Piden la indagatoria de Caputo y Quintana por beneficiarse con ganancias en la negociación con los fondos buitre

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy las indagatorias de funcionarios y ex funcionarios del actual gobierno acusados de haber, desde el Estado, renegociado la deuda con los fondos buitres y, como empresarios, haberse quedado con bonos y letras con suculentas ganancias surgidos como consecuencia de esas negociaciones. Los pedidos de indagatoria abarcan, en concreto, a Luis Caputo, ex secretario de Finanzas Públicas; Santiago Bausili, subsecretario de Finanzas Públicas y Mario Quintana, ex secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete. Pero el contenido del dictamen proyecta sus alcances sobre otros funcionarios actuales y anteriores: Alfonso Prat Gay (ex ministro de Hacienda y Finanzas), Pedro Lacoste (ex viceministro de Hacienda), Vladimir Werning (secretario del viceministro), Marcelo Eugenio Griffi (Secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda), y Eugenio Bruno (Subsecretaría de Legales del Ministerio de Finanzas.

“Surge con claridad una confusión de intereses derivada de una lealtad partida. En efecto, algunos funcionarios públicos tenían compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación. Esos compromisos generan un grado de sospecha sobre su imparcialidad, porque esa historia incidió en algunas de sus decisiones que debieron estar guiadas por el interés general, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores.    

En otros casos, algunos funcionarios aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales en base a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar”, sostiene el dictamen.

Delgado repasó el contexto de la renegociación con los tenedores de bonos que no ingresaron a los dos canjes de deuda que formuló el kirchnerismo, los denominados “holdouts”. El fiscal señaló que una vez que asumió el gobierno de Mauricio Macri fue encarada una forma de solucionar esa cuestión pendiente. “    Como resultado de todo ese proceso se emitieron nuevos títulos de deuda denominados -BONAR- para afrontar el pago de los acuerdos que arribó a los U$S12.500 millones, aunque se elevó a la suma de los U$S16.500 millones”. Para ello se emitieron cuatro tipos de bonos. Y como derivación de ello, surgieron otros elementos financieros para afrontar el pago.

“Los títulos fueron cedidos a bancos extranjeros como garantías para la obtención de fondos externos”, explicó el fiscal. Y enumeró la liquides que obtuvieron los bancos que participaron en la operatoria, cinco mil millones de dólares, en total. El dictamen pone el foco sobre dos de esos bancos: “En lo que aquí interesa, vamos a destacar la intervención del Deutsche Bank y el J.P. Morgan”. El propio Banco Central argentino informó que  “esas operaciones trajeron aparejadas ganancias para los bancos designados, tanto en concepto de comisiones como en el posterior canje de aquellos títulos en el mercado secundario”.

“El 20 de febrero pasado se recibió el informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, donde se muestra la estructura de una determinada cantidad de títulos de deuda pública emitidos por el Estado, por una parte, y por la otra, las tenencias que ciertos funcionarios públicos poseen sobre algunos de esos valores”, subraya el dictamen.

 Es allí donde surge la imputación: “la biografía laboral de los funcionarios representa un elemento central para desentrañar si en los comportamientos investigados surge una negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”.

En especial, sobre Caputo, el documento recuerda que “entre junio y septiembre de 2018 se desempeñó como Presidente del Banco Central de la República. Antes de eso fue designado como Secretario de Finanzas de la Nación en diciembre de 2015, cargo que desempeñó hasta enero de 2017 cuando asumió como Ministro de Finanzas”. Pero “previo a ello, según se pudo reconstruir en la causa, Caputo trabajó en J.P. Morgan Argentina. Allí fue jefe de área de “Trading” de bonos y acciones y tuvo a su cargo el área de “Trading” de América Latina (1994-1998). Deutsche Bank. Desde junio del año 1996 hasta por lo menos el mes de septiembre de 2012, donde llegó hasta el puesto de Presidente de la institución en el país. A su vez, formó parte de las sociedades “LC Advisors” y Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión” desde por lo menos el 2011 hasta el año 2015 -en el último de los casos-. Habría manejado fondos de las siguientes sociedades ‘off shore’: Alto Global Fund, Argentina Fund, Noctua Partners LLC, Noctua Asset Managment y Affinis Partners II, LLC” (según surge del informe periodístico conocido como ‘Paradise Papers’). A título personal, tal como surge de sus declaraciones juradas, Caputo fue poseedor de un depósito de dinero en una cuenta del Deutsche Bank radicada en el exterior”.

Según el fiscal, “lo relevante es que las biografías laborales de los imputados incidieron objetivamente en el ejercicio de la función pública. Por ello su lealtad, que debía estar solo guiada por los intereses generales del Estado, se vio dividida. Y como resultado de esa división, ganaron los bancos citados y se incrementaron sus patrimonios personales”.

Pero además, Delgado pidió “extraer testimonios” (impulsar una nueva causa ante otro juzgado) porque “cabe la posibilidad de que las personas antes mencionadas hayan tenido información privilegiada o bien que hayan ejercido algún tipo de influencia sobre la decisión de emitir aquella deuda que luego ellos mismos adquirieron con parte de su patrimonio”.

El dictamen ya está en poder del juez Sebastián Casanello, quien deberá resolver –en definitiva- si llama a indagatoria a los funcionarios y ex funcionarios acusados por el fiscal.