Fueron encontrados culpables los ex policías Risso y Ale y Smart, ex funcionario civil de la dictadura. El Tribunal ordenó enviar la sentencia a los diarios que publicaron información falsa sobre el hecho. “Es reconfortante que esas personas que hoy se presentan como señores mayores, inocentes, paguen por lo que hicieron”, señaló el hermano de la víctima.
Cerca de las 14 de este miércoles, el juez Enrique Méndez Signori, presidente del tribunal que también integraron Nelson Jarazo y José Antonio Michilini, leyó el veredicto que, además de la pena, ordenó remitir la sentencia a los diarios Clarín, El Día y La Prensa, que publicaron información falsa sobre el hecho durante la dictadura, para que tengan la posibilidad de corregir la información en base al artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el Derecho a la rectificación.
Este fue un pedido que había realizado durante los alegatos la querella de la familia Benavides, representada por Pablo Llonto, y la fiscalía a partir del derecho a la verdad de las víctimas y sus familias. Clarín, por ejemplo, sacó la noticia el 3 de octubre bajo el título “Matan a un jefe sedicioso”, a quien identificó y describió como un “conocido cabecilla a nivel zonal de la banda subversiva declarada ilegal en 1975”.
Por otro lado, el Tribunal rechazó el pedido para que le retiren jubilaciones y pensiones a los condenados, por lo que Ale y Risso seguirán cobrando por su paso por las fuerzas de seguridad y Smart por su rol en la Cámara Federal en lo Penal, el denominado “Camarón” para perseguir los crímenes de la “subversión”.
Todavía conmovido por el veredicto, Marcelo Benavides, hermano menor de Horacio, confiesa a Tiempo que cuando comenzó a impulsar la causa nunca imaginó un resultado así. “Me acuerdo de un diálogo que tuve con mi viejo cuando yo era mucho más joven y que me decía que había tenido la oportunidad de saber quiénes habían sido (los asesinos de Horacio) y prefirió no saberlo porque no sabía cómo podía llegar a reaccionar. Él también era un tipo del mundo del Derecho y entonces prefirió no saberlo. En fin, yo escogí este camino”, destaca Marcelo, quien trabajó muchos años en el Poder judicial y en 2016 decidió denunciar el asesinato de su hermano y su secuestro.
“Es reconfortante que esas personas que hoy se presentan como señores mayores, inocentes, salvo Smart, que hizo una defensa ideológica de la dictadura, paguen por lo que hicieron, como corresponde con el derecho que ellos han negado. Ellos terminan en definitiva siendo condenados por derechos que ni a mi hermano ni a los 30.000 les han concedido”, añadió.
“Chupete” Benavides era estudiante de abogacía de La Plata, donde era uno de los referentes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y militaba en Montoneros. desde el golpe de Estado, era buscado intensamente por las fuerzas represivas y había pedido licencia en su trabajo en el Departamento de Transmisión Gratuita de bienes dependiente del Ministerio de Economía bonaerense.
El 21 de septiembre habían ido a buscarlo a la casa de sus padres y como no estaba se llevaron secuestrado a su hermano Marcelo, quien era 4 años menor. Durante el juicio, Marcelo, contó que lo llevaron al Pozo de Arana, donde lo torturaron por horas hasta que les entregó la dirección de su hermano. Esa misma mañana lo fueron a buscar pero una vez más se les volvió a escapar junto a otros dos dirigentes de la JUP y sus parejas.
El 30 de septiembre de 1976 a las 18.30, en el marco de un rastrillaje de la Policía Bonaerense, Horacio fue interceptado por miembros de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense mientras caminaba por la calle 12, frente a la plaza Moreno de La Plata.
Llevaba un bolso y documentos para un amigo que iba a salir de la ciudad para escapar de la represión. “Chupete” iba armado y resistió a los tiros cuando dos policías se abalanzaron sobre él para secuestrarlo. Fue asesinado en el lugar y también cayó muerto uno de los represores, Carlos Horacio Sánchez.
A partir de la felicitación que recibió la patota, el equipo de abogados que encabezaron Aníbal Hnatiuk y Llonto logró identificar a un grupo de policías, de los que sólo sobrevivieron los ahora condenados Ale y Risso. El resto, que operaba bajo las órdenes de Miguel Etchecoltaz, falleció antes del juicio: Ángel Raúl Andrada, Carlos Emilio Bordalonga, Ramón Carlos Velasco, Pedro Víctor Bidegain y Raúl Alberto Salcedo.
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