El convenio fue firmado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y aprobado por la Legislatura porteña. La oposición denunció “extractivismo urbano”.
La semana pasada, el bloque de Vamos Juntos consiguió aprobar un acuerdo con Profidu S.A., Mitre Construcciones S.A. y Pedro Lionel Marsiglia por un terreno en la calle Juana Manso 350, en el Dique 4, de Puerto Madero. Es un lote de 3593 metros cuadrados que era propiedad de la Corporación Antiguo Puerto Madero SA y que fue subastado por 14 millones de dólares en noviembre de 2019. Si bien en la primera licitación el inmueble estaba tasado en 20 millones de dólares, meses después se redujo el precio y se le permitió a los compradores cancelar la mitad del saldo en pesos.
Con la nueva normativa se cambia el código urbanístico y se podrá construir un edificio de perímetro libre de hasta 50 pisos. Como contraprestación, las empresas pagarán dos millones y medio de dólares “que serán destinados a gastos erogados como consecuencia de la emergencia sanitaria” por el coronavirus y para la construcción de “una plaza pública en homenaje a las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina”.
El legislador del Frente de Todos, Matías Barroetaveña lo calificó como un “negocio inmobiliario» y dijo “es igual a las viejas excepciones del Concejo Deliberante”. En diálogo con Tiempo Argentino, el diputado sostuvo que de esta manera se le transfiere plata a un privado “porque le venden la tierra pública y después le cambian la normativa y de esta manera le transfieren plata”.
“La trampa que vemos es que ganan más metros porque la normativa le da para hacer un edificio entre medianeras. Para hacer eso vos tenés que dejar huecos para que entre el aire y la luz a los ambientes. En cambio, cuando tenés esas torres de perímetros libres todos los ambientes dan afuera, entonces te permite construir más metros. Calculamos que ahí tienen 12.000 metros más y la incidencia del metro cuadrado del terreno que puede ofrecerse en el mercado como mínimo a 1100 dólares aproximadamente. Eso da como 10 millones. mientras que la ciudad dice que la plusvalía es de 4 millones”, afirmó Barroetaveña.
La legisladora de Vamos Juntos, Victoria Roldán Pérez, defendió el proyecto y dijo que “es un cambio de altura y de morfología”.
“La altura propuesta se equipara con la norma vigente de la parcela 1 d, que está lindera, por eso consideramos que este convenio es oportuno porque permite generar una continuidad del tejido urbano del sector», indicó.
En la votación, el bloque oficialista consiguió 32 votos a favor (Vamos Juntos y UCR – Evolución). Sin embargo, no sumó los votos habituales de la Coalición Cívica, que decidió abstenerse, ni del legislador Sergio Abrevaya. Los rechazos fueron del bloque Frente de Todos, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y de Autodeterminación y Libertad.
Según un informe del despacho de Barroetaveña, las firmas Profidu SA, creada en el 2017, y Mitre Construcciones SA se dedican al desarrollo de real state, mientras que Lionel Pedro Marsiglia, es el presidente de Financiera INAER SA, dedicada a la gestión financiera y asesoramiento de empresas. “Le están permitiendo construir en altura. Nosotros le cuestionamos el cálculo que hacen porque en el convenio urbanístico no tomaron en cuenta que los pisos más altos son más caros. Le pusieron los mismos metros y no tomaron en cuenta la altura. Siempre todas las condiciones son beneficiosas para el comprador. Por ejemplo, puede tardar cinco años en iniciar las obras. Tiene una multa de 500 dólares diarios por no cumplir con las cosas y cuando se les vendió el terreno se lo permitieron pagar al dólar oficial. Lo que uno ve es un Estado bobo y atrás siempre hay vivos que están haciendo negocio”, denunció el legislador.
Este es el tercer proyecto de este tipo. A fines del año pasado, se aprobaron dos convenios urbanísticos para ampliar la capacidad constructiva de dos predios ubicados en Villa Crespo y en Palermo. Se trata de los terrenos pertenecientes a Sastrería Militar, ubicados entre la avenida Dorrego y las calles Clay, Báez, Huergo y el Campo Argentino de Polo, que habilitan a las empresas Kilómetros S.A y Arkinver S.A, dueñas de los terrenos, a construir una torre de 96 metros de alto a cambio de 2.5 millones de dólares y la cesión de una de las parcelas para construir una plaza.
El otro es por el polígono ubicado en Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velasco y las vías del ferrocarril San Martín. Allí le da lugar a la empresa Koolhaas S.A a incrementar la superficie de construcción de 40 mil a 51 mil metros cuadrados con una altura de 37,60 metros por un millón de dólares y una parcela destinada a espacio público.
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