Este 24 de marzo demostró, una vez más, que la política de Memoria, Verdad y Justicia junto al NUNCA MÁS, que fueron fundantes de esta nueva democracia, siguen más vigentes que nunca.
Pretender reducir las multitudinarias marchas y diversas plazas a una interna gubernamental, no sólo es de ignorantes o malintencionados, es desconocer lo que pasó en las calles donde cientos de miles de todos los colores políticos nos unimos en la conmemoración y la lucha.
Sin embargo, sí deben preocuparnos y ocuparnos las expresiones negacionistas, que aunque aisladas y minoritarias, comienzan a pulular en algunos medios de comunicación sin que los entrevistadores cuestionen la reivindicación encubierta del terrorismo de Estado.
Conviene repasar un poco nuestra historia reciente.
Estamos por cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, el período más largo desde que el Pueblo vota sin condicionamientos. Recordemos que entre 1853 y 1916 sólo votaban las elites en una democracia restringida. En 1890, 1893 y 1905 se produjeron revoluciones civiles para conseguir el voto popular consagrado sólo para los varones en 1912.
Tuvimos 14 años de democracia plena desde 1916 hasta 1930, fecha en el que comienza un período de 53 años de golpes, proscripciones, gobiernos fraudulentos y gobiernos democráticos. En esos 53 años sólo un gobierno elegido por el pueblo terminó su mandato, el primer gobierno de Perón. Por eso, es tan importante este período democrático.
La Memoria también implica recordar que la democracia no era un bien tan preciado en nuestra sociedad y que fue después de la última dictadura ciívico-militar, la más sangrienta y genocida jamás vivida, que los argentinos establecimos un pacto democrático no escrito, que fue el NUNCA MÁS.
Nunca más a un golpe, a la interrupción del orden constitucional. Nunca más a las violaciones de los derechos humanos, a las torturas, desapariciones y asesinatos por parte del Estado. Esta política fue única en el mundo. Por primera vez una democracia juzgaba a través de los tribunales ordinarios, a los máximos responsables de un genocidio, garantizando el juez natural y las garantías de defensa en Juicio. El único antecedente hasta ese momento era el juicio de Nüremberg, en la segunda guerra mundial, en donde los ejércitos vencedores habían juzgado en tribunal militar a los jerarcas del nazismo. Argentina llevó adelante el juzgamiento rodeada de dictaduras militares gobernadas por los mismos dictadores que habían ejecutado el Plan Cóndor. Se necesitaba un coraje cívico y un convencimiento democrático enormes para llevar adelante esa política que hoy es ejemplo en el mundo.
El Juicio a las Juntas de 1985 junto a la política de Memoria, Verdad y Justicia impulsada por el gobierno, que generó las condiciones para que el Congreso derogara las leyes del perdón y la justicia declarara la inconstitucionalidad de los indultos, establecieron las bases de esta democracia.
Terrorismo de Estado
La última dictadura tenía como gran objetivo lo que no habían logrado las anteriores: desarticular el modelo industrialista autónomo que tenía nuestro país y para ello era necesario terminar con la resistencia obrera organizada.
El terrorismo de estado fue la herramienta. El terror paralizante, los secuestros y torturas, las cárceles clandestinas, las violaciones, las desapariciones, los asesinatos, los vuelos de la muerte, la sustracción de menores, todas esas vejaciones que redujeron la condición humana hasta degradarla a situaciones nunca vividas, estuvieron al servicio de un modelo económico cuyas consecuencias sufrimos hasta hoy.
El Terrorismo de Estado implica la subordinación del aparato estatal a una estrategia terrorista, es decir, a una acción para-estatal en la que las instituciones y el derecho más elemental no sólo no funcionan, sino que son reemplazados por la acción clandestina de secuestrar y matar utilizando ese aparato estatal.
En ese sentido, la justicia argentina en todas sus instancias, incluyendo la Corte Suprema de Justicia entendió que se trataron de crímenes de Lesa Humanidad (contra la humanidad), de acuerdo a los Tratados y Convenciones de Derecho Humanos suscriptos después de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto, el delito fue de Genocidio, siendo éste imprescriptible y no sujeto a perdón estatal. Se aplicó la misma doctrina jurídica que contra los crímenes del nazismo.
