Organismos de Derechos Humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e HIJOS, expresaron hoy su «preocupación» por el supuesto apoyo del expresidente Mauricio Macri al golpe de Estado perpetrado en Bolivia en 2019 contra el exmandatario Evo Morales y exhortaron a la Corte Suprema a «dar señales inequívocas de que ya es tiempo de hacer justicia» y a la justicia interviniente a «investigar hasta las últimas consecuencias».

«Estamos profundamente preocupados y conmovidos ante la información que se ha conocido en las últimas semanas respecto del apoyo de Macri y la coalición Cambiemos les habrían prestado a los golpistas que en noviembre de 2019 provocaron la caída del gobierno de Bolivia», indicaron los organismos en un comunicado. Ese apoyo, señalaron las organizaciones, «consistió en el envío ilegal de armas, pertrechos y municiones destinadas a reprimir las protestas populares que se sucederían tras ese sangriento golpe de Estado».

«Ejemplo de ello fueron las masacres producidas en Sacaba (Cochabamba), en Senkata, en la ciudad de El Alto y Pedregal (La Paz), que causaron decenas de personas muertas y heridas y centenares de detenidas», advirtieron. Señalaron también que lo ocurrido fue denunciado «con pruebas irrefutables por las actuales autoridades bolivianas, atribuyéndoles responsabilidades a las autoridades argentinas de entonces».

Los organismos destacaron que el presidente Alberto Fernández «se expresó fuertemente consternado ante esa denuncia y las manifiestas evidencias existentes, por lo que ordenó promover acciones penales y la realización de una profunda y exhaustiva investigación sobre esos hechos y sus consecuencias, el deslinde de responsabilidades y la determinación de los delitos que de ellos derivarían».

Las organizaciones hicieron un «fuerte llamamiento» a los jueces y fiscales abocados a la tarea de impartir justicia en este caso, e inclusive, a todo el Poder Judicial, para que «con verdadera vocación y transparencia cumplan su cometido, investiguen hasta las últimas consecuencias y, en su caso, sancionen severamente conductas que están absolutamente reñidas con el derecho internacional, el sistema regional y universal de los derechos humanos y la legislación interna». También abogaron para que se determinen «responsabilidades» y se castigue a «quienes inescrupulosamente, a través de decisiones y acciones delictivas, provocaron actos tan infames como antidemocráticos».

«Urgimos a la Corte Suprema de Justicia, en tanto cabeza del Poder Judicial, a dar señales inequívocas de que ya es tiempo de hacer justicia», subrayó el comunicado.

El texto lleva también las firmas de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y social de Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros.