La Mesa Nacional de Barrios Populares reclamó al ministro de Economía, Luis Caputo, por el desfinanciamiento de los trabajos de infraestructura pública y presentaron un amparo judicial.
“A seis años de la sanción de la Ley 27.453, la realidad de 1.200.000 de familias que habitan en los barrios populares de Argentina se ha vuelto crítica. Desde el cambio de gobierno en diciembre de 2023, la devaluación, el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del DNU 193/24, y la decisión política de Luis Caputo, han llevado al freno de más de 700 obras en todo el país”, pronunciaron desde la Mesa a través de un ccomunicado.
La Mesa está integrada por un amplio marco de organizaciones: desde Caritas hasta Techo, pasando por la UTEP, CTA Autonoma, La Poderosa, el FOL así como diferentes referentes barriales y mesas locales/regionales. Luego de varios intentos de diálogos fallidos, y ante el avance a cuanta gota de una política de Estado respaldada por una ley nacional, desde la Mesa avanzaron por la vía judicial con la presentación de un amparo colectivo.
“La ausencia de una alternativa de presupuesto para esta política pública, tiene como consecuencia su desfinanciamiento, yendo en contra de la Ley de Barrios Populares ya que impide a las familias que aún esperan la regularización no tengan perspectiva en conquistar su derecho a acceder al agua, a una conexión eléctrica segura, a una vivienda digna”, reclamaron en la declaración leída en las escalinatas del ministerio.
“Nuestro barrio está al lado de SADESA que nos está contaminando con cromo. No tenemos salida cloacal, no tenemos acceso al agua potable, todos los desechos de la fábrica quedan en el suelo del barrio. Hoy estamos acá como vecinos, por nuestros derechos. Le estamos exigiendo al gobierno nacional y a Caputo que se hagan responsables de nuestras vidas y la de nuestro hijos”, grita “Pame”, vecina del barrio El Paredón de Lomas de Zamora.
La fábrica a la que hace referencia es la histórica curtiembre heredada por el multimillonario radicado en Uruguay, Marcos Galperín, paradójicamente uno de los principales detractores del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
No faltaron las expresiones de solidaridad con la militante social Fernanda Miño, ex secretaria del Integración Socio Urbana y una de las responsables del FISU durante la gestión anterior. Miño sufrió un violento allanamiento el pasado miércoles en su casa del barrio La Cava, San Isidro.
Durante todo este año fue foco de innumerables operaciones mediáticas, la última fue una azarosa acusación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la llamó “chorra” en sus redes sociales señalándola (sin prueba alguna) como participe en el robo de una moto en el partido de Tres de febrero.
“Esto tiene que ver con la miseria planificada llevada adelante por el “fisu”, pero no el Fondo de Integración Socio Urbana, sino el fisura que está acá adentro y con la guita de los barrios populares juega a la timba. Nos está empujando a que los villeros y las villeras nos organicemos a defender la política que hemos construidos durante todos estos años” exclama Gastón “Batara” Reyes, referente de la Rama Construcción del MTE. La MNBP no descarta llevar adelante otras acciones además de esta conferencia de prensa en pos de darle respaldo y visibilidad a los amparos colectivos.
“Desde la Mesa de Barrios Populares, exigimos la inmediata reactivación de los proyectos de integración socio urbana y el restablecimiento del financiamiento para las obras. La Ley de Barrios Populares establece la responsabilidad del Estado de garantizar la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de los barrios populares. Hoy, más que nunca, es urgente cumplirla para no retroceder en las conquistas obtenidas y asegurar un futuro digno para millones de personas”, sostienen las organizaciones quienes cerraron la conferencia con el himno nacional y un curioso canto: “Che, Caputo. Che, Caputo. No te lo decimos más, si no hay obras en los barrios, que quilombo se va a armar”.
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