Por la crisis en Santa Fe, buscan crearon 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario y otros 23 cargos judiciales. Perotti estuvo en el recinto.
Los legisladores de todos los partidos que representan a los santafesinos dijeron presente en el recinto para tratar el proyecto de consenso presentado por el oficialista Roberto Mirabella que propone crear 50 cargos: 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; 9 defensorías y 6 juzgados federales, 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión. Al término de la sesión la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moreau expresó: “Contar con una Justicia más justa, más rápida y efectiva contra el flagelo del narcotráfico permitirá una acción eficaz y eficiente para darle mayor seguridad a nuestra sociedad, a los jóvenes y al futuro de nuestra Nación».
El debate fue inaugurado por Mirabella quien calificó de “inédito que todos nos pongamos de acuerdo y firmemos un proyecto todos los legisladores de mi provincia. El proyecto es el objeto de fortalecer el sistema de justicia penal federal a los efectos de poder implementar el sistema acusatorio que sólo está vigente en Salta y Jujuy.
“Nuestra estructura federal en Santa Fe hace muchísimos años que es igual; lo último que creó este Congreso fue en 2012 el juzgado de Venado Tuerto y en 2006 el de Rafaela”, recordó Mirabella. En ese sentido señaló que el lavado de dinero es un delito que hace 30 o 40 años no existía. “La narcocriminalidad que se da en nuestra provincia no tiene demasiados antecedentes. Según la Procunar, se tramita en Santa Fe el 20% de las causas de droga de todo el país. La violencia urbana tiene niveles inusitados en ese distrito y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional”, agregó.
Tras finalizar la exposición de Mirabella en Pasos Perdidos, Perotti brindó una conferencia de prensa en donde destacó la importancia de “rescatar en momentos de mucha tensión y diferencias el trabajo de todos los legisladores de mi provincia y sectores políticos hicieron para presentar un proyecto común donde cada uno aportó y sacó lo mejor de sí, me parece que eso es un hecho saliente de la política nacional.
“Ojala que el Senado acompañe con la misma celeridad que en estas últimas semanas tomó la Cámara de Diputados y podamos tener este instrumento legal que fortalecerá una estructura de justicia federal raquítica que prácticamente no ha tenido cambios en los últimos 40 años”, expresó el mandatario provincial.
Asimismo, indicó que “ninguna provincia puede estar enfrentando la magnitud del desarrollo que en los últimos años han generado un problema estructural como es el delito federal del narcotráfico y el del lavado de dinero”.
En el recinto, también tomó la palabra la radical Ximena García quien explicó: “Este proyecto de reforma y fortalecimiento del Poder Judicial Federal busca implementar el Código Procesal Penal Federal para que el sistema acusatorio sea una realidad en Santa Fe, para dotar de herramientas a los fiscales para que puedan investigar de manera eficiente y rápida, para dotar de herramientas a los defensores y que garanticen el debido proceso, para que los jueces puedan cumplir funciones acordes al nuevo sistema acusatorio y también para resolver las asimetrías territoriales de la provincia”.
“Lamentablemente el contexto nos pone como prioridad. Nuestra provincia transita su peor momento, asediada por las bandas narcos, la violencia que escala sin precedentes, y perpetrándose crímenes complejos desde las cárceles federales por parte alguno de los pocos condenados. Celebramos que estemos tratando este proyecto, pero no podemos dejar de señalar que llegamos tarde y que si no hubiera sucedido lo que le sucedió a la familia Messi tal vez no estaríamos tratando hoy este proyecto”, remarcó.
Desde el Pro Federico Angelini cuestionó al Gobierno nacional por la falta de medidas contra el narcotráfico y apuntó: “No lo hacen porque priorizan los derechos de los delincuentes por sobre los derechos de todos los argentinos y rosarinos”. “El 10 de diciembre de 2023 a todos los responsables que nos llevaron a esta situación se les acaba la joda y la impunidad”, prometió en clave electoral.
En tanto Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) planteó que “tiene que haber vocación política para terminar con el sistema inquisitivo que tenemos en la justicia federal”. “Se pretende hacer creer o descreer que lo que estamos tratando puede resolver el problema del narcotráfico en Rosario”, cuestionó al tiempo que remarcó que “las responsabilidades son compartidas respecto del no funcionamiento del sistema acusatorio en el país”.
El presidente del interbloque Provincia Unidas, Luis Di Giacomo consideró como “rimbombante” manera de referirse a la lucha contra el narcotráfico. “Combate”, “guerra”, son los términos utilizados y, según sus palabras, “si analizamos el paso del tiempo, más se consume en el mundo”. “Evidentemente este combate, esta guerra, ha sido un fracaso”, sintetizó, advirtiendo que frente a eso “surge la voz de los legalizadores, que suponen ilusoriamente que una vez que legalicemos, se acaba el narcotráfico”.
Por su parte, Romina Del Plá (PO-FIT) adelantó la abstención de la izquierda y expresó que “hay una responsabilidad del Estado en que la situación en Rosario esté como está y que se agudice el cuadro de avance del narcotráfico” a partir de “la complicidad de las fuerzas de seguridad, de la justicia y funcionarios de fuerzas políticas que han dejado que la situación avance y el narco se lleve la vida de niños y trabajadores que viven en las barriadas más postergadas de Santa Fe y especialmente de Rosario”.
Desde la banca opuesta, José Luis Espert (Avanza Libertad) manifestó que “el proyecto pretende enfrentar al narcotráfico con una suerte de fortalecimiento del sistema judicial, creando más fiscalías y fiscales que investiguen. En principio esto parece de total lógica, pero el problema no está únicamente en la deficiente respuesta del sistema judicial, sino mucho antes y fundamentalmente en las fuerzas de seguridad”.
En el temario de la sesión se incluye la iniciativa que propone la creación de la figura el Régimen Simplificado y Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, también conocido como Mono-Tech. El proyecto apunta a que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera cuenta con dictamen suscripto por el oficialismo, pero Juntos por el Cambio no firmó ese despacho por reclamar en cambio debatir una reforma integral del monotributo.
También se incorporaron dos proyectos de consenso como la reforma de la Ley 22.990 de Sangre Humana y la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, que tuvo dictamen el pasado 26 de enero, y ya cuenta con media sanción del Senado.
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