Los puntos razonables del petitorio policial y el mar de fondo

Frente a los reclamos policiales de estos últimos días caben dos afirmaciones: la naturaleza de las demandas es justa, del mismo modo que su metodología es inaceptable. El poder político debe aprovechar este escenario para avanzar en las transformaciones sistémicas profundas del servicio de policía que la provincia de Buenos Aires demanda desde hace décadas. Para ello, el petitorio de 14 puntos presentado a las autoridades constituye una hoja de ruta por demás interesante.

1.

Entre los puntos 2 y 6 del petitorio se enumeran las demandas salariales, punto neurálgico al que se abocó la rápida respuesta del Gobernador Kicillof. Se saldó así una deuda que lleva el arrastre del desgobierno de los últimos años, especialmente el período de la gestión de Vidal, donde se cristalizó una caída del poder adquisitivo cercana al 30%. Sin embargo, esa recomposición no resuelve el problema. Las comisarías parten de un déficit presupuestario que es utilizado para justificar la producción de mecanismos paralelos de financiación. Es el momento para que la carencia presupuestaria deje de servir como excusa de esos mecanismos de recaudación para “mantener el boliche abierto”.

2.

Es vox populi que los jefes arman sus jubilaciones anticipadas con el producto del juego, la prostitución y el “aporte generoso” de comerciantes. Para la tropa quedan las “eventualidades” (operativos, recupero de automotores, peajes para zafar por tenencia de estupefacientes, etc.). Quienes conocen el sistema de recaudación ilegal suman capítulos menos amigables en el armado del pozo. Reclutamiento de pibes para delinquir, armado de causas, zonas liberadas, coordinación con la piratería del asfalto, desarmaderos y reventa de autopartes. A esto debe sumarse el narco, gran favorecedor del crecimiento patrimonial de algunos en las últimas décadas. Mientras algunos vivos mantienen la rueda girando, la mayoría mira con impotencia y resignación. Estos últimos pueden ser parte de la solución, para lo cual no pueden seguir alimentando este problema.

3.

Por supuesto que ninguna cabeza de seccional es dueña de lo que se levanta. Una porción significativa sube hacia otros segmentos de conducción, quienes se quejarán a su vez de la imposibilidad de llegar a fin de mes sólo con los recursos genuinos que gira la provincia. El camino del billete no se detiene ahí, sino que escala hasta jueces, fiscales y demás operadores judiciales. Finalmente, parte de ese dinero vivo volverá a tocar la puerta de algunos sectores de la política. “¡Nos usan!”, se quejarán del primero al último de la cadena, al mismo tiempo que se agarrarán con fuerza del eslabón que les toca en gracia para que no se corte la trasmisión de la que comen todos.

4.

Barrer esta historia bajo la alfombra sirvió para llegar hasta acá, pero no servirá para mucho más. Y no porque la crisis haga reflexionar sobre la necesidad de contar con una policía digna y honesta, sino porque ya no hay garantías de conducción política e institucional sobre este ejército civil armado de más de 90 mil almas. Los vigis viejos se quejan de que las nuevas camadas no tienen el fuego sagrado de sentir el uniforme. Esto significa, palabras más, palabras menos, que ya no reconocen las cadenas de mando y las formas de subordinación que supone ser parte de la fuerza. Y tienen razón. La incorporación de las Policías Locales al mapa de actores en el territorio imprimió una lógica distinta a la que estaban acostumbrados. Se trata de jóvenes que ingresaron mayormente a la fuerza por la ausencia de otras ofertas laborales. Cada año se suma un nuevo coro de quejas sobre los que acaban de entrar y esa dinámica de menosprecio tiñe a cada nueva promoción. Luego, las formaciones exprés y las condiciones laborales hacen el resto. Pero este fenómeno no empezó con ellos sino tras la crisis del 2001, con la destrucción de millones de puestos de trabajo.

5.

¿Qué policía queremos para la provincia y cuánto cuesta ese proyecto institucional? La mayoría de quienes integran la policía desearían ser reconocidos por el servicio esencial que brindan en una sociedad democrática y no por integrar una organización a la que se le confiere un carácter más próximo a la camorra que a una institución civil armada que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público. Pero es la misma policía la que debe generar los cambios de identidad que sus mismos efectivos reclaman por lo bajo. No alcanza con el cinismo de seguir jugando al “huevo podrido”. Los vigis miran con desconfianza las mejores intenciones. Hasta ahora han preferido sentarse a esperar que los entusiastas de turno se vayan y todo vuelva a la normalidad.

