El retraso salarial de los empleados bonaerenses está en el centro de la agenda. El lapidario informe que preparan los docentes sobre la situación del sistema educativo.
Las políticas económicas de Cambiemos erosionaron los salarios de los trabajadores estatales bonaerenses y los dejaron muy por debajo de la línea de pobreza oficial que, en octubre, superó los 35 mil pesos para una familia tipo. La devaluación producida tras las PASO generó reiterados pedidos de reapertura paritaria a Vidal que no fueron atendidos, pero no es el único reclamo.
Los docentes ultiman los detalles de un informe integral sobre la educación que entregarán a Kicillof. Ese trabajo del Frente de Unidad Docente -que nuclea a SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA- incluye un relevamiento del estado de las escuelas y el detalle de la situación salarial, pero también contiene información sobre el déficit en materia de cargos, el cierre de diferentes niveles y modalidades educativas, y el ajuste en los comedores escolares, entre otros puntos críticos.
Los maestros -que suman 300 mil en la provincia y representan a la mitad de los trabajadores estatales- vienen de un extenso conflicto con Vidal que eligió a sus representantes gremiales, en espejo con Nación, como enemigos. En 2018, la negociación se extendió todo el año y, ante la negativa de los gremios, Vidal otorgó un aumento unilateral por debajo de la inflación. En total hubo 27 paros. Ya en 2019, año electoral, les ofreció cláusula gatillo -que el año anterior les había negado- y una recomposición por el año anterior. Ese acuerdo termina en enero, cuando se actualicen los sueldos acorde a la inflación de diciembre.
«Queremos mostrarle el estado de situación con ese informe que estamos concluyendo», explicó a Tiempo la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, y advirtió que «es necesario comenzar a discutir con anticipación, no puede ser que nos llamen dos semanas antes de arrancar las clases. Esto se lo hemos planteado a todos los gobiernos porque la discusión salarial docente es larga y compleja». No definieron aún qué porcentaje de aumento reclamarán en la mesa paritaria.
Los estatales nucleados en ATE, UPCN y FEGEPPBA también aguardan el llamado del nuevo gobierno. Hay dos prioridades: recuperar el poder adquisitivo y garantizar la continuidad de los 9 mil trabajadores cuyos contratos caen el 31 de diciembre. «Arrancamos con salarios atrasados pero en estos cuatro años de Vidal perdimos el 37% de poder de compra. Por eso necesitamos una inyección urgente para elevar el piso y dejar de estar por debajo de la línea de pobreza», explicó el titular de ATE Provincia, Oscar De Isasi. El salario promedio de un administrativo está en 22 mil, mientras que en el caso de los auxiliares docentes esa cifra baja a 19 mil pesos.
Los trabajadores de la administración central -enrolados en la ley 10.430- son los que más sufrieron el ajuste y la precarización aplicada por Vidal en el marco de emergencia administrativa y tecnológica, que congeló los pases a planta. Esa ley le permitió crear alrededor de cinco mil «contratos basura», sin relación de dependencia con el Estado ni expectativa de continuidad. Los gremios esperan una señal de Kicillof para revertir esta situación. «En las elecciones hubo un mandato de nuestro pueblo de qué es lo que quiere y lo que no asi que esperamos que el nuevo gobierno mejore las condiciones de vida y repare los derechos conculcados por Cambiemos», agregó De Isasi.
Los médicos y profesionales de la salud de los 77 hospitales bonaerenses también mantuvieron una larga batalla con el gobierno que se va. Nucleados en la CICOP, después de 15 medidas de fuerza, este año cerraron un acuerdo por una suba del 34% en julio que quedó desactualizado tras las PASO. Igual que el resto de los sectores, pidieron revisión sin éxito. El vicepresidente del gremio, Fernando Corsiglia, entiende que es clave que el nuevo gobierno «aborde a la situación de la salud como prioritaria». «La cuestión presupuestaria, la situación de nuestro sector en lo que hace a recursos humanos, infraestructura, insumos y aparatología es la primera conversación que hay que tener con el próximo gobierno. Iremos rápidamente a pedir una audiencia de cara al tiempo que viene», dijo a Tiempo.
Desde el equipo de Kicillof anticiparon que la intención es convocar a todos los sectores rápidamente para comenzar a dialogar y se diferenciaron de Cambiemos. «La situación financiera no es holgada pero la diferencia sustancial es la predisposición política: nosotros no los consideramos ni el enemigo ni una mafia», sentenciaron. «
Los judiciales piden un aumento de «urgencia»En 2018, la AJB fue uno de los gremios más combativos contra la gestión provincial. Es que ante la falta de acuerdo, Vidal cerró la negociación por decreto.
La expectativa del gremio con la llegada de Kicillof es conseguir un incremento de urgencia en diciembre para, al menos, compensar el poder adquisitivo perdido hasta ahora. «Hoy, sin contar noviembre ni diciembre, estamos un 23% abajo, a los que hay que sumar los 15 puntos que perdimos en 2018. Sabemos que el deterioro salarial de cuatro años no se va a poder resolver de un día para otro pero al menos queremos acortar la brecha», explicó a Tiempo Pablo Abramovich, secretario general de la asociación.
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