Esta es la verdad histórica, no sólo comprobada sino fundamentalmente sentenciada por todo el sistema judicial de nuestro país. Negar el genocidio como crímenes de lesa humanidad es mentir y solapadamente, apoyar esos crímenes.
Los negacionistas
Los negacionistas utilizan la misma lógica que los cobardes militares utilizaron como argumento para su defensa en el Juicio a las juntas: esto fue una guerra y por lo tanto hay dos bandos en pugna.
Como los represores argentinos tampoco respetaron los derechos internacionales de la guerra, como por ejemplo no torturar o no asesinar a un prisionero, hablaron de una guerra atípica, a la que llamaron guerra sucia.
Todos esos argumentos fueron absolutamente desbaratados no sólo en el Juicio a las Juntas, sino en todas y cada una de las sentencias posteriores, incluyendo a la Corte que confirmó los crímenes de Lesa Humanidad y se determinó la existencia de 340 centros clandestinos de detención, torturas, violaciones, secuestros, asesinatos, vuelos de la muerte, secuestro de bebés y robo de identidad, y centenares de etcéteras, que son los delitos cometidos en la oscuridad y por fuera de la Ley. En definitiva, un plan sistemático de desaparición de personas en el que no hubo ni errores ni excesos, todo estuvo pensado de antemano.
Cuando la Diputada Victoria Villarruel niega la cifra de 30 mil desaparecidos y dice (mirando a cámara) sólo fueron 8751 (sic), no sólo falta a la verdad histórica sino que cuestionando el número de víctimas, banaliza el tema para reivindicar el accionar de los militares y justificar los crímenes.
A los entrevistadores no se les cae la cara de vergüenza cuando esa diputada minimiza el asesinato de 9 mil personas según ella misma?
El número de desaparecidos no se va a saber jamás con exactitud. Los genocidas han hecho un pacto de silencio, al igual que con el robo de niños y destruyeron pruebas contundentes.
En 1979, cuando vino a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en plena dictadura) se denunciaron alrededor de 5500 desapariciones. Con la creación de la CONADEP el informe, concluido a mediados de 1984 (apenas 6 meses después de recuperada la democracia) el número de víctimas se acercó a 9000.
Con el correr de los años ese registro se fue ampliando y el número original se multiplicó por 3 en cada una de las provincias, superando el de los informes de la embajada de EEUU que ya en 1979 hablaba de más de 22 mil asesinatos. Por eso la cifra aproximada de 30.000 se tomó como simbólica para graficar la magnitud de nuestra tragedia.
Imaginemos por un instante que esas mismas personas dijeran que en el Holocausto no se asesinaron a 6 millones de personas de la religión judía sino a 4 millones. En qué cambia la tragedia? La discusión del número de víctimas esconde la negación del genocidio y trata de poner al otro, al que denuncia, en el lugar de la mentira y no de la verdad histórica.
Los negacionistas además, quieren reflotar la teoría de los dos demonios con la intención de justificar los crímenes de la dictadura como respuesta a la violencia de las organizaciones armadas. Lo que se juzga del Terrorismo de Estado es la respuesta ilegal y clandestina a la lucha contra dichas organizaciones. En lugar de aplicar las leyes, se aplicó el secuestro, la desaparición y el asesinato.
Los grandes partidos mayoritarios de la Argentina lucharon por conseguir la democracia o para recuperarla. Así surgieron desde las revoluciones radicales, la última en 1933 ,como la resistencia peronista de 1955 hasta el 73.
La historia se encargó de poner en su lugar a esas luchas contra el régimen oligárquico conservador ( en el caso del Radicalismo con 4 revoluciones) o contra la revolución fusiladora y su Resistencia, en el caso del Peronismo.
En 1972, el abrazo Perón –Balbín puso fin a la disputa entre las fuerzas mayoritarias y la voluntad de democracia se resumió en la Hola del Pueblo. Los argentinos bregamos por la paz y la Justicia y a partir de 1983 lo logramos. La democracia se basa en el pacto democrático de los argentinos que es el Nunca Más y así lo expresó el Fiscal julio César Strassera en el alegato final: …A partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’.”
Nunca Más, Nunca Más, Nunca Más