Son la Corriente Sindical Federal y la Confederación de Trabajadores Municipales, que ayer exigieron que la entidad madre del sindicalismo convoque a un paro en caso de que los ministros no anuncien soluciones a la agenda de los gremios.
Las iniciativas suman una nueva voz crítica a la voluntad del Triunvirato de privilegiar las negociaciones con la administración nacional. La CSF y la CTM se sumaron de esa manera a otros sectores de la CGT que mantienen un perfil crítico como el moyanismo.
Desde este último espacio, el secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, fue responsable de fuertes definiciones contra la conducción tripartita de la entidad madre del sindicalismo local. A su vez, las CTA que encabezan Hugo Yasky y Pablo Micheli constituyen la otra pata crítica que reclama una medida contundente para repeler la avanzada de Cambiemos sobre el trabajo local.
Tras realizar su plenario de secretarios en la sede de los gráficos bonaerenses, la CSF reclamó que el gobierno «debe garantizar, mediante la declaración de la emergencia ocupacional, la inmediata suspensión de los despidos» y «la inmediata reapertura de paritarias junto a un incremento real y adecuado, tanto de las jubilaciones como de todas las asignaciones sociales».
A su vez reclamó que la administración cumpla «de inmediato con el compromiso electoral de derogar el impuesto al salario», así como también «asegurar la Defensa del empleo argentino, y en función de ello suspender las importaciones indiscriminadas».
En función de los indicadores negativos de la economía «se impone el cambio de la política económica», por lo que en caso de no obtener satisfacción a esos puntos «volvemos a sostener que la Confederación General del Trabajo, debe convocar a un paro general de actividades y definir un plan de Acción», afirmaron estos gremios por medio de un comunicado.
Por su parte, la Confederación de Municipales también dirigió un mensaje a la CGT en la previa de la reunión con Triaca y Quintana. En el texto exigió convenios colectivos; salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores del sector; salario familiar igualitario; estabilidad en el empleo; rechazo a cualquier intento de privatización y/o tercerización de los servicios públicos municipales; defensa de los sistemas de seguridad social provinciales. No a la armonización previsional impulsada por el gobierno nacional. Defensa del 82% móvil para los jubilados; y cese inmediato de la criminalización de la protesta y de toda represión a los reclamos gremiales.
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