El primer aniversario de la llegada de Alberto Fernández al poder activó los tiempos electorales en Juntos por el Cambio. Horas después del primer aniversario de la última asunción presidencial, la cúpula del PRO acordó concentrar la munición gruesa de sus críticas en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y atemperar los dardos para el resto del peronismo por una razón estratégica: seducir a una parte de ese electorado apenas arranque el 2020. Así como el macrismo intentará, una vez más, acercarse al sector del peronismo que es crítico del kirchnerismo, el socio menor de la alianza opositora reforzará el contacto con el núcleo más duro de sus votantes.
El gesto elegido fue el pedido de juicio político que presentaron los diputados del bloque de la Coalición Cívica contra la vicepresidenta y titular del Senado «por las causales de mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones». El disparador fue su última carta, donde «acusó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dirigir el proceso de lawfare y al Poder Judicial de ser «ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno”, aseguraron desde el bloque.
“Las críticas habituales de la Vicepresidente a la Justicia se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática, un atentado contra el orden institucional. Configuran el mal desempeño de la vicepresidenta que preside el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte”, justificaron en un comunicado.
El juicio político es el mecanismo que establece la Constitución para la remoción del presidente, el vice, el jefe de Gabinete, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema. Está a cargo del Congreso y la acusación es ejercida por la Cámara de Diputados con los dos tercios de los presentes. El conglomerado opositor no cuenta con ese número y la iniciativa sólo es sostenida por el bloque que ahora conduce Juan Manuel López, en reemplazo de Maximiliano Ferraro, que continuará como presidente del partido fundado por Carrió. De ese modo Lilita mantiene el control de la fuerza con dos personas de su máxima confianza para transitar un año electoral donde reclamará una mayor presencia en el armado de listas de todo el país.
En ese proceso se inserta el pedido de juicio político contra CFK que, por ahora, sólo cuenta con la firma de los 14 escaños de la Coalición Cívica, dentro de un interbloque que suma 115 voluntades. «Estaría bueno que se sumen el PRO y la UCR a nuestro pedido, pero no tiene nada que ver con el cambio de autoridades de nuestro bloque. Es una idea de Carrió impulsada por todo nuestro espacio», contestaron a Tiempo desde el entorno de la exdiputada. En los otros dos socios de Juntos por el Cambio hay divergencias sobre la utilidad de un pedido de juicio político cuando no reúnen ni el apoyo de todo el interbloque que preside el radical Mario Negri junto al macrista Cristian Ritondo.
Apenas los lilitos anunciaron la presentación, la Mesa Nacional de Cambiemos sacó un comunicado para repudiar la última comunicación pública de CFK, preparada para hacer un balance del primer año de la presidencia de Fernández. La Coalición Cívica fue más allá y lanzó el pedido de juicio político, junto a una reaparición de Carrió en los medios para amplificar sus críticas contra la titular del Senado. Lejos de la banca que ocupó durante más de dos décadas, la dirigente oriunda del Chaco buscará jugar como una gran electora en los comicios del año que viene.
Su apuesta a profundizar la polarización con el kirchnerismo tiene puntos de contacto con el PRO y también con el radicalismo, pero en los dos partidos mayoritarios de la alianza también se despiertan interrogantes sobre su eficacia. Ambas fuerzas necesitan retener a su núcleo más duro, pero también quieren interpelar a indecisos y tratar de recuperar a una parte de votantes que se espantó de la gestión de Macri y votó al peronismo. En esa lógica la ofensiva contra CFK les permite hablarle a sus seguidores más fervientes, pero también está pensada para terciar dentro de la interna del peronismo, casi la misma estrategia que utilizó Cambiemos en las elecciones de 2015.
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El gesto elegido fue el pedido de juicio político que presentaron los diputados del bloque de la Coalición Cívica contra la vicepresidenta y titular del Senado «por las causales de mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones». El disparador fue su última carta, donde «acusó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dirigir el proceso de lawfare y al Poder Judicial de ser «ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno”, aseguraron desde el bloque.
“Las críticas habituales de la Vicepresidente a la Justicia se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática, un atentado contra el orden institucional. Configuran el mal desempeño de la vicepresidenta que preside el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte”, justificaron en un comunicado.
El juicio político es el mecanismo que establece la Constitución para la remoción del presidente, el vice, el jefe de Gabinete, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema. Está a cargo del Congreso y la acusación es ejercida por la Cámara de Diputados con los dos tercios de los presentes. El conglomerado opositor no cuenta con ese número y la iniciativa sólo es sostenida por el bloque que ahora conduce Juan Manuel López, en reemplazo de Maximiliano Ferraro, que continuará como presidente del partido fundado por Carrió. De ese modo Lilita mantiene el control de la fuerza con dos personas de su máxima confianza para transitar un año electoral donde reclamará una mayor presencia en el armado de listas de todo el país.
En ese proceso se inserta el pedido de juicio político contra CFK que, por ahora, sólo cuenta con la firma de los 14 escaños de la Coalición Cívica, dentro de un interbloque que suma 115 voluntades. «Estaría bueno que se sumen el PRO y la UCR a nuestro pedido, pero no tiene nada que ver con el cambio de autoridades de nuestro bloque. Es una idea de Carrió impulsada por todo nuestro espacio», contestaron a Tiempo desde el entorno de la exdiputada. En los otros dos socios de Juntos por el Cambio hay divergencias sobre la utilidad de un pedido de juicio político cuando no reúnen ni el apoyo de todo el interbloque que preside el radical Mario Negri junto al macrista Cristian Ritondo.
Apenas los lilitos anunciaron la presentación, la Mesa Nacional de Cambiemos sacó un comunicado para repudiar la última comunicación pública de CFK, preparada para hacer un balance del primer año de la presidencia de Fernández. La Coalición Cívica fue más allá y lanzó el pedido de juicio político, junto a una reaparición de Carrió en los medios para amplificar sus críticas contra la titular del Senado. Lejos de la banca que ocupó durante más de dos décadas, la dirigente oriunda del Chaco buscará jugar como una gran electora en los comicios del año que viene.
Su apuesta a profundizar la polarización con el kirchnerismo tiene puntos de contacto con el PRO y también con el radicalismo, pero en los dos partidos mayoritarios de la alianza también se despiertan interrogantes sobre su eficacia. Ambas fuerzas necesitan retener a su núcleo más duro, pero también quieren interpelar a indecisos y tratar de recuperar a una parte de votantes que se espantó de la gestión de Macri y votó al peronismo. En esa lógica la ofensiva contra CFK les permite hablarle a sus seguidores más fervientes, pero también está pensada para terciar dentro de la interna del peronismo, casi la misma estrategia que utilizó Cambiemos en las elecciones de 2015.
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