Organizaciones sociales marcharon en La Plata contra el Código de Convivencia

Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos movilizaron esta mañana a la Municipalidad de La Plata en rechazo del anteproyecto del Código de Convivencia que propone el intendente Julio Garro. Entre otras cosas, denuncian que la norma tiene como objetivo “reprimir la protesta social, así como el trabajo ambulante, sexual y de la economía popular”. Entre otras cosas, el proyecto prevé multas de hasta 86 mil pesos o cárcel para los cartoneros y de más de 300 mil o quince días de encierro para vendedores ambulantes o la oferta de sexo en la vía pública. Otra polémica es el artículo 143 que regula las manifestaciones y promete sancionar las marchas que no vayan por la vereda o que bloqueen el tránsito.

El código de convivencia es un proyecto del Ejecutivo municipal que fue presentado por el intendente Julio Garro el 8 de octubre en el Concejo Deliberante, y pone a la capital bonaerense en sintonía con el protocolo de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich y del flamante código de faltas de  la provincia de Mendoza.

De inmediato generó la oposición de las organizaciones sociales, que lo denuncian como una herramienta que tiene por principal objetivo reprimir la protesta social, el trabajo ambulante, sexual y de la economía popular. “El contenido del proyecto es sumamente reaccionario, restringiendo la utilización del espacio público a los negocios privados y cercenando los derechos de la población”, advirtieron.

La movilización fue en la mañana a las puertas de la Municipalidad de La Plata y convocó a todos los sectores que se verán perjudicados con el código que impulsa Cambiemos. Las más de tres mil personas pertenecían a organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, colectivos de abogados, gremios y sindicatos, cooperativas de trabajo, colectivas feministas y LGBT, organizaciones de trabajadoras sexuales, centros de estudiantes, organizaciones políticas, redes y espacios culturales-artísticos, partidos políticos y espacios de migrantes.

“Los trabajadores de la economía social se van a ver disminuidos en sus derechos y la protesta social también se va a ver cercenada. Entonces, en medio de esta crisis económica, el código va a hacer que los perdamos el trabajo y además, cuando intentemos protestar, tampoco vamos a poder”, resumió Cristian Medina, de Barrios de Pie, organización que es parte del triunvirato San Cayetano junto con la CCC y la Ctep, que encabezaron la convocatoria.

Las organizaciones sociales piden ser parte de la discusión y tildan de “pantomima” o “circo” los talleres barriales a las que convoca el Ejecutivo para “intercambiar ideas y propuestas”.  

“El Código de Convivencia que pretende impulsar el intendente Garro buscando criminalizar a todos los trabajadores de la vía pública y vulnerar aún más nuestros derechos mediante la violencia institucional y la represión”, denunciaron las Putas Feministas, que también fueron parte de la movilización.

La propuesta de Cambiemos

Julio Garro presentó el proyecto de Código de Convivencia como una herramienta para preservar el espacio público y para que los vecinos desarrollen “en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y esparcimiento”. Pero en ese camino libertario criminaliza vendedores ambulantes, limpiavidrios, manteros, cartoneros, y trabajadoras sexuales, todos sectores que vienen denunciando un creciente hostigamiento por parte del Estado municipal y las fuerzas de Seguridad.

De aprobarse la iniciativa, los cartoneros podrán enfrentar penas por manipular, seleccionar o recolectar residuos, que el anteproyecto castiga con multa de “50 a 500 módulos y/o arresto hasta 5 días”. Si se tiene en cuenta que el valor del módulo es aproximadamente de $172, los cartoneros –y eventualmente cualquier persona que revise la basura incluso buscando comida- podría recibir una multa que va de $8.600 a $86.000. Además quedará prohibida la tracción a sangre en todo el distrito.

Los manteros y vendedores ambulantes podrían afrontar sanciones de 20 a 2.000 módulos (3.440 a 344.000 pesos) y/o arresto de hasta treinta días de cárcel. Y los limpiavidrios de “50 a 1.000 módulos y/o arresto de hasta quince días”, hasta 172 mil pesos, por ofrecer un servicio “a quien se encuentre en el interior de vehículos, cuando estos se detengan en los semáforos, que pudieren poner en peligro su propia integridad física o afectaren el tráfico”, precisa el artículo 205.

A las trabajadoras sexuales las afecta, particularmente, el artículo 206 del proyecto: “El que ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en el espacio público, será sancionado con multa de 100 a 900 módulos ($17.200 a $154.800) y/o arresto de hasta quince días”, indica.

Contra la Protesta social

El artículo 143 atenta contra la libertad de expresión mediante la regularización de la protesta. El proyecto de Garro propone que se pida permiso al Departamento Ejecutivo Municipal con 48 horas de antelación para la realización de actos, manifestaciones o movilizaciones.

Pero además, el texto aclara que “las movilizaciones y/o manifestaciones deberán trasladarse circulando por las veredas, respetando los pasos peatonales y las señales semafóricas”. Y que en caso de que sean tantos que la gente desborde a la calle, deben dejar un carril para que pasen los autos.

Y de nuevo la punición es económica para los «organizadores de la protesta», con multas desde $8600 a más $170.000 e incluso la cárcel: “arresto de hasta 30 días”. El código es también antipiquete: “Se encuentra expresamente prohibido obstaculizar la vía de circulación del transporte público”.

La normativa que impulsa de Cambiemos sanciona fuertemente a los grafittis –con agravante en caso de que se realice sobre monumentos- y tiene un apartado especial para los egresados de secundaria que festejan el último día de clases o el primer último día de clases en los jardines de la municipalidad, que penaliza y multa a los padres de los adolescentes que causen daños en el marco de esa tradición juvenil de la capital bonaerense.   

El proyecto de Código de Convivencia era una promesa de Garro que se construyó en base a ordenanzas de municipio y códigos de otras ciudades para reemplazar el vigente, que data de los años ’80. La iniciativa tuvo, además, un primer paso: la creación de una Guardia Urbana Preventiva, una fuerza municipal extra de “colaboración” con las fuerzas de Seguridad. La ordenanza fue aprobada hace días y también fue impulsada por el Ejecutivo.