La asociación de familiares de las víctimas dio a conocer un duro documento y anunció el envío de “información relevante” a la Comisión de la Cámara de Diputados, que trata la denuncia que realizó Elisa Carrió hace unos días.
El texto de la asociación que nuclea a familiares y amigos de un grupo de las víctimas del atentado a la AMIA, afirma que “el ministro Garavano ordenó salvar a sus amigos imputados por irregularidades en la causa AMIA a través de la querella que representa al Estado argentino en el juicio por el encubrimiento del ataque terrorista, faltando a su responsabilidad de promover la búsqueda de verdad y justicia.
En primer lugar, efectuó presiones a los abogados apoderados de la querella del Ministerio de Justicia para que cambiaran su línea acusatoria en el juicio a una más alejada de los familiares de las víctimas y más cercana a los acusados de encubrir.
En segundo lugar, horas antes de que el Ministerio presentara su alegato final en el juicio y acusara a todos los imputados, Garavano removió al abogado a cargo y puso en su lugar a un letrado inhabilitado afín a sus amiguismos”.
Luego, el comunicado expresa que “la querella del Ministerio defendió y pidió la absolución de dos de los imputados por encubrir, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, cuya responsabilidad en el caso es innegable según las pruebas, las querellas, la fiscalía y a los profesionales del Ministerio de Justicia que trabajaron en la causa.
Tanto el ex titular de la Unidad AMIA del Ministerio, Mario Cimadevilla, como los abogados que participaron en el debate oral y público, los ex fiscales de la causa AMIA son culpables. Por ello, tras la maniobra irregular del Ministro, hicieron públicas sus posiciones contrarias al alegato presentado e incluso Cimadevilla, con el apoyo de la diputada Elisa Carrió, formalizó una denuncia penal contra Garavano por los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, cohecho y encubrimiento”.
Memoria Activa recuerda que Cimadevilla fue removido de su cargo y el Ministro comenzó a desmantelar la Unidad AMIA, traspasando lo poco que aún queda de ella a manos del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y al titular del programa Verdad y Justicia, Mariano Fridman, ambos ex funcionarios de la DAIA, quienes apoyaron su ya conocida posición también alejada de la justicia y defensista de los acusados, en particular de Mullen y Barbaccia y del ex presidente de la institución, Rubén Beraja.
“En conclusión –concluye la denuncia- consideramos que la querella del Poder Ejecutivo Nacional envió un fuerte mensaje político a las partes del proceso, al tribunal del juicio y a la sociedad altamente preocupante para las víctimas, quienes nuevamente nos encontramos con funcionarios inescrupulosos que anteponen sus propios intereses a los de la búsqueda de la verdad y la justicia. Un mensaje que resultará aún más preocupante si logra finalmente influenciar la decisión de los jueces.
El intento por parte del Ministro de obstaculizar la búsqueda de justicia implicaría, además, una violación de los compromisos asumidos por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (decreto 812/05) en su obligación de buscar la verdad e investigar a los responsables del atentado y a sus encubridores”.
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