Punteros PRO: el cambio viene con aprietes y crimen

La revolución de la alegría había prometido, entre tantas cosas, desplazar al sistema tradicional de “punteros” como herramienta para garantizar la presencia en los territorios. Sin embargo, indiferente a su compromiso electoral, el gobierno de Cambiemos se vale de las viejas (y más feroces) prácticas de la actividad partidaria para imponerse en los barrios: aprietes, robos y, en los casos más extremos, asesinatos.

“Los punteros del PRO se adueñaron de varios departamentos de la zona, amedrentando a los verdaderos propietarios o aprovechándose de personas discapacitadas para desalojarlos y usurpar sus viviendas. Esta gente también organizó una banda de chicos y jóvenes, a quienes les enseñaron a delinquir, les dieron armas, chalecos antibalas y todo financiado con el dinero del gobierno”, denuncia Rosa Ortega, presidenta de la junta vecinal del barrio Fátima, en el barrio porteño de Villa Soldati.

Rosa, que también es fundadora del Refugio de Mujeres Unidas en Acción, fue testigo de la conformación de la cooperativa Sol Naciente, un desprendimiento del Movimiento Social Nuevo Soldati, “administrado” por Fabián Baigorria, Miguel Zárate, apodado «Mono», y Marcelo Salinas, nombrado por todos «McFly» en homenaje al personaje de Volver al futuro.

“Los tres dicen que trabajan para la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, pero tienen la desfachatez de robar acá y en otros barrios de la zona, como Los Pinos, Ramón Carrillo o Los Piletones. Varios vecinos radicamos denuncias pero nadie hace nada. Se manejan como narcos”, se queja Rosa.

Baigorria suele presentarse como delegado de la UOCRA y se jacta de tener contactos en el Instituto de Vivienda de la Ciudad. También es el que ordena pintar todos los paredones del barrio con el logo de Nuevo Soldati. Zárate y Salinas, en cambio, le prestan más atención al cobro de “peajes” a las empresas que llegan al barrio para realizar obras. Sin financiamiento es imposible poner en marcha la maquinaria de los punteros.

Maribel Gayosa llegó de Paraguay en 2005. Tardó casi diez años en instalarse definitivamente en La Esperanza, el barrio precario pegado a Los Piletones, donde compró una casa gracias a su trabajo como empleada doméstica y al de su marido, tapicero. Maribel le da de comer y merendar a unos cien vecinos (de los 500 que tiene Esperanza) tres veces por semana, pero su misión la enfrenta con los intereses de la familia Osuna, punteros embanderados convenientemente en el macrismo.

En 2015, gracias a su pertenencia a la Corriente Villera Independiente, Maribel había logrado seis puestos de trabajo para sus vecinas, que debían recoger la basura puerta por puerta y dejarla en un punto de Los Piletones. “Como nuestro barrio no tiene cooperativas, le pedimos prestado a Miguel Osuna el nombre de Asociación Civil La Paz. Firmamos los papeles frente a funcionarios, todo legal. Sin embargo, ellos se quedaban con 1800 pesos de los 3800 que ellas tenían que cobrar.” La mujer remarca que hizo la denuncia, pero lo único que consiguió fue que sus vecinas perdieran sus trabajos. Las mismas chicas habían sido acosadas sexualmente a cambio de mantener las fuentes laborales.

Todo empeoró a principios de este año, cuando Maribel logró a través del Ministerio de Trabajo, 60 puestos del Programa de Trabajo Autogestionado. “Ahí empezó de nuevo la guerra, porque cada chica tiene su tarjeta, cobra entre 4000 y 5000 pesos, y no es necesaria la conformación de una cooperativa. Los punteros sintieron que les estaba tocando el bolsillo”, explica.

“El único que acá da trabajo es el Estado y lo hace a través de tres entes: Espacio Público, Corporación Sur y la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS). Los convenios se los bajan sólo al marido de Margarita Barrientos, Isidro Antúnez, y a Miguel Osuna. Ellos se reparten los negocios y funcionan como socios”, señala a Tiempo Mónica Ruejas, presidenta de la Junta Vecinal de Los Piletones.

El domingo 22 de enero, a las siete de la tarde, los Osuna y su patota intentaron disciplinar a un vecino disidente y ponerlo como ejemplo de lo que pasaría si se los desafía. Bernardo Vera fue asesinado a golpes por estacionar su auto en un lugar donde le molestaba a un allegado de los punteros. Por el crimen, fue detenido Rafael Osuna. Sin embargo, la familia de Vera, que hoy cuenta con custodia, sigue sufriendo amenazas a diario.

