Pequeños y medianos productores: una respuesta a la inflación que el Estado desconoce

El índice de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)la semana pasada volvió aponer el foco en uno de los problemas que más afecta a la sociedad y el gobierno argentino en medio de la caída del salario real en la mayoría de la población.Sobre todo porque ese 8,4 por ciento de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante abril volvió a concentrarse en el rubro alimentos, que tuvo una suba del 10,1%, con algunos picos como el tomate (63,4%), el pollo (26,4%), el azúcar (21,1%) o los huevos (20,8%).

Desde los sectores de la producción de la agricultura familiar y las organizaciones de la economía popular volvió a insistirse con uno de los factores que explican los altos índices de inflación dentro de su multicausalidad: la concentración económica. A la vez que insisten en la falta de políticas por parte del estado para este sector a pesar de las numerosas iniciativas y proyectos de ley que se han presentado.

Fallas en la planificación

“Son una bombita de agua en un incendio”, opina el coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y ex director del Mercado Central, Nahuel Levaggi, con respecto a las últimas medidas tomadas por el gobierno (flexibilización para la importación de alimentos y leyes antidumping). “Se puede importar tomates, pero lo que hay que hacer es multiplicar la producción de tomates y su llegada a los mercados. Que todas las instancias del estado nacional, provincial y municipal generen instancias de comercialización propias de los productores, y ahí es donde, por oferta y demanda, van a bajar los precios. Porque por el canal de comercialización establecido, que es concentrado, es muy difícil intervenir en la cadena”, explica.

Más allá de ciertas cuestiones de estacionalidad o regionalidad (como que los tomates en el AMBA hoy son traídos desde Jujuy con los costos de transporte que esto implica) existen notables fallas en la planificación y fortalecimiento de las economías regionales y las cadenas de comercialización (ferias y almacenes populares) que han demostrado, lejos de la especulación de las cadenas concentradas, poder ofrecer alimentos de mejor calidad y a mejor precio (como vienen demostrando los índices del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz).

“Desde la Mesa Agroalimentaria Nacional venimos fomentando circuitos cortos donde hay menos incidencia de los intermediarios. Así los alimentos llegan directo del productor al consumidor. Hablamos de cooperativas u organizaciones donde se procura mejorar el precio del productor, pero también llegar al consumidor con alimentos sanos y a precios accesibles. Se han fortalecido estas redes y entramados socioeconómicos con una logística territorial que fue permitiendo que el alimento llegue más directo. Es una cuestión de organización para superar la intermediación que muchas veces es concentrada y especulativa, entonces hay abusos y rentas que quedan en manos del intermediario y no del productor, encareciendo el consumo”, cuenta Luciana Soumoulou de Bases Federadas, un espacio disidente de la conducción actual de la Federación Agraria Argentina (FAA).

Decisión política

“Creo que en los últimos años el acceso al alimento se ha instalado dentro de la agenda pública. Eso es un gran avance. Haber logrado que tanto las organizaciones como los gobiernos asuman la comercialización como un eje central. Pero evidentemente no alcanza y está haciendo falta una decisión de tomar a la economía popular como un actor estratégico en este sentido. Las organizaciones nos hemos fortalecido, pero si eso queda solo a merced de lo que las organizaciones puedan generar el techo es muy bajo. Creo que el sistema de la economía popular tiene la capacidad de llegar a distintos puntos del país (aun a puntos alejados de los grandes centros), con múltiples estrategias de comercialización que faciliten el acceso a alimentos sanos y diversos. Pero para que esas capacidades se transformen en abastecimiento masivo se requiere de una decisión política que implique generar espacios de acopio, fortalecer las herramientas financieras para la compra de los alimentos, habilitar líneas de compra estatal. Sin eso es muy difícil (sino imposible) trascender los límites propios de la economía popular en un mundo con niveles de concentración económica, financiera, productiva, comercial tan grandes”, aclara Pablo Blank, parte del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y su comercializadora, Monte Adentro, que hace años distribuye en la provincia alimentos de todo el país.

“La ayuda del estado está mucho más enfocada a otros sectores medios y grandes, a la industria que proceso alimentos. A nuestro sector ha llegado muy poco. Esto ha contribuido a que la concentración en la producción y las cadenas de comercialización se halla profundizado, como sucede con la harina de trigo o los lácteos, mismo la fruta y verdura, donde la concentración permite el abuso o la especulación con los precios. Las medidas que se han puesto en marcha no han impactado porque no han sido diseñadas para nuestro sector de pequeños productores familiares. Fue muy profundo el desmantelamiento de las herramientas del estado incluso desde la última dictadura cívico militar. Revertir eso y los efectos del modelo agropecuario que se ha impuesto es muy difícil”, agrega Soumoulou.

Desde la Mesa Agroalimentaria Nacional se impulsan diversas políticas en ese sentido, como la creación de una Empresas Estatal de Alimentos, un ministerio del Alimento o leyes como la de Arrendamientos Rurales, Acceso a la Tierra, Financiamiento Cooperativo y Transición Agroecológica, Protección y Fortalecimiento de las Áreas Campesinas o Segmentación de lasPolíticas Impositivas Agrarias. Además de la creación de mercados propios o en conjunto con gobiernos municipales como ha sucedido entre la UTT y las municipalidades de Lomas de Zamora, Quilmes o Avellaneda, entre otras.