En 16 años de gobierno PRO, la administración porteña gestó un combo de medidas en contra de miles de familias y personas que querían acceder a la primera vivienda. Ese combo, además, involucra la falta de políticas para millones de inquilinos y la ausencia total del Estado en esa problemática. En el último eslabón de la cadena se encuentran las personas en situación de calle que también fueron ignoradas por la gestión macrista. En las últimas horas, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, dependiente del Poder Judicial de la Ciudad, difundió un duro informe donde denuncia el fuerte recorte presupuestario en los subsidios para personas que duermen en la calle. El documento asegura que en los últimos cinco años el presupuesto destinado a programas habitacionales, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, fue víctima de una reducción de entre el 31 y el 45 %, y se redujo la población alcanzada al mismo tiempo que se incrementó el crecimiento de las personas en situación de calle.
El organismo analizó el período comprendido entre el año 2018 y el año 2023, y focalizó sobre los principales programas de subsidios habitacionales que ofrece el ejecutivo porteño. Respecto al denominado «Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional», que otorga una suma económica para «mitigar la vulnerabilidad habitacional» a las personas en situación de calle; lo primero que señala la Dirección de Investigaciones de la Secretaría General de Planificación del MPD, es que el monto otorgado «difícilmente pueda cubrir el precio de un alquiler en la Ciudad”. El Programa destina, a partir del mes de mayo 2023, un total de 600 mil pesos que pueden abonarse en una cuota o en doce cuotas mensuales de 50 mil.
“El monto que tienen está desfasado de los precios reales en los hoteles o en los alquileres, con lo cual a las familias no les alcanzan para pagarlos, y mucho menos cuando tienen que ingresar, que también hay otras trabas como pagar depósitos y esas cosas, con lo cual hoy nosotros desde la Defensoría lo que vemos es un retroceso porque cada vez es más difícil para la familia pagar los alquileres o ingresar a un lugar”, explicó en diálogo con Tiempo el defensor oficial del ministerio Público de la Defensa, Ramiro Dos Santos Freire. El letrado, asegura que los montos están desactualizados a los valores reales de hoy, y esos montos solamente se pueden subir con acciones de amparo, es decir, con órdenes judiciales.
“Pero aún así y todo con medidas cautelares, igual, burocráticamente es complejo, incluso hay trabas para cumplir las medidas cautelares. Además es materialmente imposible que todos los beneficiarios tengan sus amparos y medidas cautelares, entonces realmente es muy difícil que puedan acceder al subsidio habitacional 690”, agrega.
En ese sentido, el documento elaborado por el MPD, advierte sobre el retroceso de la participación del programa de «apoyo» en el presupuesto general de la Ciudad: «El presupuesto sancionado del programa sufrió una reducción del 14% en relación al presupuesto total de la Ciudad, en el lapso 2018-2023». En referencia al presupuesto ejecutado en el sector «se redujo un 12 %, con una disminución del 33 % respecto del año 2021». Pero el recorte es aún mayor si se toma en cuenta sólo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo, que dirigía hasta este año María Migliore: «El presupuesto sancionado del programa en relación al sancionado del Ministerio se redujo un 31 por ciento entre 2018 y 2023”, mientras que “la participación en el ejecutado del MDHyH la reducción fue del 41 por ciento entre 2018 y 2022″, detalla el documento.
Al analizar los montos destinados a otro de los subsidios, «Programa Apoyo Habitacional», descubrieron que el ajuste es aún mayor. El informe explica que el presupuesto de ese programa sobre el presupuesto total se redujo un 25% entre 2018 y 2023 y que el retroceso llega al 45% si se toma en cuenta la participación presupuestaria solo del Ministerio de Desarrollo Humano porteño. Al mismo tiempo, el organismo advierte que apenas 76 familias son beneficiarias de este programa, cuando se estima que hay miles que necesitan de ese subsidio.
“Lo que se ve es que desde hace muchos años hay solamente dos políticas generales del Estado que son por un lado en la Ciudad de Buenos Aires los subsidios del 690 y por otro los centros de inclusión social, lo que comúnmente se llaman paradores. Ambas políticas actúan como un paliativo y son insuficientes para revertir las situaciones”, suma Freire y destaca el rol de varias organizaciones que trabajan con las personas en situación de calle.
“En los centros de inclusión hay algunas organizaciones que trabajan muy bien como Proyecto 7, pero evidentemente la magnitud del problema de personas en la situación de calle, que en el último censo popular del 2019 era 7.251 y hoy probablemente ese número sea mayor, la respuesta del Estado no es suficiente. Ha faltado voluntad de tener otras políticas más creativas y más abarcativas sobre este tema porque solo se ha limitado a los subsidios y a los centros de inclusión, cuando en otras ciudades del mundo con los mismos recursos de la ciudad, existen programas de alquileres sociales y otros créditos específicos”.
Reducción en la cantidad de beneficiarios
El informe advierte también sobre una importante baja de personas que acceden a los subsidios habitacionales: «La cantidad de beneficiarios del programa se redujo en un 35% en el lapso 2020-2022». En 2020 la cifra de personas que accedieron al beneficio era de 18.176, y en 2022 bajó a 11.881. Según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo porteño, en lo que va del 2023 hay apenas 9.350 personas con subsidio habitacional.
El documento deja en evidencia el retroceso presupuestario no se da en un marco de reducción de las personas en situación, por el contrario, sucede en un contexto de crecimiento de esa población. Según los datos oficiales del 2023, informados por el GCBA en base a su relevamiento anual, hay 3.511 personas sin techo en la ciudad, mientras que el año pasado había 2548. Estas cifras son criticadas por organizaciones sociales y el propio ministerio público de la Defensa que, de acuerdo al último censo popular de personas en situación de calle, del cual participó el MPD, la cantidad de personas que duermen a la intemperie son más de 7.000.
