La directora de la AFIP participó de una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que discute el proyecto de ley del Ejecutivo que propone modificar las alícuotas de Ganancias para las empresas.
En ese marco, la funcionaria señaló que “hay como cierta visión de que vamos en contra del mundo y que el mundo está bajando impuesto, sin embargo, hay una visión muy crítica de todo lo que ha sido el proceso de desregulación de mercado, de grupos financieros, de aperturas indiscriminadas, de flexibilización laboral, siempre con el argumento de mejora de inversión”.
“La evidencia internacional empírica ha sido muy elocuente, sobre todo en un contexto de des globalización financiera donde sabemos que las rentas que se generaron a partir de esta escalada descendente en términos de tributación, lo que ha generado es una mayor concentración de riqueza y una mayor orientación de ese excedente a la valoración financiera y no productiva, agregó Marcó del Pont.
La iniciativa modifica la reforma tributaria sancionada en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri, estableciendo una nueva escala progresiva de este tributo para las empresas. La propuesta en consideración busca volver a la alícuota del 35% que rigió entre el año 1999 y 2017, aunque con un esquema de alícuota progresiva que varía desde el 25%.
Según informó, la administradora nacional: “9 de cada 1 empresas en Argentina, hoy de acuerdo a este nuevo proyecto, van a ver reducida la carga q tienen que pagar en impuesto a la ganancia. Esto quiere decir que unas 2000 empresas que llegarán a pagar la alícuota del 35%”.
Asimismo, señaló que “es obvio que tenemos una mirada crítica de la reforma de 2017, pero es importante ver la discusión de lo que fue en cada una de las jurisdicciones” y agregó: “El costo que se pagó entre 2018 y 2019 en términos de recaudación que se perdió fue de 261.000.000 de pesos. Para las provincias que tienen casi el 60% de participación en esos recursos, eso significó una merma de su recaudación en 156.000 millones de pesos”.
“No es un dato menor, si hubiéramos seguido con la reforma como estaba planteada sin cristalizar el año 2019 con la emergencia económica, sin parar la reducción de las alícuotas, las provincias hubieran llega a perder casi 350.000 millones de pesos”, indicó del Pont.
La AFIP estima que “para las provincias esta reforma va a suponer 79 .000 millones de pesos adicionales en términos de recursos tributarios, a través del régimen de coparticipación”. Para finalizar, la funcionaria, remarcó que “esto es lo que se está debatiendo en el mundo, supone recursos genuinos para las provincias para financiar sus políticas públicas e introduce la alícuota sobre ganancias y no sobre tamaño de empresas, que era una histórica demanda de las pequeñas y medianas empresas”. “Hoy advertimos que con esta propuesta mayoritariamente las empresas que van a ver reducida su alícuota marginal son las pequeñas y medianas empresas”, concluyó.
Del Ponto, estuvo acompañada por el secretario de Políticas Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, quien recordó que el proyecto “recae sobre la ganancia neta imponible acumulada de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%. Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%”.
Desde Juntos por el Cambio, ya adelantaron que no van a acompañar la iniciativa, bajo el argumento de que se busca instalar «alivio fiscal» que no es tal. Desde el espacio político señalan que, si bien buscan dejar el 25% para un tramo de ganancias, otras empresas deberán pagar el 30% y el 35%, según el caso. Es decir, lo que hay en realidad es un aumento de impuestos, no un “alivio”.
Además, apuntan a que la progresividad del impuesto a las ganancias de sociedades no opera como la progresividad del impuesto a las ganancias sobre las personas físicas. En las personas físicas prácticamente toda la carga recae sobre el contribuyente, mientras que las empresas tienen la capacidad de trasladar su impuesto a los consumidores en los precios.
El proyecto oficial propone una actualización anual de los tramos de las escalas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la primera de ellas en enero de 2022. La comisión que preside Carlos Heller, se volverá a reunir el jueves a las 15 para lograr firmar un dictamen favorable.
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