabajo y Empleo de la provincia de Misiones, que suma a Philip Morris Internacional a través de su filial en Argentina Massalin Particulares SRL. Este convenio incluye a la Escuela 373 Sandra Andrea Dumke de Colonia Primavera, de la localidad de El Soberbio, en el marco del programa que la ONG llamada PORVENIR NEA, extiende a 15 mil niños y niñas, adolescentes y alumnos de escuelas rurales e hijos de productores tabacaleros, de 145 colegios de las zonas de Comandante Andresito, San Antonio, Bernardo de Irigoyen, San Pedro y San Vicente.
Según Protectora, organización de defensa del consumidor, se calcula que las tabacaleras se ahorran casi 1200 millones de dólares al año gracias a la explotación de niños, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud desaconseja las alianzas entre asociaciones como Conciencia y las empresas del sector y propone “en la medida de lo posible reglamentar las actividades que la industria tabacalera describe como ´socialmente responsables´”, porque desconfía del sector. Dice al respecto: “La industria lleva a cabo estas actividades para alejar su imagen de la naturaleza letal del producto que produce y vende, o para interferir en la aplicación de políticas de salud pública”.
En la provincia de Mendoza una de las escuelas de El Algarrobal trabaja articuladamente con Conciencia a través del programa Proniño18. La diputada nacional por la provincia, Soledad Sosa (Frente de Izquierda), advirtió a Tiempo, que “en 2016 hay estadísticas aportadas desde el gobierno que se hicieron con la participación de las docentes de la zona de El Algarrobal, donde informaron que alrededor del 25 y 30% de niños de 5 a 15 años realizan tareas en los hornos de ladrillos, y principalmente tienen la función de recopilar los ladrillos, cargar los camiones, mantener el fuego encendido, etc.”
A finales de 2013, la UATRE se reunió con funcionarios de la cartera de Trabajo y las cámaras que nuclean a las empresas del tabaco, para delinear las adecuaciones del registro de nuevos trabajadores. La homologación de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial para la actividad tabacalera de las provincias de Jujuy y Salta fue firmada el 19 de diciembre de ese mismo año, pero, con “la vista gorda de Venegas, gran parte de los artículos que lo integran no se respetaron, en especial el apartado 5”, que detalla: “deberán registrar las altas, bajas y/o modificaciones de datos de sus trabajadores dependientes, en el Sistema de Simplificación Registral, de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N° 2.988”, explicó una ex funcionaria de la cartera laboral. No es casual que este párrafo haya sido prácticamente ignorado por el empresariado y por quienes tienen la obligación de representar a los trabajadores, pues si cumplía con ese artículo, “el Estado podía tener una mejor posición para controlar el trabajo infantil y el trabajo golondrina”, agregó.
La ONG en cuestión, cada tanto, realiza ciclos de “reflexión” sobre el trabajo infantil, con quienes precisamente están sospechados de incentivar, hacer caso omiso y/o ser parte de esta problemática. Tal es el caso de las jornadas que integran la UATRE, las tabacaleras, el Círculo Argentino de Periodistas Agrarios y Conciencia, donde se alude como única razón de la explotación laboral infantil a la situación socio-cultural de las familias que obligan a sus hijos a trabajar.
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