Organizaciones de productores campesinos advierten las consecuencias que tendrá el decreto 888/24, en un contexto de freno para otras políticas públicas que impactan directamente en el ambiente, las comunidades originarias y de pequeños agricultores.
En diálogo con Tiempo Rural, responsables del área de bosques y territorio del MNCI-ST denuncian que esta medida atenta contra “una herramienta muy concreta de defensa de los territorios campesinos”. Destacan que desde la implementación de la Ley N° 26.331, sancionada en 2007, consiguieron un reconocimiento por parte del Estado y lograron visibilizar que el bosque nativo “tiene un valor que está asociado a la resistencia para poder seguir estando en el territorio”.
Para el movimiento campesino de Mendoza, integrante de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), el monte es el hábitat de las familias que les permite producir y conservar la fauna nativa, pero viene siendo “desmontado por el avance de la frontera agrícola con el monocultivo de soja”. Desde la organización subrayan lo que ocurrió en la provincia de Córdoba, donde “en 2016, cuando fue la última información oficial recopilada, el modelo del agronegocio generó que los desmontes pasaran del 16% del territorio en la zona de la cuenca de Salinas Grandes, al 43%”. Ese avance del desmonte fue en su mayoría sobre territorios campesinos, generando “el momento de mayor cantidad de desalojos de familias y comunidades campesinas en el arco noroeste de la provincia”.
A pesar que el Ministerio de Economía, por intermedio del decreto 888/2024, justificó esta eliminación, organizaciones de productores campesinos denuncian que el Fondo Fiduciario de la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque) les permitió llevar adelante proyectos que han contribuido a la conservación, restauración, protección y al manejo sustentable de los bosques nativos. Remarcan que “tenemos casos concretos de gente que volvió a vivir al campo porque recibió un dinero importante el primer año, pudieron volver a hacer un pozo de agua que se les había colapsado, y de esa forma lograron que ese territorio vuelva a producir”.
El decreto se enmarca en “una política que atenta contra quienes defienden los bosques como territorios campesinos y para el desarrollo la cultura de los modos de vida campesina”, declaran en la organización mendocina.
El Fobosque tiene como objetivo asegurar el financiamiento de las actividades que permitan la protección de los ecosistemas forestales y de su fauna, financiar acciones que consientan la recuperación de zonas de bosques que han sido desmontadas y apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida en los territorios. Es un fideicomiso creado en 2018 por la ley 27.431- La norma fijó que las partidas presupuestarias “no podrán ser inferiores al 0,3%” del total y se componen del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, además de préstamos y subsidios otorgados por organismos nacionales e Internacionales.
Según el proyecto de Presupuesto 2025 que presentó el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, hay una partida de 9090 millones de pesos para el fideicomiso y 909,09 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
Desde el MNCI-ST analizan que ésta no es la primera medida que avanza sobre las comunidades campesinas indígenas sino que “toda la legislación que regula el relevamiento de las comunidades indígenas está frenada, se desarmó la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina que implicó quedar sin asesoramiento técnico y sin posibilidad de presentar proyectos productivos”. Enmarcan la eliminación del Fobosque en “un retroceso general que no escapa a los otros retrocesos que estamos viviendo como sociedad en otros sectores”. Denuncian que la estrategia de eliminación del Fondo “sigue con la línea de que el Estado no tiene por qué defender los bosques, que si tienen algún valor para el capitalismo, el capitalismo los va a defender”.
Para enfrentar este panorama, los movimientos campesinos están articulando medidas con organizaciones ambientales, colectivos territoriales y brigadas combatientes que colaboran en la mitigación de los incendios forestales. A su vez, destacan la alianza que vienen desarrollando con las universidades públicas: “no solo para pensar instancias de movilización en las calles, sino también en el armado de un equipo jurídico que se encuentra analizando todas las demandas relacionadas con amparos y aquellos recursos legales que sean necesario realizar para denunciar esta medida que viola el principio de no regresión ambiental”.
Esta denuncia se suma a la realizada por diferentes fundaciones, asociaciones civiles ambientalistas y organismos provinciales relacionados al medio ambiente, que advierten que esta medida “deja a los bosques más vulnerables al desmonte y a los incendios”.
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