Diputados y diputadas de la oposición le reclamaron al fiscal a cargo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim,  que adopte una postura “institucional y jurídica” respecto del reglamento para el uso de armas de fuego dictado por el Ministerio de Seguridad, que establece una virtual legalización del denominado “gatillo fácil”.

A la vez, le pidieron a su superior, el procurador General interino Eduardo Casal, que sobre la base de un eventual pronunciamiento de la Procuvin, emita una instrucción general a para que todos los fiscales federales y nacionales “se abstengan de considerar la Reoslución 956/2018 en los casos en los que se encuentre en discusión el alcance del artículo 34 del Código Penal, de modo tal de que ninguna de las acciones habilitadas por el reglamento puedan entenderse amparadas por la legítima defensa o el cumplimiento de un deber”.

“Este reglamento no solo desconoce de modo franco todos los preceptos de nuestra Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos que cristalizan el respeto por la vida y el trato digno de las personas, sino que contradice abiertamente el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, aprobado por la Asamblea general de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979 y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobados en 1990”, advierte la misiva.

Los firmantes de la carta son los diputados  Agustín Rossi, Leonardo Grosso, Mónica Macha, Nilda Garré, Cristina Álvarez Rodríguez, Adrián Grana, Daniel Arroyo, Lucila De Ponti, Romina del Plá, Victoria Donda, Gabriela Cerruti, Nicolás Del Caño, Nathalia González, Carlos Castagnetto, José Luis Gioja, Horacio Pietragalla Corti, Eduardo De Pedro, entre otros.

El mensaje dirigido a Heim expresa: “Deviene imprescindible que la Procuraduría a su cargo emita un pronunciamiento que, avalado por la experiencia y los conocimientos específicos de ese equipo de trabajo, se erija como referencia para todo el sistema de administración de Justicia penal federal”.

El pedido llega en momentos en que en el ambiente judicial se habla de un inminente vaciamiento de la Procuvín , a partir de la reciente elevación del pliego de Hein, por parte del presidente Mauricio Macri, para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó. Tal vez ante ese dato, los legisladores opositores advierten: “Albergamos la expectativa de que ningún formalismo ni cuestión burocrática impida o postergue la adopción de una postura institucional y jurídica sobre este tema por parte de la Procuraduría a su cargo: Son pocos los actos de gobiernos democráticos que, como en este acaso, avalan de manera tan manifiesta la violencia Institucional”.