El proyecto de Capacitación obligatoria, integral y permanente en la Cuestión de las Islas Malvinas para los tres poderes del Estado Nacional, convertido en ley el pasado 16 de junio, por la Cámara de Diputados de la Nación, tiene como objetivo principal garantizar la formación obligatoria respecto de la Cuestión de las islas Malvinas para todas las y los funcionarios y personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Esta ley tiene muchos objetivos construidos y trabajados colectivamente, pero su razón de ser es una sola: Malvinizar el Estado Nacional. Comprender por qué Malvinas no es ni debe ser moneda de cambio para poder defenderla, saber permanentemente cada paso que Argentina da para su recuperación en la búsqueda de apoyos internacionales de manera diplomática y legislativa. Defender no solo nuestro reclamo legítimo de soberanía, sino a Malvinas para que nunca más pueda ser borrada de un plumazo por ningún gobierno.
Con esto quiero decir que durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri vivimos una desmalvinización sistemática del Estado Nacional. La degradación y baja de rango a la Secretaría de Malvinas fue puesta luego nuevamente en funcionamiento por ley, en 2020, por el Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación Argentina, como históricamente sucedió desde los gobiernos populares. Es a eso, a los gobiernos neoliberales, a los que le venimos a decir nunca más a la entrega de Malvinas como moneda de cambio, y nunca más a la invisibilización de nuestros veteranos, veteranas y caídos en combate. Lo decimos defendiendo lo que es nuestro, como expresa la Disposición primera de nuestra Constitución Nacional.
La Ley de Capacitación Malvinas es el resultado de un trabajo colectivo y sostenido durante más de un año, junto a legisladores y legisladoras nacionales, centros de veteranos, así como en el Senado argentino, para luego darle contenido académico en el ámbito del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas y de consensos entre oposición y oficialismo junto a nuestros veteranos de guerra sentados en la misma mesa de debate y aportes colectivos.
Buscamos con esta ley que los tres poderes del Estado hablen el mismo idioma en defensa de nuestro legítimo reclamo de soberanía argentina. Ese es el espíritu de esta norma: comprender que sin soberanía no tenemos democracia y sin democracia, no hay soberanía.
Pero sabemos que no se puede defender lo que se desconoce. Una sociedad democrática debe sostener una idea de nación y de ciudadanía cuyo fundamento sea la soberanía del pueblo, la pluralidad de ideas y de voces. Soberanía, Derechos Humanos y democracia son elementos indisociables para nuestro pueblo. A 40 años del conflicto en el Atlántico Sur y a 39 del regreso a la democracia, generar los debates necesarios en la sociedad, y sobre todo en la dirigencia, nos permitirá fortalecer una política de Estado sobre Malvinas, siempre a través del diálogo y la paz.
Nuestro reclamo es legítimo e irrenunciable; sosteniendo en cada foro internacional que el Reino Unido se siente a dialogar con nuestro país, porque solo es posible discutir la soberanía de nuestro territorio en los ámbitos diplomáticos internacionales, frente a una usurpación que ya lleva 189 años. Sabemos que no lo haremos de rodillas sino con una sola bandera: la defensa de nuestro territorio, por nuestro pueblo, por amor a la patria, a nuestra tierra, por nuestros héroes y heroínas, veteranos y veteranas; se lo debemos a ellos y a ellas, pero sobre todo, por la sangre derramada de nuestros compatriotas que dieron su vida defendiendo lo que es nuestro: las islas Malvinas. «
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