Los planes del Frente de Todos para refundar la política de seguridad que deja Bullrich

Para el gobierno entrante de Alberto Fernández producir cambios profundos en determinadas áreas del Estado no es sólo un requerimiento vinculado a los objetivos y prioridades de la nueva gestión. Es, también, una necesidad política. Una fuerte diferenciación y hasta el quiebre respecto de ciertas prácticas gubernamentales de Cambiemos permitiría consolidar desde el inicio mismo del mandato la idea de transformación. Ese giro –reformista, pero en profundidad- es una demanda que recorre a buena parte de la dirigencia y la base electoral del Frente de Todos. Eso sí, está claro que los cambios no podrán ser de la misma intensidad en todas las áreas de la administración. En lo que no hay dudas es que Seguridad, la cartera que hasta el 10 de diciembre seguirá bajo control de la macrista Patricia Bullrich, es uno de los ámbitos del aparato del Estado que el nuevo gobierno pretende reordenar con variaciones drásticas del organigrama, de las competencias de cada área y de las reglamentaciones que rigen la actuación de las fuerzas de seguridad federales.

La importancia de Seguridad es evidente si se repasa la labor de Bullrich de los últimos cuatros años. Representante del ‘ala dura’ de Cambiemos, Bullrich le asignó a las fuerzas de seguridad bajo su mando un híper-protagonismo que se fue convirtiendo en un componente fundamental del ADN de la gobernabilidad macrista: ‘control de la calle’ contra organizaciones sociales; centralidad del discurso de combate al narcotráfico; aliento al uso de armas letales en situaciones confusas; protección a efectivos que quedaron involucrados en lesiones graves o muertes de manifestantes en situaciones de confrontación y/o represión a la protesta social; sofisticación de los dispositivos represivos y ampliación a niveles récord de la militarización aplicada frente a la protesta contra la política económica. Todo eso sin contar con la utilización de las policías como brazo auxiliar de la persecución judicial a los gobiernos populares, el law-fare en su versión argentina.

Esa enumeración explica por qué el Frente de Todos se prepara para una reforma de la estructura de Seguridad del Estado Nacional. Los cambios que se preparan, como suele darse en estos casos, vienen precedidos por meses de debate interno. Fueron semanas y semanas de reuniones de la subcomisión Seguridad, creada a partir de la comisión de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en el marco de los equipos técnicos del Frente de Todos coordinados por la secretaria parlamentaria del bloque FpV en el Senado, Virginia García, y el rector de la UMET, Nicolás Trotta. Hubo repaso de cifras y estadísticas, reuniones con representantes de fuerzas de seguridad –mayormente personal retirado- y análisis de experiencias de otros países y otras latitudes.

En todo ese tiempo de trabajo participaron la doctora en Antropología -especializada en Seguridad y Defensa- Sabina Frederic; la actual secretaria de Seguridad del municipio de Avellaneda Cecilia Rodríguez; la politóloga y ex legisladora porteña Silvia La Ruffa; el ex defensor adjunto de la CABA Gabriel Fuks; el abogado Franco Caviglia; el diputado bonaerense por el Frente Renovador Ramiro Gutiérrez; entre otros nombres. Se trata en su absoluta mayoría de dirigentes políticos que se formaron académicamente o se especializaron en el estudio en la problemática del delito y la seguridad. Como corresponde a una coalición, en el Frente de Todos hay matices, miradas que disienten en algunos puntos. Las formaciones, las procedencias ideológicas, hacen su parte.

Últimamente, en los debates sobre Seguridad del Frente de Todos empezó a circular el nombre de Diego Gorgal. Politólogo con un máster en Política Pública en la Universidad de Georgetown, Gorgal dedicó varios años de residencia en EEUU a profundizar su formación en la materia y a ganar experiencia en los paradigmas en boga en ese país. Sobre todo por los protocolos de la DEA, la agencia especializada en el combate y el control del narcotráfico a lo largo del hemisferio. En las filas de la futura coalición de gobierno se comenta que Gorgal tiene muchas chances de ser nombrado ministro: para eso cuenta con el aval directo de Sergio Massa. El futuro titular de la Cámara de Diputados apadrina su designación.

Gorgal forma parte del equipo de transición designado por Fernández para analizar la información de las distintas áreas del gobierno y hacer –o al menos intentarlo- menos traumático el recambio institucional.

¿Para qué un Consejo Nacional de Seguridad?

