En el gobierno intentan que la bala de las protestas universitarias no entre. Abrazados a su discurso anti reclamo -que se extiende sin límite a cualquier tipo de pedido que venga de la sociedad civil-, en el oficialismo afirman que no cederán y se mantendrán firmes en su postura. Sin embargo, y a pesar de todos los malabares para intentar caer bien parados, lo cierto es que la bala estudiantil entró.

Desde que el Congreso dio luz verde al veto de la ley que buscaba aumentar las partidas, el conflicto universitario se extendió como una llamarada a lo largo y ancho del país. Rectorados y centros de estudiantes que nunca antes se habían sumado a una movilización -los dos más llamativos son la Facultad de Derecho e Ingeniería de la UBA y la Universidad de La Matanza- dejaron de lado la pasividad que solían adoptar y se sumaron a las tomas.

Con este escenario, en el gobierno intentan -sin éxito- evadir la problemática. La línea que se bajó en el oficialismo fue confrontar a quienes intentan corromper el orden social. “Los zurdos quieren voltearnos”, se le escuchó decir a un alfil del presidente en los pasillos de Casa Rosada. Los dichos del miembro de la mesa chica libertaria se dieron luego de que el presidente dejara la puerta abierta a un posible arancelamiento de las universidades en su discurso de reinauguración del ex CCK, ahora Palacio Libertad, que provocaron que se incrementen las protestas en los centros de estudiantes.

Esta ola estudiantil, que muchos opositores se entusiasman con comparar con el Cordobazo, obligó al primer mandatario a soltar el acelerador y aclarar que en el gobierno no tienen planeado arancelar las universidades. “La universidad va a seguir siendo pública, eso no se toca”, sostuvo Javier Milei en una entrevista. La misma misericordia, sin embargo, no se replicó con las auditorías que quiere poner en marcha a como dé lugar. 

“Todos los que hacen este revuelo… ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de delincuentes de la política?¿Ustedes están a favor del robo? Como esto está siendo pagado por todos los argentinos, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados”, dijo el libertario en la mañana del martes a Antonio Laje.

En este sentido, esta mediodía el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, firmó un dictamen con el que habilita a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a funcionar como órgano auditor de las universidades nacionales. La nueva resolución llega como respuesta a la disposición que firmó su antecesor, Carlos Zannini, en 2022. El movimiento del gobierno esconde, además, un guiño al PRO, que desde hacía semanas le reclamaba al oficialismo que modifique la norma aprobada durante el extinto Frente de Todos.

Con los estudiantes decididos a mantener hasta el final su reclamo, el oficialismo inició un operativo de desprestigio para con este sector y las cabezas de las casas de estudio. En las últimas horas, Twitter -la calle virtual que busca dominar el libertarismo- se llenó de críticas sobre el estilo de vida de los rectores y otras autoridades universitarias en un intento, por el momento fallido, de poner a la opinión pública contra ellos.

También lo hicieron contra los propios estudiantes. En este caso, quien se puso en el frente de batalla fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien comparó este reclamo con la turbulencia política de la pre-dictadura. «En la década del ’70 también se tomaban universidades y después se generaba un movimiento que utilizaba la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión», dijo sin pudor el ex funcionario peronista.

Los dichos del titular de los ministros, el más dialoguista dentro de las arcas libertarias, allanaron el terreno para que los propios militantes de ultraderecha exigieran presencia policial dentro de las universidades, un hecho que violaría por completo la autonomía de las mismas. En el gobierno, sin embargo, se despegaron de esta posibilidad.

“La ley de educación superior, en su artículo número 31, especifica que dentro de las universidades no pueden ingresar fuerzas de seguridad que no cumplan con el requisito de que hayan sido solicitadas por la Justicia, o por las autoridades de las universidades. Hay que entender que la responsabilidad es también de cada uno de los rectores. Para nosotros es un tema terminado”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en su primera conferencia luego de una semana de silencio. 

La misma línea sostuvo ante la consulta sobre la posible aplicación del protocolo antipiquete en las clases públicas que se dictan desde hace varios días en las calles de las principales Facultades. “Es competencia de la Ciudad”, se limitó a aclarar.

Con la opinión pública siguiendo de cerca cada uno de los pasos de la gestión libertaria, el gobierno deja correr que no se dejarán seducir por las encuestas, aunque sus movimientos exponen lo contrario. Sin cerrar las puertas de una posible nueva discusión, en el oficialismo no descartan una nueva ronda de negociaciones, pero con una única condición: no moverse ni un ápice del plan anti deficitario.

“Acá está el Presupuesto, díganme cómo lo vamos a arreglar: yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva”, intentó conciliar el presidente.