Especialistas consultados por Tiempo aseguran que en el país hay una red estatal que, con el marco legal adecuado, puede fortalecer la producción alternativa y fijar precios testigo.
El escenario muestra que en Argentina hay marcas que venden entre tres y cuatro veces más caro un medicamento con el mismo principio activo, sobre todo los de mayor circulación, que no son novedades terapéuticas, y que están en el mercado desde hace mucho tiempo. Según un estudio del Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR), se verifica que las marcas más conocidas son las más usadas, las que más se recetan y las que más aumentan. Los medicamentos con prescripción médica más usados, muchos de ellos para enfermedades crónicas, aumentaron por sobre la inflación con picos de hasta un 86 por ciento. Estos datos no responden a una situación coyuntural sino que se enmarcan dentro de una continuidad histórica que muestra un gran desbalance en el mercado. Según el director del CEPROFAR, Rubén Sajem, durante todos los gobiernos los medicamentos aumentan por encima de la inflación. “Subieron mucho en los dos últimos años del macrismo. En el 2019, duplicaron a la inflación y todavía más. Tenemos medido un 111% de aumento de los medicamentos más usados para ese año y la inflación fue del 53 por ciento. En ese momento, se habían dejado de usar los medicamentos porque la gente no los podía pagar. Había 80 millones de unidades menos que correspondía a tratamientos caídos. Es decir que no se usaron”, le dijo a este diario.
Ante este estado de situación, la efectiva aplicación de leyes vigentes como la 25.649 de genéricos, que permite elegir el precio que está dispuesta a pagar cada persona por la droga prescripta, o la 26.688, que impulsa la producción pública de medicamentos y el desarrollo científico, se vuelven fundamentales. Los especialistas indican que es de vital importancia fortalecer la red de laboratorios del Estado nacional, provincial, municipal, de las fuerzas armadas y de las universidades de gestión estatal que tiene presencia en todo el país con distintos grados de capacidad y desarrollo. Todos están nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
El sanitarista y exdirector del laboratorio del Ministerio de Defensa y creador del de San Rafael, Jorge Rachid, explicó que los medicamentos son considerados por la Organización Mundial de la Salud como un bien social por lo que deberían tener un precio uniforme y en moneda constante para garantizar la accesibilidad universal. “El medicamento constituye un bien inelástico dentro de la economía, no es un producto que pueda estar sometido a las leyes del mercado. Ante dificultades económicas, uno puede dejar de ir al cine, pero no puede dejar de tomar medicamentos porque significa la muerte. El mercado no puede coexistir con la salud porque el primero es lucro y la segunda, solidaridad”, afirmó. El médico propone que la producción pública asuma su rol no para competir con la industria privada, sino para que se convierta en empresa testigo de precios ante la necesidad de la regulación.
“Los precios son manejados por la Secretaría de Comercio, pero no tiene una división de medicamentos y no utiliza la estructura de costos que tenemos en la producción pública. El Ministerio de Salud tiene intervención ocasional como para sugerir, pero no tiene fuerza ni capacidad de regulación sobre el precio de medicamentos. Ahí existe la principal distorsión de la fragmentación del Ministerio. Porque, además, el organismo que controla qué productos pueden entrar al país es la ANMAT, que es un ente autárquico”, señaló.
Uno de los casos exitosos de producción nacional es el de la empresa del Estado de Santa Fe, Laboratorio Industrial Farmacéutico, que abastece a la salud pública provincial (sobre todo en el nivel primario de atención y en hospitales) y que tiene convenios con el plan REMEDIAR, el Instituto Nacional del Cáncer y la Dirección Nacional de Salud Reproductiva. A fines de octubre, cerró un acuerdo con el Estado Nacional para fabricar 26.990.140 comprimidos de 6 especialidades medicinales para diferentes programas nacionales de distribución gratuita. Es la empresa de gestión estatal que produce misoprostol y cannabis medicional, además de los medicamentos más comunes, a un precio equivalente al 30% del que fijan las grandes marcas en farmacias. Lisandro Zilli, integrante del directorio, sostiene que este tipo de producción genera soberanía sanitaria a bajo costo, con mano de obra calificada que es de la provincia. La empresa tiene 140 empleados y produce más de 110 millones de comprimidos anuales. “Tenemos la premisa de que el medicamento no es una mercancía sino que es un bien social. Trabajamos para hermanos y hermanas de Santa Fe que no disponen de una obra social y que usan el sistema público. Por estatuto, la producción no se puede vender en el mercado privado. Ellos se manejan en otra escala. La producción pública es soberanía sanitaria, sustitución de importación y el hecho de que una provincia pueda contar con un laboratorio público la pone en una escala de independencia con respecto a los requerimientos de los privados que hacen que aumenten los precios. Hay medicamentos que hacemos nosotros a un 30% de lo que lo vende el privado. En el caso puntual del cannabis, estamos en un 25%, es mucha diferencia”, le dijo el bioquímico a este diario.
El expresidente del INTI Enrique Martínez sostuvo que “la lógica de dejar todo como está y simplemente controlar los precios no sirve ni para los medicamentos ni para cualquier otro producto”y que “si no se introducen otros actores, a largo plazo nada cambia”. Para eso, propone fortalecer la red de laboratorios públicos para que también compitan en el mercado con los privados y de esa manera ayudar a que bajen los precios por la competencia que generarían. “Se sigue perdiendo una oportunidad de poner en marcha esa red que podría competir con los grandes consumos, las 30 o 40 especialidades más populares podrían competir con los laboratorios privados ya que los principios activos en general son importados. La India se ha convertido en exportador de principios activos para que laboratorios locales lo formulen. El primer comprador en Argentina es el Estado para el PAMI y los hospitales, ya de entrada se ahorraría un montón de plata. Con una inteligencia y volcando parte de esa producción al mercado, servirían de empresas testigos de control de precios. La forma de controlar a un monopolio es que deje de ser monopolio, que haya alguien que compita con él”, explicó. Además, comparó con la situación en Brasil: “Se puede hacer con un solo laboratorio. Allí estuvieron bregando mucho tiempo con el lobby de fabricantes y comenzó a producir el Estado. La demanda se expandió, pero los sectores pudientes nunca compraron esa producción. Había dos mercados: el de los que no les molestaba pagar más y el de los que no podían comprar nada, que fueron abastecidos por este laboratorio”, explicó .
Regulación, marketing y vademecum público
El relevamiento del Observatorio del CEPROFAR muestra que entre enero y septiembre del 2021, los medicamentos más usados aumentaron en promedio un 45%, mientras que la inflación general fue del 37 por ciento. Esos mismos medicamentos ya habían aumentado un 10% por encima de la inflación a lo largo de 2020. Los productos de venta libre fueron los que más crecieron con picos del 73% y un promedio 45%. En las farmacias, se evidencia que un medicamento con el mismo principio activo se vende hasta casi cuatro veces más caro según la marca. Rubén Sajem sostiene que “los médicos incluyen las marcas en las recetas y la gente compra la más cara”. “Aumentan mucho más los productos que posicionan los laboratorios debido al trabajo de marketing que se hace sobre los médicos. El congelamiento mantiene la foto actual con estas características, lo que hay que introducir es una regulación, hacer públicos los precios de los medicamentos, informar a la gente que tiene opciones más económicas, actuar sobre los médicos para que no recetan marcas. También hacer un vademécum público de precios y uno para las obras sociales. Son mecanismos regulatorios más efectivos porque si no congelás, con el desorden que hay actualmente, donde la gente puede pagar un antihipertensivo 6000 pesos o 1500 pesos, es mucha la diferencia”, explicó. «
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