El presidente relató que la deuda de la cerealera con el Banco Nación y los productores privados era insostenible.
«No soy de los que cree que el Estado deba hacerse cargo de todo, creo que hay situaciones estratégicas que el Estado no puede mirar desde la platea. Ésta es una situación estratégica», sostuvo en una entrevista radial en la que explicó que, desde comienzos de año, en su gestión ven que la compañía generaba “un problema creciente en Santa Fe, que empezó siendo financiero y afectaba a 2 mil productores”, que “tenía una serie de tomas de créditos con bancos públicos” y que “no se estaba atendiendo adecuadamente”.
Fernández admitió que en el Gobierno sospechaban que la situación “iba a terminar resolviéndose con una compra a bajo precio de parte de alguna transnacional, «algo que no nos gustaba”. Reforzó lo comunicado ayer durante la conferencia de prensa, en la que informó que el análisis de la situación para tomar la decisión de intervenir la cerealera, endeudada y en concurso de acreedores, lo realizó junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador santafesino, Omar Perotti, y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien “trabajaba sobre una idea para la empresa” y “tenía todo estudiado para pedir su expropiación”, señaló en una entrevista con Radio con Vos.
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«La excepcionalidad de esta decisión es absoluta», puntualizó Fernández, que además puntualizó que la resolución de intervenir la cerealera implica «un enorme esfuerzo del tesoro nacional» motivado por las características de la compañía, que tiene aproximadamente el 13 por ciento del mercado y emplea a más de dos mil personas. “Estamos hablando del mercado cerealero, de un sector que genera divisas, del mercado alimenticio, que es un problema muy serio y después de la pandemia será más serio aún. Y hablamos de un operador que no solo opera con cereales sino también con carnes. Son todas cuestiones estratégicas que nos pueden permitir ser soberanos como país en la generación de alimentos”, resaltó.
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A su vez, descartó las críticas de la oposición. “No hacemos esto para salvar accionistas, hacemos esto para salvar una empresa», aseguró en relación a uno de los ángulos por los que ingresaron críticas en el frente oficialista tras la conferencia que ofreció ayer junto a Kulfas y a Fernández Sagasti. “Prefiero llamarlo Ley de Rescate Vicentin”, opinó sobre el proyecto que según anunció ayer enviará al Congreso en breve. “No estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra. Si estuviera funcionando normalmente, no hubiéramos pensado nada de esto por eso me gusta hablar del rescate de Vicentin”, amplió.
Ni Sancor ni Cresta Roja
El jefe de Estado insistió en la actitud del Estado que dirige de “hacerse cargo”. A su vez, diferenció la intervención y futura expropiación de Vicentín del “auxilio financiero” otorgado durante el gobierno de Cambiemos a Sancor o Cresta Roja, mientras que lo comparó con YPF, “un caso que ha dado buenos resultados”. “No soy de los que cree que el Estado debe hacerse cargo de todos. Soy de los que cree que hay situaciones estratégicas que el Estado no puede mirar desde la platea”, insistió.
«El Estado toma las riendas con una lógica que no es la de que expropia y pone un político al frente, sino una empresa gerenciada como fue con YPF, con el rigor de una empresa de mercado», subrayó. Así, le respondió a “los trolls de siempre” que en redes sociales lo criticaron con memes en los que “era Mao, coreano o Fidel Castro”. “La verdad es que el remedio que encontramos tiene que ver con medidas que usan los estados más capitalistas del mundo. En Alemania el Estado participa del rescate de Lufthansa”, completó.
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“Debemos entender lo estratégico de todo esto, pero también tenemos que entender que estamos hablando de un mercado muy competitivo, y debemos garantizar que funcione con la lógica de una empresa privada, teniendo en cuenta lo estratégico de la empresa en formación de divisas, exportación de cereales y soberanía alimentaria”, explicó y remarcó: “Soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. No me da vergüenza decirlo”.
“Hubo un festival de préstamos para la empresa y lo único que la empresa dejó fue un desbande económico”. En ese sentido informó que los 60 días de intervención servirán para “ver exactamente en qué situación está” Vicentin, ya que “se ha dislocado financieramente mucho. Acá se tomaron decisiones con el propósito de limpiar. Algunos lo llamarían vaciamiento”, definió.
Asimismo, sostuvo que ahora es “poner en marcha la empresa financieramente”, algo que “necesita mil millones de dólares de inversión, pero no los necesita de un día para otro”. “Todos los activos del grupo van a formar un fideicomiso. La administración de ese fideicomiso la hará YPF o el Banco Nación, pero el gerenciamiento lo va a tomar YPF Agro. Será el Estado el que tomará la decisión del aporte y concretarlo”, concluyó.
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