Los oscuros intereses del macrismo detrás de los lotes de El Marquesado

El lunes pasado el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, denunció la supuesta usurpación de terrenos en El Marquesado por parte de la «gente» del dirigente Juan Grabois. Las tierras en cuestión forman parte de un lote de 140 hectáreas que se encuentran en Chapadmalal y que son propiedad del Estado argentino. Rápidamente el expresidente Mauricio Macri twitteó a favor de Montenegro y repudió lo que él considera un acto de «ilegalidad y patoterismo con la complicidad del actual gobierno».

Lo cierto es que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) cedió de forma provisoria por un plazo de 180 días esos predios a la Asociación Civil Tercer Tiempo para la elaboración de un proyecto de producción agrícola integral con el objetivo, una vez valorada la viabilidad de la propuesta, de implementar en esas hectáreas y por quince años un modelo ejemplar de producción agroecológica. Lo que significa que sólo es una tenencia provisoria hasta que el proyecto esté terminado, evaluado, aprobado y, a partir de entonces, otorgado para su implementación.

Roberto Cittadini, profesor universitario, sociólogo, especialista en agricultura familiar y excoordinador nacional del ProHuerta, fue convocado por su vasta experiencia en el área productiva y agropecuaria por el equipo técnico que coordina el arquitecto Fernando Cacopardo, quien dirige un grupo de investigación del CONICET dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata llamado «Ciencia y Tecnología para el hábitat popular».

Este equipo ya viene trabajando en el mejoramiento de los barrios periféricos de la ciudad –algo que según reclamos de los vecinos Montenegro no hace– y mantiene contacto con el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) por la actividad relacionada a unidades productivas y trabajo colectivo que viene desarrollando la economía popular en esos barrios. Tal es así que el esquema contempla la inclusión de la rama rural del MTE así como la articulación con referentes y técnicos de ese movimiento.

El proyecto está destinado a los horticultores del periurbano marplatense, que actualmente sufren condiciones muy precarias de producción, con contratos arrendatarios desiguales y que incluso a veces son sometidos a situación de servidumbre laboral o esclavitud. Muchos de estos trabajadores son de la comunidad boliviana, que históricamente se dedicaron a la producción frutihortícola en la zona y que viven bajo una constante situación de emergencia que les impide avanzar sobre modelos más sustentables de producción.

Los alimentos derivados de estas tierras serían libres de agroquímicos, y como proyecto integral abarcaría también la ganadería y el tambo, generando trabajo en la región y armonizando distintos componentes productivos. Las viviendas que a futuro puedan construirse en la zona van a depender de los resultados de los estudios realizados al terreno y una vez que el equipo técnico pueda establecer la cantidad de tierra productiva, se podrá saber la cantidad de quintas y el número de productores que tendría la colonia agroecológica. Pero aclaran quienes impulsan este proyecto, que la construcción de viviendas no es para nada el objetivo principal.

Privado es mucho mejor

Mar del Plata está entrando en su último año de gestión Cambiemos. Su actual intendente, Guillermo Montenegro, es un exjuez Federal que se desempeñó como Ministro de Justicia y Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño y fue responsable en 2013 de la represión de pacientes y personal de salud del Hospital Borda, lo que derivó en una investigación penal donde estuvieron imputados varios funcionarios y miembros de la Policía Metropolitana.

En 2019, “Juntos por el Cambio” logró imponer a un hombre de su “riñón” y Montenegro, después de renunciar a su cargo como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, se consagró como el nuevo Intendente de General Pueyrredón. Allí comenzó a implementar políticas «privatizadoras» dentro del municipio de Mar del Plata-Batán.

Meses antes de la pandemia, sociedades de fomento y organizaciones civiles fueron advirtiendo una práctica que se fue incrementando a poco y que consiste en la entrega de espacios públicos o naturales. En 2019 se intentó privatizar la Plaza del Agua y conceder su explotación a la empresa WAM Entertainment Company (vinculada al Espacio Clarín) por un término de más de 10 años. La propuesta no fue bien recibida por los vecinos de la zona que se opusieron de forma firme hasta que se archivó el expediente.

En 2022 la vieja plaza Güemes de Mar del Plata, ubicada en Tucumán y Roca, amaneció como la rebautizada Converse Park, lo que no sólo significa publicidad no habilitada de empresas privadas en zonas públicas, sino el renombramiento de una plaza que sólo puede hacerse bajo la aprobación del Concejo Deliberante.

Curiosamente a esta misma «marca» se le había otorgado un permiso para hacer en el Parque Primavesi «La Liga 3×3», un evento de básquet organizado por la Liga Argentina y la Liga Federal de Básquet y que contó con la presencia de distintos Food Trucks de importantes firmas. Lo cierto es que este «padrinazgo de espacios públicos» derivado de una propuesta de Vamos Juntos y que hoy es ordenanza, parece tener muchas veces como única beneficiaria a la empresa que se le cede el permiso. Tal es el caso del Coffee Take Away que se apostó en medio de la Plaza España, frente a la costa, y que formaría parte de un acuerdo entre el Municipio y la Cámara de Empresarios de Balnearios y Afines.

