Milagro para Magnetto y otras casualidades

La misma tarde en que se cumplieron once meses de la detención de Milagro Sala en una cárcel del régimen jujeño de Gerardo Morales, los argentinos merendamos la noticia de que el juez federal Julián Ercolini determinó la inocencia en Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la demorada causa en que se investigaba el traspaso de Papel Prensa de manos de la familia Graiver al grupo empresario integrado por los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura cívico-militar. El juez debía determinar si la empresa fue adquirida a precio vil y arrebatada bajo tormentos en un camastro de tortura a la familia, propietaria de la firma hasta 1976. Ercolini precisó en su fallo que no fue así y que «la formación del presente proceso no afecta en nada el buen nombre y honor del que hubiere gozado». Para el juez los empresarios son inocentes. No hubo errores ni excesos. Entonces las secuelas que la picana, las amenazas y las vejaciones dejaron en el cuerpo y en el alma de Lidia Papaleo de Graiver (por mencionar sólo a una de las víctimas de aquel horror) las deberá seguir sobrellevando como estigma de impunidad.

Para aquellos que creen que el pasado está sepultado, que lo que ocurrió hace 40 años no repercute en el presente habría que recordarles que la complicidad civil -si es que se puede definir como complicidad a un accionar conjunto, indisoluble- goza el sueño de los injustos. La pata civil de la maquinaria criminal disfruta en libertad de sus privilegios, con la única excepción de Marcos Jacobo Levín, dueño de la compañía de transporte La Veloz de Norte, a quien la justicia salteña condenó por delitos de lesa humanidad como instigador del secuestro del chofer Víctor Cobos.

Tampoco se puede analizar la prisión de Milagro en Jujuy sin recordar que en noviembre de 2012 la justicia procesó Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ingenio Ledesma por el presunto delito de haber sido cómplice de la privación ilegal de la libertad de 29 personas secuestradas durante la noche del terrorismo de Estado. Blaquier no es negro ni coya. No estuvo ni una hora preso. Y debe andar disfrutando de las bondades de ese «cóctel siniestro del kirchnerismo» que es un buen aire acondicionado (a decir de Mauricio Macri) para soportar el sopor agobiante de la elevada sensación térmica de impunidad que reina en Jujuy.

Y ese pasado que se fortalece por la falta de justicia derrama sobre nuestros días no sólo despotismo caudillesco en el norte de la Patria.
Si el universo de los poderosos es la impunidad, la corporación judicial es el campo fértil para que actúen sin control. Ahí radica la inseguridad. La arbitrariedad de los que acosan a sus anchas porque el aparato mediático-político-judicial los ampara.

En las últimas horas se conocieron varios hechos alarmantes que deben ser subrayados y puestos en contexto. En medio de la vorágine de lo cotidiano pueden quedar peligrosamente relegados a un segundo plano y atentar contra la libertad de expresión.

Por un lado, las amenazas de bomba contra C5N durante la emisión del ciclo del periodista Roberto Navarro. Naturalizar que algo así suceda es suicida.

También el robo y la vandalización de las redacciones de la revista Anfibia (publicación digital de un periodismo narrativo de excelencia) y Cosecha Roja, el sitio que bucea sobre las distintas violencias que azotan el presente social, entre ellas, claro, la violencia institucional. Ambos medios creados y dirigidos por el periodista y escritor Cristián Alarcón. Será la justicia la que determine si se trató de un simple robo o hubo alguna otra intención en el ataque que sufrieron en una redacción ubicada en una de las zonas de la Ciudad más custodiadas, frente al edificio de la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación en el centro porteño.
Y por último, el acoso judicial que sufre el colega Alejandro Bercovich, con fines inequívocos de afectarlo en su derecho de ejercer libremente su oficio.

El jefe de la UCR en la Capital Federal, Emiliano Yacobitti, lo demandó por daños y perjuicios.

Bercovich había investigado a Yacobitti por ser parte de una presunta trama de corrupción y demás irregularidades que vincularían a la Universidad de Buenos Aires y el Hospital Clínicas. El periodista hizo pública su denuncia en C5N. El caso tuvo amplia repercusión en Twitter y el radical accionó judicialmente contra Bercovich por excederse en su rol profesional y lo acusó de «persecución sistemática desde las redes sociales». Una demanda que inicialmente fue desorbitadamente millonaria porque el dirigente quería resarcimiento económico por cada tuit crítico contra él. No hubo mediación porque el colega nunca fue notificado fehacientemente y tras esa maniobra arrancó el proceso judicial. La demanda bajó de millonaria a 75 mil pesos, quizá el 3% que hay que abonar de tasa judicial llevó a la reflexión al demandante, pero lo concreto es que en la pretensión de disociar el trabajo profesional de Bercovich entre su rol de periodista de radio, gráfica y tevé, y su labor (también) como periodista en las redes sociales, estamos ante un caso novedoso de mordaza contra la prensa en su versión siglo XXI. Cabe recordar que Yacobitti es presidente de la UCR porteña y secretario de Hacienda de la UBA. La denuncia periodística no fue contra un particular.
Y un dato más.

El abogado de Yacobitti que redactó el escrito contra el periodista es Alejandro Fabio Pereyra, actual director de legales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), ente que entre otras atribuciones debería velar por la libertad de expresión. Pero no solo eso, Pereyra fue director general de Asuntos Legales y Normativa por concurso, hasta el 19 de febrero 2002 del Comité Federal de Radiodifusión, COMFER (organismo previo a la AFSCA, actual ENACOM).
Y hay más.

El 14 de noviembre de 2012 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante la postulación de Pereyra para integrar la AFSCA, alertó que «durante el ejercicio del rol del Sr. Pereyra en el cargo citado, en ocasión de la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001, se cursó desde el COMFER una circular a medios de radiodifusión de carácter intimidatorio. Al respecto, el 26 de diciembre de 2001, el diario La Nación publicó un editorial titulado ‘Inadmisible intento de censura’. Allí se destaca que ‘la advertencia del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) acerca de que está vigente la norma que permite disponer la caducidad de la licencia de los medios encuadrados bajo la jurisdicción de ese organismo, en caso de que sus emisiones transmitiesen contenidos o formas de expresión susceptibles de provocar conmoción o alarma colectiva, configuró una velada amenaza contra la libertad de información’».

El COMFER con Pereyra como directo de Asuntos Legales quiso imponer que los medios de comunicación no cumpliesen su función básica: mostrar, contar, denunciar, informar lo que ocurría en aquellas jornadas imborrables de la memoria colectiva del pueblo cuando la Alianza abandonó el gobierno dejando casi 40 muertos con su criminal represión y a millones de argentinos sumidos en la peor crisis política, económica e institucional de la historia democrática argentina.

Pero la preocupación oficial en su huida fue intentar amordazar a la prensa.

Pereyra hoy cumple funciones en el ENACOM.

De aquel gobierno aliancista fue viceministro de Desarrollo Social, Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy, quien ante la requisitoria de la ONU y otros organismos internaciones por la inmediata liberación de Milagro Sala dijo «no voy a liberar a esa mujer», que es como decir «el Estado soy yo».

Mañana se cumplen 15 años de 19 de diciembre de 2001.

¿Quién dijo que el pasado quedó atrás si hasta la Navidad nos encontrará a los argentinos con presos políticos? «