Pepín, el operador judicial que amaba ser temido y ahora se esconde en Uruguay

Por: Ricardo Ragendorfer

Fue el ideólogo de gran parte de Lawfare desplegado durante el gobierno de Macri. Su pasado como director de la UCEP, abogado de Clarín, y del propio expresidente.

Exactamente a la cero hora del 10 de diciembre de 2015–el preciso instante en el cual concluía la segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner–, el abogado Fabián Rodríguez Simón (a) “Pepín”, acompañado por el futuro jefe de asesores presidenciales, José Torello, y el también futuro secretario Legal y Técnico,  Pablo Clusellas, avanzaba con pasos firmes hacia la Casa Rosada. Y al ser frenado en el portón por un guardia de seguridad manifestó su intención de ingresar con solo dos palabras: “¡Autoridades entrantes!”.

Eso hizo que fuera el primer macrista que puso un pie en dicho edificio.

Ahora está a días de batir otro record: ser el primer macrista prófugo de la Justicia. Eso se desprende del pedido de asilo político que acaba de elevar a las autoridades uruguayas desde Montevideo, en donde se estableció a fines del año pasado. La jugada tiene por objeto eludir su declaración indagatoria ante la jueza federal María Servini de Cubría, fijada para el 17 de junio. Ella lo investiga por integrar una asociación ilícita con el propósito de perseguir a los empresarios del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabian de Sousa, para que pusieran sus medios de comunicación al servicio del encarcelamiento de la ex presidenta. O, en su defecto, arrebatárselos.

Pepín apoyó tal petición con un comunicado y una entrevista efectuada por su amigo, Carlos Pagni, en su programa Odisea, de la señal La Nación+.

En el texto argumenta que los dos denunciantes no le perdonan su rol como asesor del Gobierno porteño para que “los concesionarios del juego en este distrito (López y De Sousa) pagaran los Ingresos Brutos que adeudaban desde 2003”.Según sus palabras, ese fue el grave delito que cometió.

Por televisión se exhibía como un pollito mojado, mientras el conductor sugería su semejanza con Alfred  Dreyfus, aquel capitán  judío del ejército francés que, a fines del siglo XIX, fue puesto tras las rejas por obra de una falsa acusación en medio de una trama de espionaje. Un disfraz inverosímil para quien en el pasado solía jactarse entre amigos de su admiración hacia el inquisidor español, Tomás de Torquemada. Lo cierto es que los beneficios de la impunidad le causaban tal ensoñación.

En este punto conviene retornar al momento en que Macri se convertía en presidente. Ese jueves, cuando leía su encendido discurso ante la Asamblea Legislativa, de pronto, soltó: “En nuestro gobierno no habrá jueces macristas; a quienes quieran serlo les digo que no serán bienvenidos”.

Una salva de aplausos estalló en el recinto.

Cuatro días después firmó un decreto para sumar a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti al máximo tribunal.

Cabe resaltar que esos nombres habían sido susurrados en su oreja nada menos que por Rodríguez Simón.

Macri quiso saber el motivo de su preferencia por ellos.

Pepín contestó:

–Carlos, porque es amigo. Horacio, para que los peronistas no se enojen demasiado.

Y remató la frase con una risita. Así era él.

El  mérito de Pepín –un apodo que arrastra desde su época estudiantil en el Colegio Champagnat– fue pasar desapercibido durante gran parte de sus 62 años. En eso le vino de perillas su encarnadura macilenta y menuda como la de un jockey. Tanto es así que ni siquiera era recordado por su breve etapa de funcionario porteño. Un milagro, ya que él fue, a partir de 2008, nada menos que jefe de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), el organismo parapolicial del gobierno de Macri en la Ciudad que se encargaba de apalear a los indigentes. Su escurridiza figura tampoco resaltó en su rol de abogado del Grupo Clarín. Ni como defensor del presidente en causas resonantes. Ni como integrante del directorio de YPF. Ni como legislador del Parlasur. Ni como el arquitecto en la sombra de la política judicial del oficialismo, responsabilidad que supo darle más poder que al ministro del área, Germán Garavano.   

Pero su buena estrella empezó a declinar a fines de septiembre de 2018, al ser difundida en El Cohete en la Luna, el portal de Horacio Verbitsky, una fotografía tomada a hurtadillas donde se lo ve en el bar Biblos, de Libertad y Santa Fe, con el camarista Martín Irurzun. A partir de entonces las constantes injerencias de Rodríguez Simón en el universo tribunalicio dejaron de ser un secreto de Estado.

