El Negacionismo se basa en cuatro aseveraciones fundamentales. Una sostiene que la cifra de víctimas es exagerada. El objetivo: imponer que el holocausto fue un mito inventado por los judíos para incrementar la fortuna de Israel. Un negocio sangriento». El textual es un fragmento de la exposición donde la historiadora estadounidense Deborah Lipstadt demuele la coartada de la “verdad histórica» que suelen blandir los neonazis para negar el genocidio.

Es lo mismo que persiguen en la Argentina quienes cuestionan que los desaparecidos fueron 30 mil, una cifra que simboliza la brutalidad de la dictadura cívico-militar y tonifica el camino de Memoria, Verdad y Justicia. 

Como ocurre con los negacionistas del Holocausto, quienes cuestionan el número de desaparecidos pretenden sembrar sospechas sobre supuestas motivaciones económicas de víctimas y deudos. El «curro de los Derechos Humanos», le dicen.

Una decena de países europeos sancionan las expresiones negacionistas. Uno de ellos es Francia, donde el presidente Alberto Fernández se comprometió a elaborar una ley que penalice la negación del genocidio argentino. En el colmo del cinismo, apologistas y cómplices de la dictadura replicaron que la norma violaría la libertad de expresión. Con mejores intenciones, voces comprometidas con la lucha por los Derechos Humanos sostienen que, contra el negacionismo, es mejor educar que sancionar, para no victimizar a los victimarios. No parecen ser acciones excluyentes, pero el debate está abierto.

Es probable que el anuncio presidencial contenga alguna dosis de especulación política. Que la penalización del negacionismo, como el envío al parlamento de un proyecto que legalice el aborto, busquen inocluar en la agenda del debate público iniciativas alternativas a la marcha de la economía, donde el gobierno corre de atrás. Es posible, también, que con esas propuestas Alberto F. busque consolidar su narrativa y ampliar su base de sustentanción. Pero el eventual cálculo político no le resta impacto a medidas de primera necesidad. 

En el caso del aborto, porque aborda una problemática de salud pública que afecta a unas 500 mil mujeres al año. En el caso del negacionismo, porque pone sobre relieve una situación latente: quienes niegan los crímenes estatales del pasado suelen justificar las injusticias del presente. ¿O acaso la persecución política ejecutada durante el régimen macrista no se apoyó en una versión remixada del “Por algo será”, que mezcló espionaje ilegal, operaciones judiciales e intoxicación mediática?

«En la dictadura hubo muchos detenidos con procesos judiciales arbitrarios y nadie dudó en llamarlos presos políticos» parangonó el viernes Elisabeth Gómez Alcorta. La actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad fue abogada de Milagro Sala, cuya detención inició el programa de persecución político-judicial contra la oposición, que sigue vigente con varios casos de procesos y prisiones arbitrarias.

Ya se sabe: negar el pasado es una invitación a repetirlo. «