Después de estar prófugo durante meses, el cuñado de De Vido fue detenido el domingo por la noche, en el marco de la causa que investiga la mafia de los contenedores. La indagatoria seguirá el miércoles.
«El juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, ordenó este lunes que la Policía Federal Argentina realice un allanamiento en la vivienda en donde se alojaba en la localidad de Chapamalal Claudio Minnicelli, quien comenzó a ser indagado. La indagatoria continuará el miércoles próximo, luego de que la defensa de Minnicelli solicitara un plazo de 48 horas para tener acceso al expediente», se informó este mediodía a través del Centro de Información Judicial (CIJ).
Según trascendió de fuentes judiciales, el ahora detenido empresario se negó a responder preguntas en el marco de su indagatoria, iniciada luego de que el juez Aguinsky le leyera los cargos en su contra.
En ese marco, el abogado defensor de Minnicelli, Luis Vila, pidió tiempo para leer el expediente por lo que el juez dispuso que el detenido vuelva a declarar este miércoles al mediodía, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Durante la mañana, el magistrado también ordenó allanar la vivienda en donde se alojaba Minnicelli en la ciudad de Chapadmalal, donde fue arrestado ayer, según informó el Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema.
Tras negarse a declarar, y luego de que el juez lo viera desmejorado, Minnicelli fue atendido por un equipo de médicos que lo encontraron con un pico de presión y su defensa informó que padece afectaciones cardíacas.
Antes de llegar a los Tribunales, el cuñado de De Vido fue llevado a la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, donde le hicieron los trámites de rutina para darle el ingreso al sistema penitenciario federal. Según se informó, el detenido permanecerá allí hasta el miércoles, cuando volverá a ser trasladado a la sede tribunalicia de avenida de los Inmigrantes para su indagatoria.
La captura de Minnicelli fue realizada ayer por personal del Destacamento 8vo. de Estación Chapadmalal, en la calle 9 entre 20 y 22 de esa localidad bonaerense, a partir de información que proporcionó una persona de su entorno a cambio de la recompensa de 250.000 pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, según confirmó la titular de esa cartera, Patricia Bullrich, en declaraciones a la prensa.
El 13 de enero último, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) había rechazado eximir de prisión a Minnicelli, cuando ya estaba prófugo de la Justicia, luego de que se dictara su detención en la causa conocida como «mafia de los contenedores», la que investiga a una banda de empresarios y funcionarios aduaneros que liberaban contenedores con mercadería de contrabando.
Días antes, la Cámara en lo Penal Económico había confirmado el procesamiento con multimillonarios embargos de varios implicados en el sumario penal que instruye el juez Marcelo Aguinsky, entre ellos el empresario Carlos Oldemar Barreiro Laborda y el «arrepentido» Federico Tiscornia, hermanastro de un ex magistrado de ese fuero.
La causa en la que se investigan maniobras de contrabando durante el año 2016 se originó a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) luego de una investigación en la que se detectó que habían sido falseados cientos de registros de importación.
Los registros de importación contienen la información referida al peso y elementos de los contenedores con productos importados y si no coincide con lo que efectivamente está siendo ingresado al país, los importadores deben pagar multas y, en caso de que la mercadería no sea reclamada, queda bajo observación judicial.
A principios de septiembre pasado, el juez Aguinsky recibió una serie de escuchas judiciales que habían sido ordenadas por el juez federal Luis Rodríguez en el marco de otro expediente, pero que podían tener que ver con lo que él estaba investigando.
Las escuchas que recibió Aguinsky de parte de Rodríguez involucraban a las mismas personas que él estaba investigando y en ellas se daba cuenta de una serie de maniobras para destrabar containers que habían sido retenidos en la Aduana y estaban bajo observación.
Cuando dispuso los primeros procesamientos en la causa que ya tiene 11 detenidos, el juez sostuvo que «se sospecha aquí que la modalidad de engaño ideada involucraría desde la confección de conocimientos de embarque apócrifos, la adulteración de datos a través de los sistemas informáticos de la Aduana y/o la solicitud de rectificación de la documentación que acompaña las cargas».
La maniobra «involucraba la confección de Bill of Lading (documentos de embarque) apócrifos, la incorporación de información falsa a través de los sistemas informáticos de la Aduana, y la presentación de multinotas rectificatorias de la información consignada en los permisos de embarque».
Según la investigación judicial, la banda estaría compuesta, entre otros por el Federico Tiscornia -hermano de un ex juez- que cuando declaró como arrepentido aseguró que los jefes eran el empresario paraguayo Oldemar Barreiro Laborda, ex dueño de la empresa de seguridad para autos Lo Jack, y Minnicelli.
«Cuqui» Laborda es un empresario cuyo nombre se había tornado celebre cuando apareció mencionado en la denuncia del Ministerio de Seguridad por la que el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, fue apartado momentáneamente de su cargo hasta que el presidente Mauricio Macri ordenó que fuera repuesto.
La banda investigada estaba compuesta además por Edgardo Rodolfo Paolucci, Néstor Frega, Claudio Minnicelli, Osvaldo Giacumbo, Vanesa Calamante, Mauro Del Mastro, Martín Aníbal Corral, Santiago Jiménez y Rodolfo Trebino.
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