Investigan gastos por casi 300 millones de pesos, destinados a campañas que aparecían como filmaciones caseras de ciudadanos comunes. Las empresas estaban ligadas al macrismo y los pagos se hacían de manera directa, sin siquiera contratos previos.
El titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, presentó la denuncia por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública” ocurridos mediante contrataciones directas de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019.
Las empresas denunciadas son Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA. Se trata de las encargadas de las campañas publicitarias que se ofrecían bajo el formato de supuestas filmaciones caseras con teléfonos celulares y aparecían en las pantallas televisivas y en las redes sociales como expresiones espontáneas de ciudadanos satisfechos con la inauguración de una carretera, una cloaca, una red de gas o agua potable y otras obras públicas.
Los avisos no eran espontáneos ni expresiones amateurs de simples ciudadanos sino un costoso trabajo encargado mediante contrataciones directas, “sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado”.
Para ese objetivo -explica la denuncia de la PIA- para lograr tal cometido, “los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces Vicepresidenta Marta Gabriela Michetti, cuando estuvo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Se pudo determinar que desde la Secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros) se gestó un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas”, sostiene el escrito, que recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Jorge Di Lello.
“Las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó al Ing. Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015”, añade la denuncia.
Las agencias, en algunas de las cuales participan familiares políticos de ex funcionarios, “habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López”.
El nivel de informalidad fue de tal magnitud que, siempre según la denuncia, “se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas”.
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