El canciller Santiago Cafiero le notificó a su par británico, James Cleverly, el fin del pacto Foradori-Duncan, un documento que entregaba concesiones a los intereses del Reino Unido respecto de la explotación de los recursos naturales en las islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina, informaron fuentes del Palacio San Martín.

Durante una reunión de cancilleres de los países que integran el G-20 que se desarrolló en Nueva Delhi, India, Cafiero le comunicó a Cleverly la decisión argentina de cancelar este acuerdo suscrito en 2016 por el Gobierno de Mauricio Macri en la embajada británica en Buenos Aires, y además propuso que ambos países mantengan una reunión en la sede de la ONU, en Nueva York, para «reiniciar la discusión por la soberanía» de las islas del Atlántico Sur que el Reino Unido usurpa desde 1833.

Este pacto fue «uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas», describió Cancillería sobre el acuerdo firmado por el entonces vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido Alan Duncan.

Por medio del acuerdo se le intentó garantizar al Reino Unido «la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, desarmando una estrategia que se había impulsado poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago», recordó la cartera que conduce Cafiero.

Y añadió: «Ese documento realizaba concesiones a los intereses británicos en la región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía, incluso se lo hizo trascender como `comunicado conjunto´ para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo».

Se trata, por lo tanto, de un acto que tiene «características manifiestamente ilegítimas y agraviantes para los intereses nacionales», remarcó.

La declaración adoptaba las dos principales demandas británicas que la entonces primera ministra británica, Theresa May, le había realizado al presidente Macri en una carta que le había enviado breve tiempo atrás: «Remoción de obstáculos para explotación de recursos y vuelos al continente».

En términos de recursos naturales, el comunicado expresaba que se había acordado «remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas».

En cuanto a los vuelos, el comunicado consignaba que las partes habían «acordado que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países».

Este era algo que contradecía la postura de la Argentina, que siempre promovió un segundo vuelo desde territorio continental mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.

El acuerdo suponía también «el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos».

«Por el contrario, ninguno de los históricos reclamos argentinos estuvo presente en el texto. No hace mención a la disputa de soberanía, a la Resolución 2065 (XX), a la violación de la Resolución 31/49 que prohíbe acciones unilaterales y que el Reino Unido está llevando adelante en el área», se reseñó desde el Palacio San Martín.

«Tampoco menciona la base militar que existe en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. En realidad, el único obstáculo para el desarrollo económico de las Malvinas es, justamente, la persistencia de la disputa de soberanía que el Reino Unido se niega a negociar», se puntualizó desde Cancillería.