Las audiencias por la estafa de la familia Szpolski y otros directivos de la entidad volvieron a postergarse tras 18 años de investigación.
Los querellantes, unas 80 personas que sobrevivieron el trajín judicial, se enteraron de la suspensión el miércoles, apenas 24 horas antes de la fecha prevista para el inicio del juicio oral. «Nos resulta muy extraña esta dilación y suspensión. Va a prescribir; cómo van a pasar los más de 100 testigos si no van a hacer más de dos audiencias por semana», se preguntó Alberto Lamanuzzi, damnificado y querellante.
La causa fue elevada a juicio en 2008, tras la investigación del fiscal federal Federico Delgado. El juicio oral iba a comenzar el 4 de agosto. El día anterior, una cédula del Tribunal Oral Federal 3 informó que debía suspenderse por la designación de Fernando Machado Pelloni como nuevo juez, acompañado por Andrés Fabián Basso y Javier Feliciano Ríos. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal debe nombrar además un cuarto juez. «Nosotros fuimos estafados hace 18 años, pero seguimos siendo estafados por la Justicia. Hace seis años que está elevada la prueba en una causa que lleva 18 años», se quejó Lamanuzzi.
El cuento del Tío
Los principales acusados son Alberto Miguel Spolski, ex presidente del Banco; su hermano Ela Spolski; Alejandro Bilik, Carlos Alberto Ungar; Héctor Mario Kleiman y Sergio Fryd. Todos están acusados de «apropiarse mediante maniobras engañosas del patrimonio de las víctimas».
Sin poder político e insolventes económicamente, llama la atención que este grupo de banqueros haya logrado demorar el expediente durante casi 20 años. La intervención del integrante más famoso de la familia, Sergio Szpolski (decidió agregarse una zeta en el apellido), sobrino del presidente de la entidad, siempre generó sospechas. El conocido empresario vaciador todavía sostiene fuertes vínculos con sectores de la ex SIDE y en el Poder Judicial. En ese momento, era uno de los gerentes del Banco e incluso hay quienes lo mencionan a él y no a su tío como el cerebro de la estafa de las obligaciones negociables. Y también se desempeñaba como tesorero de la AMIA, donde lo acusaron de haber depositado dinero de la entidad en el Patricios cuando el banco estaba en una situación delicada. Logró ser sobreseído por el ex juez federal Norberto Oyarbide.
Según el dictamen de Delgado, el grupo de ahorristas «fue inducido fraudulentamente por una política del directorio del Banco para invertir sus ahorros en la suscripción de obligaciones negociables con la promesa de un mayor rendimiento económico». El objetivo era captar fondos frescos ocultando la verdadera situación patrimonial de la entidad. Esa masa de dinero fue apropiada por los directivos del Banco, quienes, según el dictamen, sabían perfectamente que no podrían enfrentar los compromisos económicos asumidos. «
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