Luciano Hazan: «No le cabe a la víctima sino al Estado investigar si hubo una desaparición forzada»

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las víctimas de Desaparición Forzada, fecha que surgió a partir de una iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos). En diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la propuesta y suscribió una declaración que estableció la fecha que hoy homenajea a las víctimas de una práctica que, si bien adquiere mayor dimensión en dictaduras, como ocurrió en la Argentina, no es privativa de los regímenes autoritarios . A diez años de esa declaración, Luciano Hazan, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU y coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, es categórico: “Cuando desaparece una persona y hay una alegación de que estuvo involucrada una fuerza de seguridad de cualquier instancia estatal, sea de una policía federal, sea de una policía local, lo que el Estado está obligado a hacer es investigar ese caso como “desaparición forzada”.

-¿Cómo se forma el Grupo de Trabajo?

-El Grupo se formó en el año 1980 y eso nos muestra que ya en esa época el concepto “desaparición forzada” empieza a tomar forma y esto tiene una importancia central, no sólo porque le da el nombre al grupo sino por su aspecto normativo, porque Naciones Unidas crea el Grupo a través de una decisión de su Comisión de Derechos Humanos, pero todavía habla de “desapariciones forzadas e involuntarias”. Hoy por hoy nadie entiende qué significa una desaparición involuntaria, pero en ese momento, como no estaba todavía definido con claridad jurídicamente el término desaparición forzada, la idea era ser abarcativos. Lo que el término muestra es que la persona no se ausentó porque quería, por eso es “forzada e involuntaria”, forzada porque alguien la desaparece e involuntaria para enmarcar algunos casos adicionales que luego sin lugar a dudas entran en la competencia del Grupo de Trabajo.

-¿Cuál es la principal función del grupo que preside?

-La principal función es humanitaria, es lo que llamamos el mandato humanitario y que básicamente es actuar como un canal de comunicación entre las familias de los desaparecidos o los allegados cercanos y el gobierno. Este mandato tiene un sistema de casos que son confidenciales: cuando el Grupo de Trabajo recibe una alegación de que una persona está desaparecida, la analiza, chequea algunos requisitos mínimos de procedimiento y transmite esa comunicación al gobierno pidiéndole información sobre el paradero de esa persona. Ahí empieza una suerte de intercambio entre las fuentes, que vendrían a ser los familiares y el gobierno. Desde 1992, cuando Naciones Unidas dicta la Declaración para la protección de todas las personas en todas las desapariciones forzadas, nace un segundo mandato que es el de “supervisar el cumplimiento de la declaración”, entonces esa supervisión implica una supervisión en términos de políticas públicas, de investigación sobre desapariciones forzadas, es un mandato mucho más amplio. Entonces, cada vez que supervisamos un país o que hacemos nuestros informes anuales o que transmitimos comunicaciones o alegaciones, no sólo trabajamos sobre la búsqueda de la persona desaparecida sino también sobre políticas de memoria, políticas de prevención, políticas contra la impunidad.

-¿Qué país tiene la mayor cantidad de denuncias de desaparición forzada?

-De América Latina, México claramente, pero el asunto es que las desapariciones forzadas son un delito continuado y también acumulativo, porque se sigue cometiendo la desaparición. De repente te encontrás con países como Argentina, que es un país con una estadística amplia porque tiene una cantidad importante de desaparecidos de hace 40 años, pero que para hacer un análisis actual, una foto actual, tenés que basarte en la estadística de las denuncias recibidas en un año. El tema es el siguiente, el Grupo solamente ve una pequeña porción de las desapariciones en el mundo, esto siempre hay que aclararlo. No es que todo el mundo denuncia ante el Grupo de Trabajo, la cantidad de desapariciones es muchísimo mayor. Por ejemplo, nosotros de países como Pakistán recibimos cientos de denuncias de desapariciones y sabemos que es una pequeña porción, lo mismo nos pasa con Egipto.

-¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta un Estado que tiene un alto índice de casos?

-El primer desafío para un Estado es reconocer que eso está ocurriendo y es lo que muchas veces cuesta más. El asunto es que cuando el Estado está directamente comprometido en las desapariciones nunca lo va a admitir y de esto conocemos muchos ejemplos en nuestra propia experiencia. En Argentina, las Madres eran las locas de Plaza de Mayo, entonces comienza la estigmatización de los familiares que buscaban, se censura todo lo que tiene que ver con la denuncia, hasta llegar al punto de perseguir a los familiares, a los abogados y a las organizaciones. Ahí encontrás familiares que están desaparecidos, familiares asesinados directamente, desaparición de activistas de Derechos Humanos. Sin ir más lejos nosotros hace unos dos años estábamos esperando para una de nuestras sesiones a un abogado egipcio que estaba trabajando sobre las desapariciones de una serie de ciudadanos de su país, incluido su hijo, y fue detenido y desaparecido camino al aeropuerto antes de reunirse con nosotros. El segundo aspecto, cuando ya hay un reconocimiento del problema, que en general llega cuando el problema tiene una magnitud inocultable, es que después haya voluntad política para resolverlo. Y el tercer desafío es que cuando hay voluntad política, al ser una práctica estatal criminal muy enraizada en las instituciones del Estado que actúan en la oscuridad, en lo subterráneo, después es muy difícil tener instituciones fuertes que estén capacitadas para investigar, sancionar y esclarecer los hechos.

