La decisión del juez federal Julián Ercolini es por la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación.
Diez días antes de las elecciones de medio término, el juez firmó uno de los fallos más esperados para el gobierno, quien tiene apuntada a Gils Carbó desde mucho antes de que Mauricio Macri asumiera como presidente de la Nación.
Tanto Alejandra Gils Carbó como Guillermo Bellingi, en miras de que cuanto menos Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill obtuvieran un beneficio, se interesaron directamente, aprovechándose asimismo de personas interpuestas y también mediante la simulación de una licitación pública, en la compraventa del edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, sostiene el fallo. Bellingi es un funcionario actualmente suspendido en sus funciones recomendado por sus aptitudes por organismos indubitados de transparencia; los otros dos, intermediarios en una operación inmobiliaria que, según el juez, estuvo amañada y predirigida.
Gils Carbó comenzó a pensar en cómo beneficiar a los demás desde antes incluso de asumir el cargo, según se desprende de las 211 páginas del fallo. ¿La procuradora se benefició personalmente con esa operación? Del fallo se desprende que no, porque en ese caso la imputación hubiera sido mucho más grave. Entonces, desde antes de asumir, según Ercolini, armó una compleja ingeniería para beneficiar a terceros con quienes ni siquiera mantenía una relación anterior que pudiera haber sido probada en el expediente.
Otro elemento que llevó a Ercolini a sospechar de la jefa de los fiscales es que no se recibió de arquitecta. Gils Carbó, como procuradora general de la Nación, no podía pedir la incorporación de condiciones tan precisas sobre el inmueble a adquirir, ya que lo referido a la determinación de las especificaciones técnicas necesarias para convocar a una licitación conformaba una labor que correspondía realizar a la Secretaría General de Administración junto con la Sección Arquitectura que le dependía.
Para Ercolini, quien siguió un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, afirmó que se encuentra acreditado que Gils Carbó y Guillermo Alfredo Bellingi, en su condición de funcionarios públicos, con la intervención dolosa de Adrián Marcelo González Fischer, Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, se interesaron directamente, aprovechándose asimismo de personas interpuestas y también mediante la simulación deliberada de una licitación pública, en la compraventa del edificio.
La cuantiosa prueba reunida en esta causa permite tener acreditado el accionar desarrollado por Alejandra Magdalena Gils Carbó y Guillermo Alfredo Bellingi conforme al plan que idearan, previo acuerdo con ejecutivos de Arfinsa Argentina Financiera S.A. en particular con Adrián González Fischer, en forma directa o a través de intermediaros, para que el Ministerio Público Fiscal le adquiriera directamente el inmueble ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la simulación engañosa de una licitación pública. Con dicha maniobra, además, se generó un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que en contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional, añade el fallo.
La resolución enumera cronológicamente el inicio de la maniobra: – Entre los días 15 y 17 de julio de 2012 se produjo un intercambio de mensajes de texto entre la línea de telefonía celular 116462****, de titularidad de Alejandra Gils Carbó, y el abonado 113607****, correspondiente a Arfinsa Argentina Financiera S.A. – El día 29 de agosto de 2012 asumió Alejandra Gils Carbó el cargo de procuradora general de la Nación. – El día 12 de septiembre de 2012 Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa Urquiza constituyeron Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. – El día 26 de septiembre de 2012 la Sra. procuradora general de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó designó a Guillermo Alfredo Bellingi con el cargo de subdirector general para desempeñar funciones como coordinador dentro del área de la Secretaría General de Administración pero bajo su dependencia directa.
Gils Carbó apelará el procesamiento, pero sus argumentos serán tratados por la Cámara Federal después de los comicios del próximo 22 de octubre.
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