Los datos que derriban mitos sobre las causas por presunta «corrupción»

En el último año los tribunales federales de Comodoro Py 2002 cerraron o terminaron la tramitación de 330 causas de las denominadas “de corrupción”. El dato estadístico surge de una comparativa de la página del Centro de Información Judicial (CIJ), en un apartado denominado “Observatorio”, que durante el gobierno de Cambiemos se llamaba “Observatorio de la Corrupción” y ocupaba un lugar destacado en el sitio web. Hoy está escondido.

Cuando se inició el año judicial 2021 figuraban como terminadas 908 causas; la última medición indica que hoy son 1238. ¿Es producto de una eficiente mejora en el trabajo de los jueces? El dato de las causas activas parece desmentirlo: el 1 de febrero de 2021 había 534 causas en trámite; hoy son 454, es decir 80 menos.

Ello significa que prácticamente no hay nuevos casos de presunta corrupción. Y se cerraron más causas que las que se abrieron. Ello obedece, en parte, a que se cayeron causas absurdas (que algunos llaman lawfare) y a que otras –que involucran a funcionarios del gobierno de Cambiemos y están harto probadas, como el envío de armas a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales– no avanzan o se empantanan.

Los funcionarios judiciales que actuaban como cruzados contra la corrupción parecen haber perdido el entusiasmo. Debe haber sido consecuencia de la pandemia.

Se ha instalado a fuerza de formateo cerebral un silogismo que se revela falso a poco de andar: Cristina Fernández de Kirchner está procesada por delitos de corrupción. El gobierno (al que sigue perteneciendo) cuestiona y quiere reformar el Poder Judicial. Ergo, Cristina Fernández de Kirchner quiere cambiar la Justicia para garantizar su impunidad.

En la Corte Suprema aseguran que antes de que asumiera la presidencia Alberto Fernández un emisario del gobierno por entonces en ciernes hizo llegar un mensaje pidiendo protección judicial para la vicepresidenta y sus hijos.

Pero la Corte no ha debido intervenir en ninguna decisión trascendente respecto de su futuro judicial, que sigue anclado en las arbitrariedades recurrentes de Comodoro Py, en sus distintos pisos y tribunales.

El actual gobierno no ha conseguido ninguna de las reformas en la Justicia que se propuso. Sin embargo, la vicepresidenta ya dejó atrás varias de las causas en las que estaba procesada y con orden de prisión preventiva que no se concretó por sus fueros.

¿Entonces? Si los cambios impulsados son para garantizar la impunidad, ¿por qué se cierran las causas cuando esos cambios no se produjeron?

La respuesta, aún en tono conjetural, podría ser que los cambios no se producen porque los actuales jueces garantizan la impunidad. ¿La de Cristina Fernández de Kirchner? No, la de todos los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, incluido el propio expresidente, que tienen causas por corrupción dormidas por esos mismos jueces y fiscales atornillados y abroquelados contra cualquier intento de reforma judicial.

Días atrás, el fiscal Franco Picardi le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi un informe del Servicio Penitenciario Federal sobre los detenidos del gobierno 2003-2015 que fueron espiados en sus conversaciones con familiares y amigos y con sus propios abogados defensores. La lista asusta: Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Chueco, Víctor Manzanares, Oscar Thomas, Fernando Esteche, José María Olazagasti, Fabián de Sousa, Rafael Llorens, Daniel Pérez Gadín, Carlos Santiago Kirchner, Gerardo Ferreira, Claudio Minnicelli, Atanasio Pérez Osuna, Juan Pablo “Pata” Medina, César Milani, Nelson Lazarte, Omar “Caballo” Suárez,  Rafael Resnik Brenner, Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Carlos Zannini, José Francisco López. Y faltan más nombres. Salvo Bonadio, quien murió, todos los jueces que los encarcelaron continúan en sus cargos.

¿A cuántos funcionarios del gobierno de Cambiemos acusados por corrupción encarcelaron esos mismos jueces desde el 10 de diciembre de 2019 hasta hoy? A ninguno.

Sin embargo, la Fundación Pensar –una de las muchas usinas políticas de Juntos por el Cambio– sostiene que es el actual gobierno el que le ha hecho daño a la Justicia, porque “derogó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, modificó la Ley de Jubilación de Magistrados, realizó fuertes críticas a magistrados acusándolos de haber participado de maniobras de persecución política (lawfare), la Oficina Anticorrupción fue renunciando a las querellas, presentó el proyecto de reforma judicial del fuero penal federal de la Capital, creó un Consejo Consultivo para realizar propuestas de cambios a la Justicia, inició su avanzada contra los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi, solicitó el juicio político contra Eduardo Casal, procurador general de la Nación interino, argumentando que había protegido al fiscal Carlos Stornelli”. Muchas de esas iniciativas son virtuosas. Pero ni siquiera se concretaron.

La Fundación acusó además al gobierno de “detener la implementación del sistema acusatorio”. Esa fue una medida adoptada por decreto en los primeros días de gobierno del expresidente Mauricio Macri.

“La principal consecuencia del conjunto de medidas que adoptó el oficialismo en el ámbito judicial fue el debilitamiento de las instituciones y la división de poderes”, sostiene el viejo documento. La realidad muestra que no es el Ejecutivo el que invade al Poder Judicial sino exactamente al revés.

Días atrás, el ex vicepresidente Amado Boudou fue sobreseído en una causa insólita, en la que había sido condenado en un segundo juicio oral a tres años de prisión en suspenso porque en una transferencia de un vehículo modelo 1992 que había cambiado de titular en 2003 figuraba un domicilio suyo que no era el real.

Desde el 10 de diciembre de 2019 en adelante se cerraron, sobreseyeron o absolvieron causas como Dólar Futuro, Memorándum de Entendimiento con Irán, el Plan Qunita, Hotesur y Los Sauces, Oil Combustibles; en los últimos días también se cerró una parte de la Causa Cuadernos.

Otras causas parecen encaminarse a ese mismo destino, por ejemplo la importación de gas natural licuado (GNL), que el difunto juez Claudio Bonadio mantuvo viva pese a que era (es) un bochorno en el que no faltaron pruebas adulteradas, peritajes copiados de páginas de Internet, sobres anónimos con datos incomprobables y hasta la presencia estelar del falso abogado Marcelo D’Alessio.

Muchas de esas son causas que jamás debieron haber existido.  «