Una de las innovaciones que tiene in péctore la gestión Fernández en el ámbito de la Seguridad apunta a incorporar a la oposición con representación parlamentaria en una suerte de cogobierno institucional de las fuerzas de seguridad. Ese es, por caso, uno de los pilares del proyecto de Consejo Nacional de Seguridad, un ámbito que elaboraría doctrinas específicas para la actuación de las cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Policía Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y PFA) y cuyas determinaciones serían vinculantes para todas las jurisdicciones de la Argentina (las 23 provincias más CABA). En ese Consejo Nacional de Seguridad, por eso mismo,  estarían representados los Estados provinciales. Pero también tendrían participación las ONG y las universidades especializadas en la problemática de la seguridad, el delito y la violencia institucional.

Cuando se conoció la idea de crear por ley un Consejo Nacional de Seguridad –lo escribió Horacio Verbitsky en El Cohete a la luna a principios de octubre- hubo quienes interpretaron que esta nueva arquitectura institucional implicaría disolver el Ministerio de Seguridad para que sus funciones quedaran absorbidas por el nuevo ente colegiado. Especialistas en la temática que fueron consultados por Tiempo expresaron su confianza en que el Ministerio, como tal, no desaparecerá del organigrama del Estado. Lo que sí se descuenta es una reducción importante de secretarías y subsecretarías con las que hoy cuenta la cartera: bajo la gestión de Bullrich se incrementaron las secretarías de Estado de 3 a 6, mientras que las subsecretarías pasaron de 6 a 24, aproximadamente.

Otra posibilidad que se está evaluando es que el Consejo Nacional de Seguridad cumpla alguna función en la discusión sobre los ascensos en cada una de las fuerzas federales, una cuestión sensible que debe afrontarse cada cierto tiempo. La creación de un Consejo Nacional de esas características podría implicar un apoyo estratégico para aquellas jurisdicciones que enfrentan amenazas graves de delincuencia organizada –el caso más resonante es la provincia de Santa Fe con el fenómeno narco del Gran Rosario- y que con el nuevo mapa del Estado encontrarían una estructura federal en la que podrían trasladar sus urgencias y, en cierto modo, compartir responsabilidades. Sin embargo, lo que todavía no está claro es si el proyecto del Consejo Nacional de Seguridad no resultará en última instancia una superposición innecesaria con el -ya existente- Consejo de Seguridad Interior, creado por ley en 1992. El funcionamiento de ese Consejo permite que se reúnan periódicamente ministros y secretarios de Seguridad de todo el país.

¿Qué hacer con la Policía Federal remanente?

Otra de las reformas que se viene analizando en los equipos técnicos del FdT apunta a completar el proceso de traslado de la Policía Federal al Estado porteño, una definición estratégica que tuvo su efecto más importante con la puesta en marcha de la Policía de la Ciudad. Para algunos especialistas, ese proceso quedó inconcluso. El problema es que alrededor de 25 mil efectivos de la PFA ya no tienen competencia en el control de calle -esa función quedó en manos de la Policía de la Ciudad- y por lo tanto se quedaron sin funciones claras. Lo que se debate, en este caso particular, es reconvertir a esos policías de la Federal en agentes entrenados y capacitados de una nueva y categorizada Policía de Investigaciones, un cuerpo policial al estilo del estadounidense Federal Bureau of Investigation (FBI) y que además cumpla funciones de auxiliar de la Justicia.

Estas cuestiones, como también el gran debate sobre la conveniencia o la proscripción de que los policías puedan crear su propio sindicato, están en la carpeta de prioridades de la próxima gestión. Al menos forman parte de lo que los equipos técnicos del Frente de Todos discutieron entre sí con respeto, pluralismo, estadísticas,  revisión de casos comparados y testimonios con protagonistas y expertos. En las reuniones, como en todas las actividades del FdT, participaron por igual kirchneristas, massistas y albertistas. Las conclusiones de todo el trabajo llegaron a manos del presidente electo. No se descarta, por lo pronto, que algunas de esas definiciones sean tenidas en cuenta por la gestión bonaerense de Axel Kicillof, para cuya cartera de Seguridad suenan nombres como el del abogado Martín Arias Duval, la propia Cecilia Rodríguez –que acumuló experiencia en el municipio de Avellaneda- o algún intendente en ejercicio o con mandato cumplido. Ahora llega el tiempo de la verdad. Y el que tendrá la última palabra, en un sistema presidencialista como el que rige en la Argentina, será el mandatario entrante.