Al mejor postor

Varias fuentes consultadas coincidieron en que el macrismo multiplicó la experiencia de Los Piletones en casi todos los barrios vulnerables de la Capital, aliándose con punteros al servicio del mejor postor. Tibiamente, por ahora, la modalidad se expande por el Conurbano, histórico territorio del PJ.

Leonardo Urrejola, referente de Libres del Sur, revela lo que ocurre en Quilmes: “La estructura del intendente Martiniano Molina es muy limitada. Tras las PASO, cuando ya veían que el PJ no ganaba, muchos de sus punteros empezaron a pasarse. Fueron comprados. Para el balotage, ya fiscalizaban para Macri.”

Oscar Torales, conocido por sus vecinos del asentamiento IAPI como Tito, es un ejemplo de este traspaso. “Antes era un duro que respondía a Francisco ‘Barba’ Gutiérrez. Ahora Molina lo puso al frente del Centro Integrador Comunitario de su barrio, que está todo sucio. Los únicos cooperativistas que están trabajando son los nuestros”, dice Urrejola y argumenta: “Está armando cooperativas y nos quiere sacar gente. A los nuestros les dice que si se pasan y le dejan 800 pesos, no hace falta que vayan a trabajar.”

Uno de los líderes de Libres del Sur a nivel nacional, Jorge «Huevo» Ceballos, analiza que “la estructura de punteros del PRO en la provincia de Buenos Aires es incipiente, aunque en los hechos depende del PJ o del Frente para la Victoria en cada uno de esos distritos del Conurbano. En el caso de la Ciudad, donde llevan varios años de gestión, tienen un esquema más consolidado, que es más propicio para que se confunda lo privado con lo público en la distribución de bienes o prebendas.”

“Eso explica –concluye Ceballos– el resultado electoral que obtuvo el macrismo en ese distrito, que tiene muchas similitudes con el menemismo. Un gran porcentaje en Zona Norte, los sectores acomodados, y también en la Zona Sur, la más humilde. Tiene que ver con la utilización de una estructura de subsidios.” «

Ataque a cuchilladas y una estafa con viviendas en La Boca

El 4 de mayo del año pasado, durante una asamblea el Consejo Consultivo de la Comuna 4, una patota del PRO atacó a vecinos de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya que pretendían discutir la venta de los terrenos de Casa Amarilla al club Boca Juniors para la construcción de un estadio shopping. Matías Scinica, de la Agrupación Boca es Pueblo, fue apuñalado en el cuello. Y Fernando Abal Medina recibió una paliza que podía haberlo matado por salir a buscar una ambulancia.

Las cámaras que estaban en el lugar permitieron identificar a Rodolfo Corzo (foto), hijo homónimo de un empleado del gobierno de la Ciudad, como el autor del cuchillazo. Sin embargo, los jueces decidieron dejarlo en libertad, pese a estar prófugo cuatro meses, hasta el juicio oral.

Menos suerte tuvo otro “servidor” del PRO del mismo barrio. El ex policía Fabián Bento será enviado a juicio acusado de ser el jefe de una organización que, durante al menos un año y cinco meses, se dedicó indiscriminadamente a perpetrar defraudaciones con provecho económico mediante el ofrecimiento de falsos planes de viviendas que presuntamente eran promovidos por un organismo público.

Entre noviembre de 2013 y abril de 2015, Bento y sus cómplices defraudaron a un grupo de personas –en su mayoría empleados de Metrovías– que, en la falsa creencia de ingresar a un plan de adjudicación de viviendas construidas por el IVC porteño, les entregaron sumas de entre 20 mil y 190 mil pesos.

Acá Estamos, la militancia rentada

“Acá estamos” es la leyenda que tienen en el centro las pecheras azules, muy similares a las que llevaba La Cámpora en tiempos en que los militantes de la agrupación kirchnerista trabajaban de manera voluntaria en barrios vulnerables o auxiliando a vecinos que habían sufrido inundaciones. Quienes hoy las portan son los jóvenes rentados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para desplegar su presencia por los barrios más postergados.

Según publicó días atrás el diario La Nación, este programa estatal cuenta con 215 trabajadores, de entre 18 y 30 años, que cobran un promedio de 8000 pesos mensuales. Están distribuidos en zonas vulnerables de 77 distritos en tres provincias: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde deberán recabar información de la población que luego se volcaría en políticas públicas, por ejemplo: la cantidad de niños en situación de calle, las mujeres embarazadas y las personas que sufren adicciones.

El programa Acá Estamos depende de la Subsecretaría Nacional de Juventud, que conduce Pedro «Piter» Robledo. A través de estos militantes pagos, se busca en teoría desplazar a los viejos punteros del PJ, eternos intermediarios entre las necesidades y el Estado.