En ese informe también se ilustró el vínculo que lo enlaza a la diputada Elisa Carrió con un simpático video casero en el que ambos, secundados por Mariana Zuvic, animan una sobremesa denostando a Daniel Angelici (un rival acérrimo de Pepín), al supremo Ricardo Lorenzetti (otro de sus enemigos) y al juez Ariel Lijo (un magistrado que debía ser puesto en caja).

Lo cierto es que el romance político entre Lilita y Pepín osciló entre el sainete y la tragedia shakesperiana.

A mediados 2016 el Presidente había convocado al entonces vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y a Rodríguez Simón para confiarles una misión de suma delicadeza: contener a la líder de la Coalición Cívica ante sus habituales derrapes. La posterior eyección de Quintana del cargo hizo que el pobre Pepín fuera el único acompañante terapéutico de la señora.

Fue un deber no exento de mala sangre. Porque poco después de la nota de Verbitsky, Carrió soltó en el programa de Mirtha Legrand: “Garavano no existe; la Justicia la manejan Angelici y los pepines”. Una amiga.

Rodríguez Simón, sentado frente a la pantalla, montó en cólera. Y por un tiempo le retiró el saludo a Carrió. Hasta que por orden presidencial tuvo a bien reconsiderar aquella actitud. Al fin y al cabo ella era la vaca sagrada de la alianza Cambiemos.

Hasta Marcelo Bonelli mancilló a Rodríguez Simón (involuntariamente, desde luego) en su columna del diario Clarín –publicada en paralelo a que El Cohete a la Luna lo escrachaba con Irurzun–, al señalarlo como ghost writer de un proyecto de ley para –según el texto– “encapsular el escándalo de los cuadernos” con la idea de que los involucrados perdieran sus derechos. O sea: apartar a los empresarios de sus compañías e impedir a los políticos postularse para cargos públicos.

Ahora no cabe ninguna duda de que ese hombre fue el artífice operativo –en el plano legal– de la oleada persecutoria contra funcionarios del gobierno kirchnerista y de las maniobras –con fines de despojo y neutralización– contra empresarios rivales a los intereses financieros de los referentes del régimen.

Pero si hay una historia que lo pinta de cuerpo entero es su intervención en el “problemita” penal que le causó a Macri figurar en los” Panamá Papers”. La estrategia de Pepín consistió en instigar una demanda del Presidente contra su propio padre.

Pepín es uno de aquellos sujetos que –por algún motivo que debería ser explicado desde el campo freudiano– siente placer en ser temido. De Sousa jamás pudo olvidar el timbre nasal de su voz, al escucharla en un ya remoto 9 de marzo de 2016: “La guerra empezó y que cada uno se salve como pueda”.

Los dos años de cárcel sufridos por López y él probarían con creces que la amenaza de Pepín no fue en vano.

En la actualidad, el plato fuerte de la causa sobre el hostigamiento que Pepín les dispensó a los dos empresarios es una pericia sobre sus llamadas entre enero de 2016 y agosto de 2019. Y su gran paralelismo con las situaciones que conformaron la persecución macrista.

Es de dominio público que, además, este entrecruzamiento telefónico ya provocó una histérica lluvia de apelaciones por parte de los abogados de Macri para evitar el peritaje de sus teléfonos.

Cabe destacar que al respecto cayó como una gigantesca roca sobre el océano la recusación de Rosenkrantz, dado que –al momento de los hechos investigados– hubo 59 comunicaciones telefónicas entre Pepín  y él.

El primer entrecruzamiento sobre el smartphone del famoso operador judicial abarca 10.738 llamadas. No es exagerado decir que tamaña cifra dejó en vilo a muchos de sus contactos.

Entre ellos, además de Macri y Rosenkrantz, se destaca el socio de éste, Gabriel Bousat (38 llamadas), el cortesano Rosatti (17 llamadas) y el ex ministro de Justicia, Germán Garavano (160 llamadas); todos vinculados, en mayor o menor medida, con el mencionado expediente.

Quizás un sexto sentido le haya indicado a Rodríguez Simón alguna vez que el blindaje judicial que supo edificar para Macri no lo salvaría a él.

Tanto es así que, en agosto de 2019, el resultado de las PASO lo había afectado de sobremanera.

De hecho, por entonces se le oyó decir:

– ¡Qué mal esto del peronismo! Podemos ir todos presos.

La escena transcurría en una mesa de la confitería La Biela  Y su único interlocutor era nada menos que Torello. Vueltas de la vida.

Casi 20 meses después, en algún lugar de Uruguay, Rodríguez Simón está solo y espera.

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