6.

Los puntos 7, 8, 11, 13 y 14 del petitorio pueden ser integrados bajo un mismo título: “Bienestar”. El desarrollo de una política de bienestar de los integrantes de la institución debe trascender la placa en la puerta de un despacho. El derecho a la vivienda, a la salud y a la estabilidad laboral constituye un horizonte común de todos y cada uno de los colectivos de trabajadores de nuestra patria. No tiene sentido señalar las deficiencias en otras áreas para justificar la ausencia de sistemas que permitan proyectar la carrera de quienes desarrollan una labor de extrema complejidad y vital importancia para la convivencia democrática. La creación y fortalecimiento de políticas institucionales que atiendan las condiciones de trabajo de los policías es un imperativo de urgencia.

7.

El punto 10 del escrito presentado hace referencia al derecho a la sindicalización. Si bien como enunciado general la idea de un sindicato de representación de los policías puede aludir a una progresiva democratización de la fuerza, las condiciones materiales de su formulación representan una escena compleja. No alcanza con marcar las diferencias de una potencial sindicalización policial con otras ramas del trabajo, como es el derecho a huelga. Un sindicato de policías representa un potencial polo de tensión y disputa con las cúpulas de conducción, en una institución de naturaleza vertical donde las jerarquías conforman un nivel de producción de sentido mayor a cualquiera de los otros campos laborales. Mientras la fuerza mantenga su carácter militar, la sindicalización conlleva un riesgo real a las cadenas de mando y a la conducción política. Existen otras figuras para canalizar las tensiones y reclamos colectivos, como son las figuras del ombudsman o el defensor policial.

8.

La democratización de la fuerza, planteada en el punto 9 del petitorio, constituye una de las reivindicaciones más significativas y difusas de las que emergieron en la protesta. Una policía democrática implica que la institución entienda que su esfuerzo se debe a la sociedad a la que sirven, y que la comunidad reconozca a esos actores como parte de la misma. En las protestas, el factor democrático terminó limitándose a la demanda de ser escuchados como ciudadanos. El sistema democrático no admite actos de expresión de sujetos armados para reivindicar sus derechos, aun cuando la razón los asista. Aquellos uniformados que rodearon la quinta presidencial, o los que desfilaron por la calle 6 de La Plata montaron una escena peligrosa. Si estaban de franco, la portación de armas reglamentarias y el uso de móviles y uniformes los deja en una situación irregular. En cambio, si se encontraban en funciones e hicieron abandono de las mismas para manifestarse, la irregularidad multiplica su efecto. Protesten. Pero háganlo sin abandonar sus funciones, sin el uniforme ni distintivos institucionales y, sobre todo, sin armas.

9.

El pedido por capacitación y reentrenamiento permanente es, sin dudas, otro de los puntos en los que la mayoría estará de acuerdo. ¿Cuánto tiempo demanda una formación básica que garantice que el recién egresado esté en condiciones óptimas para tomar funciones en su primer destino operativo? ¿Dos años? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Seis meses? El arco de intervenciones que deberá afrontar un funcionario policial en la calle es de una amplitud y diversidad mayor a la del promedio de los trabajadores. Además, la naturaleza misma de su práctica lo enfrentará a situaciones extremas donde sus decisiones lo llevarán a poner en riesgo su propia vida y la de terceros. La formación debe abonar a la construcción de criterios para la intervención, el fortalecimiento de las capacidades de interpretación situacional y el empleo de los recursos adecuados para la resolución de las escenas. La inversión educativa debe trascender los límites de las escuelas de policía y avanzar en los procesos de formación en servicio mediante sistemas de tutorías que permitan una inmersión paulatina del recién egresado en la nueva función.

10.

Los policías se auto perciben como un colectivo tenaz, cargado de valores y coraje. ¿Tendrán lo que se requiere para hacerse cargo de los puntos que ellos mismos han elevado en el petitorio que entregaron a las autoridades?

Profesor de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús