Para la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), un nuevo régimen penal juvenil es necesario, "porque nos estamos manejando con un decreto de la dictadura", pero que bajar la edad de imputabilidad no lo es.
–¿Se consultó el proyecto con todos los sectores involucrados?
–No sabemos si es el mismo proyecto que se planteó en 2017, cuando el ministro de Justicia llamó a una amplia cantidad de gente para opinar. Cuando llegó el momento de votar la baja de la edad, de las 50 o 60 personas que había en el ministerio, todos votaron en contra salvo tres: una de la Fundación Sur, un dirigente de un partido político desconocido de extrema derecha y una jueza del interior. Consenso no hay. Después, no nos llamaron más.
–¿Cuál es la característica más crítica del actual sistema?
–La externación compulsiva. Viendo las estadísticas, la gran mayoría de los chicos que cometen delitos lo hacen contra la propiedad, con lo cual a lo mejor no tendrían ni que estar encerrados, porque si un adulto roba un celular no va preso. Si un adolescente lo hace, seguramente lo dejan adentro por varios años en institutos de menores que son cárceles de niños. Hay que ir hacia un sistema que considere a los chicos como sujetos de derechos. Prometen que van a hacer centros, políticas y jueces especializados, pero armar toda esa estructura, si es que la hacen, va a llevar años. Mientras tanto, vamos a tener más chicos presos a edades más tempranas.
–¿A qué debería apuntar el nuevo régimen?
–A la prevención. A los chicos que cometen delitos les falta un proyecto de vida, y la solución es la escuela, con todas las dificultades que tiene en este momento. Ese es el único lugar de contención. Se quiere discutir esto justamente cuando en la Ciudad de Buenos Aires se están cerrando las escuelas nocturnas, instrumentos clave para los adolescentes que buscan terminar los estudios. Tenemos que ofrecer una política pública de inserción o reinserción. Todos estamos de acuerdo en que hay delitos gravísimos, como homicidios, secuestros extorsivos, que ameritan situaciones especiales, pero es tan reducida la cantidad de los chicos que los cometen que tendríamos que trabajarlos con una especificidad absoluta. Para el resto de los chicos debería haber medidas socioeducativas, que en este momento no existen.
–¿Sirve comparar con la edad de imputabilidad en otros países?
–No existe un país en el que se haya bajado la imputabilidad a edades mínimas y que esa medida haya servido para algo. Si esto no se acompaña de políticas públicas, ¿para qué tenemos que armar semejante escándalo, que además es cíclico y espasmódico? «
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