«No existió asociación ilícita alguna», sostuvo el ex titular de Vialidad

Comenzaron las indagatorias en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública, que tiene a Cristina Fernández entre las acusadas. La senadora fue autorizada para no estar presente en esta audiencia.

El ex director de Vialidad Nacional de la década pasada, Nelson Periotti, aseguró este lunes que «no existió asociación ilícita alguna», al declarar en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

«No tuve conocimiento ni ninguna participación en esa presunta asociación ilícita y, lo tengo que decir aquí por primera vez y lo voy a repetir en este juicio: no existió asociación ilícita alguna», sostuvo Periotti ante el Tribunal Oral Federal 2.

El juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública y otros delitos en Santa Cruz se reinició poco después de las 10 con el comienzo de las indagatorias y sin la presencia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue autorizada a ausentarse al debate.

En primer lugar pasó al estrado de la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 el ex titular de Vialidad de la provincia de Santa Cruz Héctor Garro, quien se negó a declarar pero hizo breves aclaraciones.

«Es falso totalmente que yo haya adjudicado 52 obras a las empresas del señor Báez. Fui presidente de octubre de 2005 a marzo de 2006, cinco meses. Nunca pude haber participado de ninguna adjudicación», sostuvo.

Casi de inmediato fue el turno de Periotti, quien hizo una cronología de su vida como funcionario público en Santa Cruz, hasta que fue nombrado al frente de Vialidad Nacional cuando el fallecido Néstor Kirchner llegó a la Presidencia de la Nación.

«Se nos acusó de haber traído gente de confianza, amiga, para cubrir las estructuras. Yo llegué absolutamente solo a Buenos Aires», sostuvo, y remarcó que dejó en sus puestos a sus dos secretarias privadas de carrera y a la mayor parte de la estructura del organismo nacional.

Periotti enumeró a los actuales funcionarios del organismo y remarcó que provienen de empresas como Ausol y IECSA. «Fíjese qué diferencia señor juez», sostuvo al dirigirse al juez Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral.

Además remarcó que la construcción de rutas fue una «política de Estado del presidente Néstor Kirchner que después continuó nuestra ex presidenta Cristina Kirchner» y puso como ejemplo la ruta nacional 40, donde se contrataron 27 obras.

Sobre la empresa del detenido y juzgado junto con él, Lázaro Báez, sostuvo que recién en agosto de 2006 supo de la existencia de Austral Construcciones.

«Conocía a Lázaro como vecino de Río Gallegos, pero no tenía información de la conformación de Austral Construcciones. Nunca me enteré», dijo.

Sobre el final de la audiencia, Elizabeth Gasaro, defensora de Báez, le reclamó al tribunal que el juicio se suspenda hasta que se resuelvan los «múltiples planteos» radicados en la Corte Suprema de justicia para evitar que ocurra algo similar a los que pasó el viernes cuando la Cámara Federal de Casación Penal anuló el juicio en el que el valijero Leonardo Fariña fue condenado a 4 años de prisión por evasión impositiva en la compra de un campo y se ordenó acumular ese caso al juicio que se le sigue a Báez por lavado de dinero.

Por el supuesto direccionamiento de la obra pública son juzgados la ex presidenta, los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Báez, entre otros acusados.

Nuevo juicio a De Vido

El ex ministro y actual diputado deberá volver a enfrentar a un tribunal oral ya que el juez federal Luis Rodriguez lo envió a juicio oral, junto a a su ex mano derecha Roberto Baratta y a otros 17 procesados, por presunta defraudación en los Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT).

El magistrado realizó un cierre parcial de la investigación y envió a sorteo de un Tribunal Oral a 19 procesados por supuesta «defraudación por administración fraudulenta», entre ellos De Vido, Baratta, el ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, y el intendente de Rio Turbio Atanasio Perez Osuna.

Se trata de la investigación que derivó en el desafuero a De Vido en la Cámara de Diputados y su inmediata detención en octubre de 2017, por orden de la Cámara Federal porteña.