El Marquesado, un negocio inmobiliario a cielo abierto

Existe por parte de Cambiemos un pedido de «municipalización» de la zona de Punta Mogotes (donde los terrenos son 70% de la Provincia y 30% del municipio) para poder hacer un emprendimiento con las características de Puerto Madero, lo que significaría un gran negocio dentro de la gestión de Montenegro. A esto se suma el «corredor costero», que consiste en pasar el Camping Municipal a manos privadas para la realización de una zona destinada al Glamping (servicios turísticos de lujo), a una firma que ya explota comercialmente un área de Playa Club Exclusivo en terrenos que figuran como «Reserva natural Provincial».

Otro «emprendimiento» comercial se estableció en el Camping Luis Piedrabuena, unos lotes de mucho valor inmobiliario que se encuentran al lado del Faro de la Memoria, un espacio que en marzo de 2014 fue señalizado como ex Centro Clandestino de Detención por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estos terrenos pertenecían al Ministerio de Defensa y fueron donados a la Municipalidad de General Pueyrredón, pero luego Augusto Menecier, un suboficial retirado, los expropió y se negó varias veces a retirarse. Ahora en ese lugar funciona Restinga London Dry Gin, un bar y destilería de Gin.

El negocio de los lotes costeros en el sur de Mar del Plata durante décadas fue explotado por distintas gestiones de gobierno. Muchos de ellos estaban bajo la órbita de la Armada, tal es el caso de Mar del Plata Aquarium, que fue construido en 1990 cuando la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) se trasladó y comenzaron a alquilar las tierras para fines turísticos. Luego, en el año 2002 se le concedieron al mismo empresario los terrenos abandonados del Faro y el ESIM para la instalación de un Parque interactivo.

En la actualidad el «Proyecto privatizador» es mucho más ambicioso e incluye la construcción de un barrio privado lindero a la ruta 11, la expropiación de playas públicas como Playa La Redonda, Paradise y El Marquesado. Un secreto a voces indica que en esa franja costera se proyecta hacer una especie de «Jolla californiana», con inversiones privadas que llegarían hasta Costa Azul y Playa Los Acantilados, en reservas naturales y en tierras pertenecientes a la familia Peralta Ramos.

Incluso existe un video dando vueltas por la internet donde se lo puede ver a Horacio Rodríguez Larreta, Montenegro y un grupo de jóvenes hablando de la intención de generar en Chapadmalal un nuevo «Miami». Algo que tiene sentido teniendo en cuenta que ya en el año 2016 Mauricio Macri había solicitado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado poner «disponibles para la venta» los lotes que hoy están en el centro de discusión, para generar un desarrollo inmobiliario con capitales privados.

El intendente de Mar del Plata radicó una denuncia penal contra el titular de la AABE y otros funcionarios involucrados por la «toma de terrenos’» la cual recayó el juzgado de Ariel Lijo de Comodoro Py. Lo que sugiere que una vez más «la corporación judicial» saldría al rescate de los intereses empresariales.

Según la doble vara, cuando el Estado argentino cede tierras para la producción de alimentos a cooperativas o trabajadores organizados la oposición lo llama «usurpación», pero cuando desde el modelo macrista se expropian playas públicas, se destruyen médanos, se patrocinan plazas o se instalan emprendimientos comerciales en reservas naturales, lo llaman «padrinazgo privado» y se relata como una oportunidad para «generar nuevos empleos» o, como diría el propio intendente Montenegro después de entregar las playas céntricas para un evento de Enduro Pale (motocross), «más laburo para el marplatense».

Pero lo cierto es que estos negociados no sólo no generan más trabajo, sino que significan el avance de una política de privatización y destrucción de los espacios públicos con el único objetivo de generar ganancias para unos pocos empresarios, ligados muchas veces, a los sectores del poder político y judicial.

A confesión de parte

En las últimas horas se conoció un video donde la concejala del Frente de Todos, Sol de la Torre, relata cómo Fernando Muro, actual concejal de Cambiemos y exsecretario de Producción de Guillermo Montenegro, venía gestionando desde el 2020 la entrega por parte del Estado Nacional de estas tierras a grupos de organizaciones para llevar adelante un proyecto productivo. Incluso en marzo de 2021 el mismo Muro visitó la oficina de la concejala junto a militantes del MTE para presentarle la propuesta y pedirle ayuda para impulsarla. ¿Que cambió? Quizás ahora Montenegro y su espacio se enteraron de que su jefe político, Mauricio Macri, ya tenía «apartados» esos lotes para otro propósito. «