Borrar huellas, modificar pruebas, pedir medidas que desemboquen en la nada. Los métodos para que el Poder Judicial termine siendo una maquinaria de encubrimiento y no de investigación son a veces más abundantes que los que tiene para la búsqueda de la verdad.
Un ejemplo trágico es la investigación de la causa AMIA. Hay un día y una escena que sintetizan este accionar. El 10 de abril de 1996, el entonces juez federal Juan José Galeano recibió en su despacho de Comodoro Py a Carlos Telleldín, hijo de un policía que desde los 17 años se dedicaba a la compra y venta de autopartes de dudoso origen.
Telleldín, se sabe, estaba acusado de haber sido quien había manipulado la camioneta tráfic que se supone cargaba los explosivos que volaron el edificio de la AMIA en la calle Pasteur matando a 86 personas.
Antes de que Telleldin ingresara en el despacho de Comodoro Py, el juez Galeano, vestido de saco marrón claro y corbata, se paró frente a una biblioteca a pocos pasos de su escritorio. Y montó una cámara escondida entre libros y carpetas apiladas.
El detenido Telleldín-que estuvo en total 10 años en prisión-vestía un buzo blanco. Se sentó frente al juez delante del escritorio. Al fondo se veía un viejo monitor de tubo de una computadora. Hoy podría venderse en un negocio de antigüedades.
Galeano le habló en clave a Telleldín sobre un grupo que quería comprar “un libro” y le extendió un papel. Le dijo que “el grupo” quería saber si él estaría dispuesto a decir sí o no a lo que ahí estaba escrito.
Era una propuesta para que cambiase su declaración y de ese modo involucrar a un grupo de policías bonaerenses en el atentado.
Galeano se tocó la frente con una mano mientras Telledín leía la hoja que el juez le había dado.
Luego, el preso levantó la vista y le pidió 400 mil dólares en total; 350 mil en un banco en el que se puediera hacer un giro a Colonia, Uruguay. Es posible pensar que Telleldín se imaginaba a sí mismo tomando el ferry y cruzando el Río de La Plata, saliendo a la cubierta para mirar el horizonte, con el viento en la cara, soñando con la vida que le esperaba con esa pequeña fortuna.
Ese video, se sabe, salió a la luz y derrumbó todo el camino que había asumido la Causa AMIA hasta ese momento. Es sólo una muestra de hasta dónde el poder judicial de Comodoro Py puede llegar para tapar un crimen.
Ahora, con la decisión de Casación, esa corporación tiene la responsabilidad de investigar una trama de espionaje ilegal y armado de causas durante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir que tiene que investigarse a sí misma porque muchos de sus miembros formaron parte de los delitos. ¿Alguien puede imaginar de lo que serán capaces para taparlo todo?
La Corte Suprema rechazó esta semana revisar una causa armada contra Milagro Sala, conocida como “Causa de las Bombachas”. Se había negado en diciembre de 2020 a rever el amañado juicio con el que se condenó al exvicepresidente Amado Boudou. Con estas decisiones, por sentido corporativo o por lo que fuere, la Corte se suma al plan de encubrimiento del lawfare. «