-¿Cómo es la dinámica de las desapariciones forzadas en plena democracia?

-Lo que en Naciones Unidos venimos trabajando hace un tiempo es en nuevas formas de desaparición forzada, en las cuales se cumplen en un ciento por ciento los  requisitos legales de una desaparición forzada, que son la privación de la libertad de la persona, la participación del Estado de manera directa o indirecta y después el ocultamiento del paradero. Uno lo encuentra en diferentes partes del mundo en prácticas diferentes, en México muy ligado al narcotráfico, donde la participación del Estado está relacionada con cierta convivencia con el narcotráfico en algunos casos, involucramiento de agentes estatales en la propia desaparición de las personas, para poner un ejemplo muy conocido el Caso de Ayotzinapa, donde no hay duda que hubo elementos del Estado de las Fuerzas armadas y de seguridad involucrados, pero también en una lógica de aquiescencia, es decir “dejar hacer” por parte del Estado. En Colombia está el problema de la desaparición de defensores de Derechos Humanos, que trabajan en oposición a grandes proyectos de represas o defensores ambientales que desaparecen por oponerse a grandes proyectos económicos. Después hay lugares donde ocurren desapariciones más clásicas, cómo en el norte de África o en países como Pakistán donde bajo la lógica de la lucha contra el terrorismo desaparecen personas acusadas de ser de grupos subversivos. Y tenemos también las desapariciones con el contexto de la migración.

-¿Y en nuestro país?

-En la Argentina lo que ocurre en realidad es que no hay una decisión del Estado de desaparecer personas, sino que está más bien vinculada a la persecución de jóvenes de clases populares, una práctica de disciplinamiento social por parte de las fuerzas de seguridad a los sectores populares que involucra en general maltratos y torturas. Cuando ese maltrato o tortura tiene como desenlace la muerte de la persona, se desaparece el cuerpo para ocultar el crimen. Es una característica propia de nuestras fuerzas de seguridad aún no democratizadas, no institucionalizadas, no profesionalizadas. Un claro remanente de la dictadura, pero no sólo de la última dictadura, porque uno lo encuentra en casos previos a la última dictadura. Lo que yo diferenciaría es que no hay una “política desaparecedora” y no es una metodología de lucha contra la disidencia, ni de generar terror social, aunque tenga un efecto en algún punto en ese sentido, sino básicamente es  encubrir una muerte policial o una ejecución extraoficial. Yo estoy representando a la familia de Franco Casco, un chico desaparecido en Rosario en el año 2014 y es un caso de alguien detenido por averiguación de antecedentes, torturado en la comisaría, que se les muere y lo tiran al Río Paraná. Si uno busca el caso de Luciano Arruga es posible que haya sido similar, algo parecido también ocurre con el caso de Ivan Torres en Comodoro Rivadavia, todos ellos victimas de conductas abusivas por parte de la policía.

-¿Qué análisis hace sobre casos como el de Santiago Maldonado y Facundo Castro?

-En términos genéricos, lo que está muy claro y que es aplicable a ambos casos es que cuando desaparece una persona y hay una alegación de que estuvo involucrada una fuerza de seguridad de cualquier instancia estatal, sea de una policía federal, sea de una policía local, lo que el Estado está obligado a hacer es investigar ese caso como “desaparición forzada”. Lo que es un error es discutir en instancias iniciales si se trata o no se trata de una desaparición forzada. Hay dos protocolos que determinan cómo hay que trabajar estos casos, uno es el Protocolo de Minnesota, que fue elaborado en el marco de las Naciones Unidas, que es específicamente para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas y que de hecho se usó en el caso Maldonado y ahora para el caso de Facundo Castro. El otro son los principios rectores del Comité para la desaparición forzada para la búsqueda de personas desaparecidas. El asunto es que no le cabe a la víctima probar que hubo una desaparición forzada, sino que le cabe al Estado investigar, aclarar los hechos y mostrar que no tuvo participación directa en el mismo.Lo que nos está faltando es instrumentos estatales para la búsqueda de las personas desaparecidas en estos casos concretos, equipos de agentes con un nivel de independencia y una idoneidad técnica que es distinta a la que hoy tiene cualquier fuerza de seguridad. No se pueden perder dos semanas, tres semanas en armar un equipo, en trazar una estrategia. Mientras que no haya reformas serias en las Fuerzas de Seguridad los casos se van a seguir ocurriendo, entonces lo que tiene que haber es por un lado reformas serias para que esto no vuelva a suceder, pero al mismo tiempo tiene que haber herramientas del Estado para actuar desde el primer minuto en cualquier alegación de desaparición forzada. «