Los datos se suman a las muertes cometidas por la policía porteña a personas desarmadas: un total de 143 asesinatos de los cuales 120 fueron casos de gatillo fácil, según la Correpi.
Foto tomada con Motorola Edge 30 Fusion
En esta ocasión, el registro de denuncias está dividido en tres partes: La geolocalización de los casos de violencia; los detenidos en Alcaldías y Comisarías porteñas; y por último, la sobre actuación represiva del Jefe de Gobierno. La metodología de verificación implementada incluye la conversación directa con las y los denunciantes de manera telefónica; el análisis de la información recibida y la evaluación de su verosimilitud; y la consulta a instituciones locales que realizan un seguimiento de la violencia policial (como el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteña).
“Para Correpi es importante colaborar, nuestro aporte consiste básicamente en la información de los casos de “resultado muerte” a través del archivo y por supuesto todo lo que tiene que ver con el recursero, el manual del pequeño detenido, los cuidados frente a la policía y algunas cuestiones técnicas, por ejemplo, cómo hacer la denuncia en la fiscalía, etc. “ esgrime en diálogo con Tiempo la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú que, junto a la legisladora Ofelia Fernández, presentó este martes la tercera etapa del Mapa de la Policía.
El informe hace un apartado especial de la muerte de Facundo Molares, el pasado 10 de agosto en las inmediaciones del obelisco, en contexto represivo perpetrado por la policía porteña. Hecho que se dio en el marco de las PASO hacia la campaña presidencial de Rodríguez Larreta. El documento señala que “alrededor de las 17.00, Facundo Molares Schoenfeld murió como consecuencia de la violencia policial en el marco de una manifestación pacífica en pleno centro porteño. Los principales medios de comunicación propusieron rápidamente otra versión: según Clarín, La Nación, Infobae y Perfil, esa muerte fue producto de una descompensación provocada por la protesta social”.
En ese sentido, el informe elaborado recuerda que la represión policial, que provocó la muerte de Molares, se dio en medio de la campaña: “uno de los ejes principales por los que transcurrió la disputa interna en la coalición opositora fue la seguridad, materia en la que la ex ministra del rubro durante el gobierno de Mauricio Macri tenía todas las de ganar. Bullrich no tiene empacho en agitar las banderas del punitivismo y la represión, como quedó explicitado en su último spot publicitario”.
La líder de la Correpi recordó que la policía de la Ciudad de Buenos Aires, es la fuerza de seguridad más letal del país. “Los actualizados son 143, muertes en manos de la policía porteña, una letalidad superior en proporción a la cantidad de efectivos que tiene, por ejemplo, la policía Bonerense. Es un poco el augurio de lo que tendríamos que estar enfrentando a nivel país si se sostienen los resultados de las elecciones PASO, cosa que, obviamente, esperamos que no suceda y hay que hacer todo lo posible para evitarlo”, señala Verdú.
Los datos desagregados y actualizados de la Correpi, señalan que son 142 muertes ocasionadas por la policía porteña, pero hay un caso de muerte bajo custodia que ocurrió hace tres días y que están chequeando si la víctima estaba detenida en Devoto o en comisaría. De ese total, 120 son fusilamientos de gatillo fácil, 10 intrafuerza / intrafamiliar, 6 son femicidios y uno femicidio relacionado. La muerte de Facundo Molares Schoenfeld durante la represión y 5 como consecuencia de otros delitos cometidos por la policía, entre otras modalidades.
Un dato fundamental: De los 130 asesinatos cometidos por la policía porteña, sumando los casos de gatillo fácil, femicidios e intrafamiliares, fueron muertes provocadas con el arma reglamentaria: 32 ocurrieron en CABA, uno en la provincia de Chaco y 97 en territorio bonaerense. Esto quiere decir que toma más fuerza el reclamo de organismos de derechos humanos que exigen la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio o de civil.
La última etapa del mapa puso en evidencia las 1400 personas que están detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, espacios que no están preparados para alojar personas. “Si tenemos en cuenta que en abril del 2020 eran 139 personas alojadas en alcaidías y ninguna aún en las comisarías, podemos tomar dimensión del crecimiento de estos casos. Es decir, en tres años, la población alojada en estos espacios aumentó más del 900% e, incluso, el 12% de las personas se encuentran cumpliendo condena”, subraya el informe.
En ese sentido, hace un recorrido por diferentes problemáticas que ocurren en esos espacios de detención: “Las celdas no tienen luz natural ni ventilación adecuada porque algunas no cuentan con ventanas y se encuentran casi herméticamente cerradas. Los detenidos deben hacer turnos para acercarse a las ventanas tipo tragaluz con el objetivo de respirar aire fresco, sobre todo en épocas de altas temperaturas. Los colchones no alcanzan para todos, la mayoría duerme en el piso, sobre cartones. El hacinamiento en algunas celdas obliga a hacer turnos para dormir porque no entran todos acostados a la vez. Las condiciones de detención son tan extremas y la vida cotidiana en esos espacios es tan difícil que los detenidos organizaron varias protestas exigiendo ser trasladados. En una de ellas tomaron a un policía de rehén”.
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