Los detalles de las últimas palabras de la vicepresidenta antes de la sentencia que el tribunal anunciará el 6 de diciembre.
Al pronunciar hoy sus últimas palabras antes del veredicto, la vicepresidenta embistió contra el tribunal oral federal que la está juzgando. “Cuando hablé de ‘lawfare’ fui muy generosa; este tribunal es un pelotón de fusilamiento”. Incluyó en ese concepto no sólo a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Fabián Basso, sino también y especialmente a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A Luciani, incluso, le enrostró que una de las detenidas por el intento de magnicidio del 1 de septiembre pasado, Brenda Uliarte, era su seguidora en la red social Facebook. Y volvió sobre aquel concepto que ya describió públicamente: “me quieren como acusada, no como víctima”.
Tiempo anunció hace tres meses que el veredicto del juicio por la Causa Vialidad se conocería en medio de la disputa del Mundial de Fútbol de Qatar. Hoy el tribunal lo confirmó, al anunciar que la última audiencia de últimas palabras será el 6 de diciembre. Ese día, obligatoriamente, deberá dar a conocer en horas de la tarde si condena o absuelve a los imputados. Los fundamentos del fallo estarán probablemente en el primer trimestre de 2023 y desde allí comenzarán a correr los plazos para las apelaciones. Sea cual fuere la decisión, la causa pasará a la Cámara Federal de Casación, que suele tardar entre uno y cuatro años en pronunciarse, y luego el expediente pasará a su última instancia, la Corte Suprema de Justicia.
Una eventual condena contra la vicepresidenta acarreará obligatoriamente una prohibición de volver a ocupar cargos públicos. Ello ocurrirá cuando la sentencia quede firme, si es que eso ocurre. Pero en el entretanto, habrá una mácula política utilizable en una campaña proselitista a la que también habrá contribuido el “pelotón de fusilamiento judicial”. Y mediático, según se encargó de resaltar Cristina Kirchner.
Sobre el final de la arenga corta y netamente política que pronunció en sus últimas palabras, la vicepresidenta anunció la publicación de las “20 mentiras de la Causa Vialidad”. Subió a sus redes un documento en el que resumió refutaciones a las acusaciones de Luciani y Mola que ya habían desgranado sus abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy durante el alegato de la defensa. Y habló de Lawfare, de magnicidio, de diferentes varas para una misma medida, del “partido judicial”, de fiscales columnistas de los grandes diarios formadores de opinión.
No necesitó hablar de la causa. La vicepresidenta, al igual que los otros imputados, está convencida de que los alegatos desnudaron la orfandad probatoria de los fiscales Mola y Luciani. Y que si el veredicto fuera ajustado a derecho, todos deberían ser absueltos.
La realidad en formato de pronóstico indica que eso no ocurrirá. Por eso, predijo CFK, el caso “será estudiado” en el futuro como un ejemplo de persecución política.
“Se considera una asociación ilícita a un Gobierno elegido tres veces democráticamente mientras que «en Comodoro Py no se considera que mi muerte, mi asesinato, como un acto de conmoción pública”. En esa primera contraposición la vicepresidenta comenzó a describir los diferentes enfoques que tienen los jueces de Comodoro Py sobre situaciones análogas, según se trata de oficialistas o de los hoy opositores. Así, recordó que el atentado contra su vida ocurrió en su casa de siempre en La Recoleta, mientras que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal compró en situaciones confusas un departamento en una zona más cara pagándolo con un préstamo más extraño aún después de haber pasado por la función pública. “Pero la chorra soy yo”, ironizó.
“Este pelotón de fusilamiento tiene por objeto estigmatizar a un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio. (…) El partido judicial cumple el rol de condicionar, obturar, posibilidades de expresión y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”.
Cristina ya se considera condenada. De hecho, hoy insistió en que “la sentencia ya está escrita”.
En el documento publicado en sus redes, CFK refutó afirmaciones tales como que las obras viales en Santa Cruz por las que hoy se encuentra acusada “se demoraron, presentaron deficiencias constructivas o no se hicieron”. La vicepresidenta explicó que las demoras estaban justificadas. No se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia. Lo pagado se correspondía con trabajos efectivamente ejecutados. No hubo pagos por obras no realizadas”.
Desmintió también que “los legisladores fueron obligados a votar obras innecesarias”, puesto que los dirigentes opositores “Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez dijeron que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar los presupuestos entre 2004 y 2015. En 2010 y 2011 la oposición presentó proyectos alternativos que incluían las mismas obras”.
Y rechazó finalmente la acusación de los fiscales sobre un “apagón informativo hacia el Congreso”, que colocó a los representantes del pueblo como una suerte de colectivo de estúpidos a los que se los engaña fácilmente desde el gobierno para que aprueben cualquier cosa en beneficio del presidente, sin recibir nada a cambio.
“Las obras investigadas fueron informadas al Congreso como antes y después del gobierno 2003 – 2015. La Fiscalía ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras”.
El tribunal – pelotón ya vela sus armas. Las quiere listas para accionar el próximo martes.
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