Preocupados por el Estado de Derecho, abogados presentaron Iniciativa Justicia

Por: Martín Piqué

La organización se lanzó en la facultad de derecho de la UBA. El rol político de Comodoro Py, el abuso de las prisiones preventivas y las garantías constitucionales fueron algunos de los ejes de la "clase abierta".

Con el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA atestada por abogados, estudiantes y neófitos preocupados por la situación del Poder Judicial, este jueves se presentó en sociedad la organización civil Iniciativa Justicia. Se trata de una entidad que agrupa a juristas, catedráticos y profesionales de la abogacía muy conocidos en los Tribunales y que tienen en común un mismo diagnóstico: la certeza de que en la Argentina no se respetan las garantías constitucionales  y los procesos judiciales. En esta primera “clase abierta”, los expositores fueron los letrados Carlos Beraldi, Maximiliano Rusconi, Graciana Peñafort, Daniel Llermanos y Martín Arias Duval.

(Foto: Mariano Espinosa)

Durante las dos horas que duró la conferencia, los cinco abogados se las ingeniaron para colar humor en medio de descripciones muy sombrías y definiciones igual de duras. Las críticas estuvieron dirigidas en buena medida a los jueces y fiscales del fuero federal: el famoso Comodoro Py. De hecho, Peñafort llegó a comparar cada visita a los Tribunales de Retiro como “el ingreso al infierno del Dante”.

Otro rasgo común de los disertantes es su defensa de notorios representantes de la oposición, tanto del kirchnerismo como del movimiento obrero, pero también de empresarios de reconocida sintonía ideológica con el FpV. “Esto no es un acto político sino una actividad académica. Lo que vamos a hacer un análisis metodológico de un problema”, arrancó Beraldi, abogado defensor de Cristina Fernández.

Tras esa aclaración un tanto solemne, el profesor adjunto en la cátedra Derecho Penal y Criminología sorprendió con un chiste que fue largamente festejado. “Quédense tranquilos que no les vamos a pedir que saquen una hoja y mucho menos que saquen cuadernos”, comentó entre risas y aplausos. Fue la primera ironía en relación al caso que se inició a partir de las fotocopias de las supuestas anotaciones del chofer Oscar Centeno.

El aula magna de Derecho es muy amplia. Tiene paredes celestes y molduras de madera en tonalidad caoba. Al estrado lo corona un cuadro monumental que fue donado por las Abuelas de Plaza de Mayo (‘Mater-materia’, del artista mexicano Daniel Manrique). Entre ese entorno formal se habían congregado  personalidades de la academia: desde el micrófono se agradeció la presencia de Julio Maier, titular de la cátedra de Derecho Penal y Criminología. En las primeras filas se vio a la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FpV).

(Foto: Mariano Espinosa)

El primero en desarrollar su planteo fue Rusconi, a quien sus pares presentaron informalmente por el nombre de pila (“Maxi”). “Quiero denunciar un problema gravísimo. Así como hay que declarar la emergencia social o alimentaria, yo hablaría hoy de emergencia judicial en la Argentina. Hay peligro para el Estado de Derecho”, lanzó. Enseguida enumeró lo que consideró graves incumplimientos e irregularidades cometidas sistemáticamente por los jueces federales: el no cumplimiento de la garantía del juicio previo; el doble juzgamiento por el mismo hecho; la utilización permanente de la prisión preventiva como mecanismo para ‘ablandar’ a quienes están detenidos o a sus familiares. “Cuando una persona no goza de libertad no puede defenderse, porque está preso. Por lo tanto, sólo el fiscal puede recolectar pruebas mientras que la defensa no”, cuestionó.

Rusconi también citó un libro famoso entre los abogados, La lucha por el Derecho, de Rudolf Von Ihering: enseguida exhortó a los presentes a comprometerse en la lucha por las garantías y los principios constitucionales. “El fin del Derecho es la paz pero para conseguirlo hay que luchar”, alentó. Luego fue el turno de Peñafort. La abogada nacida en San Juan puso el eje en la violación del artículo 18 de la Constitución, aquel que sostiene: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.

Peñafort, que tuvo un rol muy renombrado durante el debate por la ley de Medios, no sólo se refirió a la situación de los ex funcionarios del kirchnerismo. También subrayó que en la Argentina seis de cada diez detenidos “no tienen condena firme”. “El mensaje punitivista se ha hecho carne en el Poder Judicial, que ha dejado de practicar Justicia y se ha dedicado a otra cosa: a hacer política y a ejercer su venganza”, cuestionó. “Están ordenando prisiones preventivas que no son legítimas, ni razonables, ni proporcionales ni tampoco legales. Incluso están amenazando con detener a los hijos (de los encarcelados), sin importarles si son culpables o no: eso es una nueva forma de tortura”, agregó luego.

Defender la Constitución. ¿Revival de 1983?

(Foto: Mariano Espinosa)

Penalista muy cercano al gremialista Hugo Moyano, Llermanos planteó que uno de los objetivos de Iniciativa Justicia es motorizar una corriente de opinión pública que vigile y controle lo que están haciendo los jueces de Comodoro Py. “Tienen que saber que profesores de la magnitud de los que pueblan esta sala (por el aula magna de Derecho de la UBA) los están observando”, advirtió Llermanos. El orden de las ponencias siguió con Arias Duval. El ex director de Migraciones expuso cuánto habían cambiado los tiempos al recordar un libro que que solía recomendar el ex camarista Andrés D’Alessio, integrante de la Cámara Federal porteña que juzgó a las Junta de comandantes de la dictadura. D’Alessio falleció en 2009. “¿Cómo se puede honrar a la memoria de ese gran profesor que decía que había que confiar en los jueces?”, se preguntó Arias Duval en voz alta.

(Foto: Mariano Espinosa)

A cargo del cierre, Beraldi desechó las críticas que quisieron minimizar el lanzamiento de Iniciativa Justicia al catalogarlo como una mera coordinación de “abogados K”. Un espacio kirchnerista que, según esa visión, se propondría reemplazar a lo que supo ser Justicia Legítima. “No me importa si me dicen o no K, o si me ponen otra letra. Estoy muy orgulloso de estar en esta batalla. Estamos defendiendo el Estado de Derecho, remarcó Beraldi entre aplausos.

El abogado de CFK resaltó la importancia de la soberanía popular en el cuidado de la democracia. “Al próximo presidente de la Argentina no lo van a elegir los jueces de Comodoro Py. Lo va a elegir la gente”, advirtió en lo que fue uno de los momentos más aplaudidos de la clase abierta.

Antes de despedirse, Beraldi retomó una tradición de la campaña presidencial de Raúl Alfonsín en 1983. Leyó el preámbulo de la Constitución y, ya con los asistentes de pie, consideró que esas palabras resumían “la empresa colectiva” que habrá que encarar en el tiempo que viene.

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